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MIÉRCOLES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 80

7.OTROS ANUNCIOS
7.5.VARIOS
INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES
CVE-2023-9921

Resolución de adopción de una medida provisional en relación con las solicitudes de renovación de títulos de familia numerosa y de las correspondientes tarjetas acreditativas presentadas desde el día 8 de agosto de 2023.

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales tiene atribuidas las competencias en materia de expedición de Títulos de Familia Numerosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de noviembre de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
Los artículos 6 y 7 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y 3 y 4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, regulan los supuestos en que procede la renovación y modificación del título de familia numerosa, así como la fecha de efectos. Por otro lado, la Orden SAN 12/2005, de 16
de febrero, por la que se crea la tarjeta acreditativa del título de familia numerosa, modificada por la Orden EMP 52/2010, de 15 de junio, delimita el formato de dicho documento, esto es, de la tarjeta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria acredita el título de familia numerosa, y en la referida tarjeta ha de constar su fecha de validez Desde el 8 de agosto de 2023, en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales se ha producido la acumulación excepcional de un número elevado de solicitudes de renovación de los correspondientes títulos y tarjetas acreditativas que se encuentran pendientes de resolver de manera expresa y cuya tramitación puede demorarse temporalmente a pesar de las medidas adoptadas desde el citado Instituto para afrontar esta situación.

El artículo 56 de la Ley 39/2015, establece que, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, con los límites que dicho artículo contempla. En este sentido, señala el referido precepto, en su apartado 5 que las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción y que, en todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

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CVE-2023-9921

Sin embargo, esa falta de resolución expresa puede generar para los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación, aun cuando las resoluciones de renovación que en su día dicte la Administración retrotraigan sus efectos a la fecha en que se presentó la solicitud correspondiente, por cuanto, en caso de que el título caduque durante ese periodo, se habrán visto privados de la posibilidad de acreditar su condición de familia numerosa y, en consecuencia, de acceder a los beneficios que ello comporta, con el consiguiente perjuicio, además, para los menores de edad integrados en dichas familias, cuyo interés superior es obligación ineludible garantizar por parte de las Administraciones Públicas. En definitiva, en estas condiciones de acumulación excepcional de tareas que puede generar retraso en la resolución expresa de las solicitudes referidas, la resolución que en el futuro recaiga puede ver mermada su eficacia en perjuicio de los interesados.

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