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Victoria, Tam., miércoles 30 de noviembre de 2022

Periódico Oficial
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Resolución del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sobre nulidad de Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, otorgada al licenciado .
RESULTANDO
PRIMERO. OTORGAMIENTO DE PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO.
Mediante Acuerdo Gubernamental emitido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el siete de septiembre de dos mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte del mismo mes y año, se expidió a favor del licenciado , PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO
PÚBLICO.
SEGUNDO. DICTAMEN DE LA DIRECTORA DE ASUNTOS NOTARIALES DEPENDIENTE DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE LEGALIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE LEGALIDAD Y SERVICIOS
GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.
Mediante dictamen de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Notariales de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Licenciada Guillermina Reynoso Ochoa, hizo del conocimiento del suscrito Gobernador Constitucional, las irregularidades en el otorgamiento de Patentes de Aspirantes al cargo de Notario Público del Estado de Tamaulipas, otorgados en los meses de agosto y septiembre del año en curso, las cuales se advierten de los expedientes administrativos correspondientes, dictamen cuya literalidad es:
Que en ejercicio de mis facultades realicé una inspección a los expedientes integrados con motivo del otorgamiento de Patentes de Aspirante al cargo de Notario Público, en particular al expediente de , a quien, por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, se le otorgó Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, advirtiendo las siguientes irregularidades:
El expediente revisado carece de:
I. Constancia de no inhabilitación;
II. Solicitud ante el Ejecutivo del Estado del examen correspondiente;
III. Comprobante de pago de derechos correspondientes;
IV. Actas de examen;
V. Documental que demuestre que se diera cumplimiento a la integración de jurados para la aplicación de exámenes correspondientes; y VI. Documental que demuestre que se efectuaron los exámenes a los solicitantes.
En ese tenor y vistas las constancias que integran el expediente aludido, hago de su conocimiento que resulta PROCEDENTE LA ANULACIÓN DE LA PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO
PÚBLICO DE
, como lo dispone el segundo punto del artículo 13 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, tomando en cuenta que ninguno de los requisitos que se fijan en el artículo 12 es dispensable y la que se otorgue en contravención a dicha disposición es nula y no producirá efecto legal alguno; esto es así porque, como ya se dijo, se encuentran ostensiblemente incumplidos diversos requisitos señalados en la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, según lo descrito líneas arriba, lo que atenta contra el orden público e interés social, toda vez que al no cumplirse con los lineamientos previstos en la ley, no existe la certeza de que la persona beneficiada con la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, ejerza sus atribuciones en estricto apego a los principios de legalidad, rogación, honradez, probidad, imparcialidad, autonomía, profesionalismo, diligencia, eficacia y eficiencia, en que se fundamenta la institución del Notariado en el Estado, de conformidad con lo previsto por la ley y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, considero que con estos hechos deberá darse vista a la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, por las irregularidades administrativas y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ante la posible configuración de conductas delictivas previstas en los artículos 216, 222, 226, 228 y 232 fracción VI, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que contemplan los delitos de cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y delitos cometidos en el ejercicio de funciones judiciales o administrativas