Boletín Oficial de Cantabria del 23/11/2023 - Extraordinario
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Fuente: Boletín Oficial de Cantabria - Extraordinario
JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 82
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
CVE-2023-10157
Orden ISO/24/2023, de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden EPS/36/2022, de 22 de diciembre, por la que se regulan los requisitos materiales, funcionales y de acreditación de la calidad de los centros de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia y de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.
Los capítulos II y III de la Orden EPS/36/2022 regulan los requisitos materiales específicos de los centros de menores, mientras que el capítulo IV recoge los requisitos funcionales. La aplicación efectiva de los referidos capítulos se difiere en las Disposiciones Transitoritas primera y segunda a un momento posterior a la entrada en vigor de la Orden, que tuvo lugar al día siguiente de su publicación, esto es, el día 31 de diciembre de 2022, conforme la disposición final única; estableciéndose así un periodo transitorio para la adaptación de los Centros autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de la orden a los requisitos materiales y funcionales.
En particular, el periodo transitorio de adaptación a los requisitos materiales que se prevé en la Disposición Transitoria primera difiere la obligación de adaptación un año, mientras que la Disposición Transitoria segunda retrasa la obligación de adaptación a los requisitos funcionales 6 meses; en ambos casos el plazo se computa desde la notificación de la resolución de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia por la que se determina la modalidad de atención de cada centro de atención a la infancia y adolescencia inscrito en el Registro de Servicios Sociales conforme a lo previsto en la Disposición Adicional segunda de la Orden, manteniéndose durante el periodo transitorio la vigencia de los requisitos funcionales exigidos en la Orden EMP/22/2009, de 2 de febrero.
Encontrándose próximo el vencimiento del plazo transitorio para el cumplimiento de los requisitos, y en algunos casos siendo inminente, ninguno de los Centros acreditados de atención a la infancia y adolescencia ha podido llevar a cabo la completa adaptación a los requisitos materiales y funcionales. Por lo que la totalidad de los Centros de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia, y de los centros de cumplimiento de medidas judiciales no se encuentran en disposición de cumplir los requisitos establecidos en la Orden en el momento actual. A mayor abundamiento, los conciertos sociales suscritos con las citadas entidades, o en su caso contratos administrativos, se han celebrado teniendo en cuenta los requisitos previstos en la normativa anterior, la Orden EMP/22/2009, de 2 de febrero, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo la adaptación o revisión de los mismos.
Dicha circunstancia ha sido puesta de manifestó por la asociación que representa de forma mayoritaria a las asociaciones y fundaciones del sector que desarrollan su tarea en la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de protección de menores; y en la que participan de forma mayoritaria las entidades concertadas para la prestación del servicio de acogimiento residencial y de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento de menores infractores.
Llegando a manifestar alguna de ellas, incluso su voluntad de resolver la relación jurídica que la vincula con la Administración.
Ante esta situación, se estima que la finalización del plazo de adaptación a los requisitos funcionales y materiales de los Centros previstos en los capítulos II, III y IV, que determina
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Esta situación implica un grave riesgo para la continuidad en la prestación de la cartera de servicios prevista en la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Garantía de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia, tanto de los servicios dirigidos a atender las situaciones de desprotección grave: servicio de acogimiento residencial, como los servicios dirigidos a atender a los menores infractores.
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