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El Peruano Viernes 8 de noviembre de 2019

PROCESOS CONSTITUCIONALES

respectivo; actividad que desempeñan para afrontar gastos familiares y estudios de sus tres hijos quienes son estudiantes y dependientes de ellos; siendo, que el fallo transgrede desproporcionadamente sus derechos fundamentales como la libertad individual y otros, es por ello que recurren a la justicia constitucional, a fin de que se ampare sus derechos conculcados y se suspenda todo apremio de detención en sus contras.
1.5 En base a lo expuesto, se advierte, que la pretensión del demandante en favor de los beneficiarios es:
a Se declare la nulidad de la sentencia judicial recaída en el expediente N 5504-2017-0-0901-JR-PE-00, que impone 25 meses de pena privativa de libertad efectiva;
b y, se disponga se levanten las ordenes de captura que pesan contra los beneficiarios.
1.6 A efectos de mejor resolver, tratándose de un expediente tramitado en éste Distrito Judicial y la sentencia de fecha próxima pasada, se revisó el Sistema Integrado Judicial, en la que se advierte, que el caso se encuentra en apelación de sentencia, habiendo impugnado tanto los favorecidos como la sentenciada Rosa Amelia Medina de Chávez, cuyas copias han sido obtenidas del SIJ, recursos que han sido ingresados en la misma fecha que la presente demanda, conforme a la copia de lista de actos procesales y escritos ingresados al expediente 5504-2017-0 Juzgado Penal Liquidador - Sede Av. Perú, instancia donde actualmente se encuentra el expediente referido; recaudos acopiados que se tendrán presente al momento de resolver.
II.- NOCIONES PREVIAS
2.1 Debido proceso.- El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece como derecho de todo justiciable
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y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho derecho, a tenor de los que establece nuestra jurisprudencia, admite dos dimensiones:
una formal, procesal o procedimental, y otra de carácter sustantivo o material. En la primera de las mencionadas está concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas las cuales a su vez son derechos parte de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja que garantizan un estándar de participación justa o indebida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier otra índole. En la segunda de sus dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso, respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales. El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de su contenido constitucionalmente protegido, entre ello, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de otras que forman parte del citado contenido, convierte al proceso en irregular, legitimando con ello la necesidad de ejercer labores de control constitucional.
TC Exp.N 00579-2013-PA/TC-Santa 2.2 Tutela Judicial Efectiva.- Tenemos que a este principio lo encontramos en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado: La tutela jurisdiccional efectiva comprende: a.- El derecho de todo ciudadano de acceder a la justicia y ser oído por el órgano jurisdiccional.
b.- El derecho a obtener una resolución de fondo y c.-