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OFICIAL
BOLETIN

Neuquén, 28 de Agosto de 2020

Artículo 5: Exhortar a todos los afiliados y deudores que se encuentren en condiciones de hacerlo, a mantener el cronograma ordinario para el pago de los aportes y convenios vigentes.
Artículo 6: Regístrese, publíquese y Archívese.
Fdo. Patricia D. Dasso, Secretaria; Lic. Daniel Del Collado, Presidente.
RESOLUCIÓN Nº R29/20
Del Directorio de la Caja Previsional para Profesionales de la Provincia del Neuquén, 14 de agosto de 2020.
VISTO:
Decretos Nros. 266/2020; 297/2020 y concordantes del Poder Ejecutivo Nacional, los Decretos Nros.
0366/20; 0390/20 y concordantes del Sr. Gobernador de la Provincia de Neuquén, las Leyes Nros. 3230, 2045 y 2223;
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la emergencia pública en materia sanitaria derivada de la pandemia del virus coronavirus Covid-19, las autoridades nacional y provincial han adoptado, entre otras, medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que se han extendido por más de tres meses, continuándose luego con prácticas de distanciamiento y reducción de actividades que han afectado severamente la matriz económica y productiva del país;
Que habiendo transcurrido casi cinco meses desde las primeras medidas de aislamiento, la persistencia de las dificultades ha terminado por configurar un escenario de reducción de ingresos de gran parte del universo de afiliados cuyo impacto se mantendrá en lo venidero, afectando emolumentos actuales y futuros;
Que en ese orden, uno de los sectores más vulnerables frente a tales circunstancias ha sido y es, sin dudas, el de los jóvenes profesionales, quienes han visto seriamente comprometida su inserción laboral a punto de partida de la desaceleración de la actividad económica;
Que esa afectación particularizada motiva la necesidad de adoptar medidas específicas en relación a dicho colectivo;
Que en efecto, el reconocimiento de la especial situación de los jóvenes afiliados se traduce en el establecimiento de criterios de tutela diferenciados, que atiendan a las circunstancias particulares que caracterizan el inicio de la actividad profesional;
Que tales consideraciones obedecen a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales en juego, así como dar cumplimiento al mandato establecido en el art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, que obliga a la implementación de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos;
Que en efecto, si no se tomara en cuenta la situación de los jóvenes profesionales, la eficacia de esas directivas constitucionales se vería comprometida. Son, así, las especiales circunstancias de vulnerabilidad de quien no cuenta con un esquema de ingresos y capital para sustentar la coyuntura las que justifican otorgar un trato acorde a las mismas;
Que las medidas de acción positiva pretenden revertir los déficits que una visión meramente formal de la igualdad, conjugada con la presencia histórica de grupos menos aventajados o directamente menoscabados, produce de cara a garantizar el pleno disfrute de los derechos sin discriminación alguna, sea de jure o de facto, sea por acción u omisión. Subyace en este tipo de medidas el reconocimiento de que el Estado no actuaría de un modo debidamente neutral frente a todos si permitiera que el goce de los derechos dependa de la pertenencia o no a un grupo previamente perjudicado por acciones u omisiones estatales;
Que en similar temperamento, los tratados de derechos humanos incorporados a nuestro ordenamiento fundamental mediante el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reconocen, con diferentes