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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 25

1. DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
INTERVENCIÓN GENERAL
CVE-2020-2641

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dentro de las medidas adoptadas para la contención de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público se encuentra la de limitar a lo imprescindible las prestaciones de servicios presenciales, optando siempre que resulte posible por la modalidad de trabajo no presencial.
De conformidad con el apartado tercero 3 del Decreto 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del Gobierno de Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte de los empleados públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación el 14 de marzo de 2020 y de acuerdo con el apartado cuarto de la Resolución de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de 13 de marzo de 2020, "siempre que sea posible y en función de las necesidades del servicio, se minimizarán los tiempos de presencia efectiva en el lugar de trabajo aplicando fórmulas de flexibilidad, conciliación y protección de colectivos con especial sensibilidad", ponderando la protección de la salud de empleados públicos con los servicios que es imprescindible seguir prestando a la ciudadanía, de forma proporcional al riesgo existente y procurando en todo caso priorizar la salvaguarda de la salud. Estas medidas se adoptan en la misma línea mantenida por la Administración General del Estado y otras Administraciones Públicas, pretendiendo de esta forma contribuir a una acción global en el conjunto del territorio nacional, que aconseja en la medida de lo posible evitar las reuniones de trabajo, especialmente aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad, debiéndose fomentar el teletrabajo y el uso de la videoconferencia.

En este mismo contexto, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha establecido un conjunto de medidas orientadas a asegurar las recomendaciones de aislamiento social previstas, así como el aseguramiento de una adecuada prestación de los servicios básicos esenciales. Entre ellas, limitaciones a la libertad de circulación de personas. Todo ello lleva a la necesidad de contemplar medidas excepcionales, tal y como se está haciendo en otros ámbitos, también en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria y, de modo particular, en la modalidad de control correspondiente a la función interventora en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión.
En desarrollo de lo previsto en el artículo 140.3.b de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, el artículo 41 de la Ley 4/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2020, regula "la comprobación del cumplimiento de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados",
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boc.cantabria.es
CVE-2020-2641

Con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación excepcional, resulta procedente adecuar al máximo los procedimientos de control de manera que, sin dejar de garantizar los objetivos que este persigue, se interfiera mínimamente en la gestión ordinaria sometida ya a importantes tensiones por la excepcionalidad de la situación.

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