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El Peruano Martes 26 de noviembre de 2019

PROCESOS CONSTITUCIONALES

para promover su cumplimiento, pues la entidad demandada tomó conocimiento de su requerimiento y no ha dado respuesta al mismo, así tampoco ha hecho efectivo el pago, habiendo transcurrido en exceso el plazo de diez días establecido en la ley para este fin.
TERCERO: Que, el Tribunal Constitucional en la STC
00168-2005-PC/TC caso Maximiliano Villanueva Valverde, precisó con carácter vinculante, los requisitos mínimos comunes que debe cumplir el mandato contenido en una norma legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento. Así, en los fundamentos jurídicos catorce a dieciséis de la sentencia acotada ha dejado establecido que los requisitos mínimos son los siguientes: a ser un mandato vigente, b ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo, c no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, d ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, e ser incondicional . Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: f reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y g permitir individualizar al beneficiario.
CUARTO: Que, la demandante solicita que se ordene a la entidad demandada la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas acatar lo resuelto en la Resolución Directoral UGEL
Huaylas número 01183-2018 de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, que resolvió otorgarle la suma de sesenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho con 10/100 soles S/. 67,668.10
por concepto de reintegro de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación y la bonificación adicional por desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, de la remuneración total integra, en base a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto en la demanda.
QUINTO: Que, del análisis de los medios probatorios ofrecidos se tiene que, Resolución Directoral UGEL Huaylas número 01183-2018 de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho expedida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas, que en copia certificada corre en la página dos y vuelta, reúne las exigencias mínimas para que el Órgano Jurisdiccional disponga su cumplimiento. Así, el artículo primero de la indicada resolución dispone: DAR CUMPLIMIENTO
a la Resolución Directoral Regional N 3981 de fecha 22 de setiembre del 2017, correspondiente a doña Yrina Noemí ORBEGOSO JARA, Profesora de la Institución Educativa N
86477 Estenio Torres Ramos de Yuracoto-Caraz, sobre reintegro de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación, y la bonificación adicional por desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración total ; y el artículo segundo establece: RECONOCER, a doña Yrina Noemí ORBEGOSO
JARA, con Código Modular N 1032406533, la suma de sesenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho con 10/100 soles S/. 67,668.10 correspondiente de mes de octubre de año 1990 hasta el mes de diciembre del año 2012, por concepto del reintegro de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación y bonificación adicional por el desempeño del cargoy preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, de la remuneración total íntegra, según el Informe N 03062018-ME/DREA/UGELHy-AGA-PLLA.
SEXTO: De lo señalado se puede afirmar que la Resolución Directoral UGEL Huaylas número 01183-2018 de fecha nueve de mayo del dos mil diecinueve, contiene un mandato vigente, al no haberse acreditado que haya sido dejada sin efecto;
infiriéndose de su contenido que el acto administrativo es cierto y claro, pues ordena se pague una cierta cantidad de dinero a la recurrente; y está libre de controversias complejas o interpretaciones dispares; así como que tiene un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento, que debe ser satisfecho tal cual está ordenado, habiéndose individualizado al beneficiario en la persona de la accionante; desprendiéndose de la parte resolutiva, que guarda coherencia con los fundamentos que la sustentan, la obligación contenida es una de carácter laboral debido a la relación existente entre empleado y empleador y su satisfacción no requiere de actuación probatoria.
SÉPTIMO: Que, la resolución cuyo cumplimiento se demanda ha quedado firme, la entidad demandada no ha cuestionado la vigencia del mandato, considera que el cumplimiento de lo establecido en la Resolución Directoral expedida obedece a la aprobación del presupuesto respectivo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, dicho argumento no es razón suficiente para justificar la falta de cumplimiento de lo ordenado en resolución, si se tiene en cuenta además que desde la expedición del acto administrativo materia de demanda con fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, no se ha realizado trámite alguno orientado a efectivizar el pago del adeudo; siendo que la dotación de mayores recursos presupuestarios compete realizar a la entidad y no al beneficiario, lo que no hace más que manifestar
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un aplazamiento innecesario del cumplimiento de la obligación dispuesta por la Administración Pública; y la consignación de fórmulas como las señaladas en el artículo cuarto de la resolución cuyo cumplimiento se demanda2, son contrarias a la Constitución y a los derechos laborales reconocidos por la ley.
OCTAVO: Que, el Tribunal Constitucional3 ha establecido al respecto, que el tipo de condición de disponibilidad financiera y presupuestaria es irrazonable y no puede ser un obstáculo para el cumplimiento de las sentencias; el Juez del proceso no ha dispuesto normativamente el reajuste de bonificación o remuneración alguna; y, menos ha dispuesto la creación de una nueva bonificación, asignación u otro concepto que importe un incremento en los haberes de los trabajadores de algún sector de la administración pública; advirtiéndose, más bien que, únicamente, ha ordenado que la administración ejecute sus propios actos administrativos en ejercicio de las atribuciones que la Constitución le ha conferido y, por ende, la decisión del juzgador no importa una inaplicación de las normas presupuestales y, menos, colisiona con éstas. Y siendo ello así, corresponde exigir a la entidad demandada que realice sin más dilación, las gestiones necesarias para el pago efectivo de los beneficios reconocidos a favor del accionante.
NOVENO: Que, corresponde exigir el pago de costos, en atención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 56
del Código Procesal Constitucional.
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, la suscrita Jueza del Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Huaylas, impartiendo Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: declarando FUNDADA la demanda de cumplimiento formulada por YRINA NOEMÍ
ORBEGOSO JARA con la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash; en consecuencia, ORDENO que la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas CUMPLA
dentro del plazo de DIEZ DÍAS, con ejecutar lo dispuesto en la Resolución Directoral UGEL Huaylas número 01183-2018 de fecha nueve de mayo del dos mil dieciocho, respecto al pago de la suma de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y OCHO CON 10/100 SOLES S/. 67,668.10, por concepto de reintegro de la bonificación del 30% por preparación de clases y evaluación y la bonificación adicional por el desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, de la remuneración total íntegra; bajo apercibimiento de procederse conforme dispone el artículo 22 del Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento; MANDO:
que consentida que sea la presente resolución, se remita copia de la presente sentencia al diario oficial El Peruano para su publicación, conforme a lo señalado por la Cuarta Disposición Final del Código Procesal Constitucional y se proceda a su ejecución; con costos.
LUCY LILIAN LOLI PRUDENCIO
Jueza del Juzgado Civil Transitorio de la Provincia de Huaylas Corte Superior de Justicia de Ancash ECHEVARRIA MEJIA CLAUDIA V.
Especialista Legal Juzgado Civil Transitorio de Caraz Corte Superior de Justicia de Ancash
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Expediente número 05296-2007-PA/TC, fundamento 7.
RESERVESE la ejecución del pago otorgado en el artículo segundo, hasta la disponibilidad presupuestal que otorgue el Ministerio de Economía y Finanzas.
Expediente N 03919-2010-PC/TC, último fundamento.

W-1825389-1

PROCESO DE CUMPLIMIENTO
JUZGADO MIXTO DE SUCRE
EXPEDIENTE Nº: 004-2019.
SECRETARIO
: BRÍGIDA YOLANDA
MENDOZA VALDEZ.
DEMANDANTE
: MARGARITA BENDEZU
GAMBOA.
DEMANDADO
: UGEL SUCRE.
Resolución N 05
Sucre, catorce de marzo Del año del dos mil diecinueve.-