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Miércoles 8 de marzo de 2023

Periódico Oficial del Estado de Puebla
Tercera Sección
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desamparado y tampoco tiene el carácter de derecho o interés preponderante, pues está subordinado a que dicha convivencia procure el interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida tan grave como la privación de la patria potestad, debe comprobarse de forma plena que ha ocurrido un efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; establecer el alcance y gravedad de los incumplimientos imputados y las circunstancias concurrentes para poder atribuir las consecuencias negativas de las acciones y omisiones denunciadas.
No obstante, debemos recordar que el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia, por lo que la misma, está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno y materno-filiales.
En efecto, las autoridades jurisdiccionales al momento de decidir sobre la pérdida de la patria potestad, deben partir de las circunstancias particulares del caso concreto a fin de realizar un juicio de ponderación entre los derechos del menor a un desarrollo y bienestar íntegro y el derecho del progenitor a ejercer la institución de la patria potestad, a fin de buscar la solución más idónea a cada caso en particular; no obstante ello, en casos como el que nos ocupa, donde el padre de las niñas, niños y adolescentes fue capaz de privar de la vida a la progenitora de aquéllos, actualizándose el tipo penal de feminicidio, resulta plenamente justificado que en la totalidad de los casos, el feminicida, pierda el derecho de la patria potestad sobre ellos, pues con tal medida se está garantizando justamente el interés superior del menor.
Y es que, una de las consecuencias más lamentables es la afectación que recienten las víctimas indirectas de este delito, en particular las niñas, niños y adolescentes cuya madre fue ultimada, quedando en situación de orfandad.
El evento traumático al que son sometidos ante la pérdida de su madre, es acompañado por una incertidumbre jurídica que los revictimiza, al colocarlos en una especial condición de vulnerabilidad.
Y es bajo esta lógica, que la pérdida de la patria potestad del padre feminicida, es constitucionalmente válida al ser acorde con el interés superior de la infancia, pues tal medida obedecerá precisamente a resguardar el bienestar y desarrollo de los menores de edad sujetos a ella.
Debe decirse, que el Instituto Nacional de las Mujeres elaboró una propuesta legislativa a adoptarse en las legislaturas locales a parir de la necesidad de consagrar en la norma penal el contexto social antes aludido, así como: a las recomendaciones nacionales e internacionales emitidas en la materia; b los aciertos de las legislaciones locales; c las características comunes identificadas en las conductas feminicidas, y d los reclamos de la sociedad civil.
Lo anterior, con la finalidad de eliminar las barreras normativas que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral, así como propiciar que las muertes violentas de mujeres en México sean investigadas con perspectiva de género, a partir de elementos comunes que brinden certeza jurídica a las víctimas y sus familiares y posibiliten identificar similitudes respecto a la incidencia de esta conducta delictiva.
Y es aquí, donde cobra relevancia lo establecido en los numerales c y e del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, ya que en él, los Estados parte se comprometieron a incluir en su legislación interna civil, penal y administrativa los aspectos que resulten necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las