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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 695/1985, INTERPUESTO POR DON LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID, EN SU PROPIO NOMBRE Y COMO COMISIONADO POR OTROS CINCUENTA Y NUEVE SENADORES, Y EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS.

889 Y 1.960/1988, ACUMULADAS AL MISMO Y PROMOVIDAS, RESPECTIVAMENTE, POR LA SALA PRIMERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALENCIA Y POR LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO, FRENTE A DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL, DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. HAN COMPARECIDO EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON JESUS LEGUINA VILLA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1.

POR ESCRITO PRESENTADO EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL EL 19 DE JULIO DE 1985, DON LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID, EN SU PROPIO NOMBRE Y COMO COMISIONADO POR OTROS CINCUENTA Y NUEVE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, INTERPONE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 1, 4 Y 5 DE LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL, DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, PUBLICADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> EL 27 DE ABRIL DE 1985.

2. EL RECURSO SE FUNDAMENTA EN LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) DEBEN ESTIMARSE INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 1 Y 4 DE LA INDICADA LEY 10/1985 POR LOS QUE SE DA UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 38.1 Y 77.1 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA (LGT). EN ESTOS PRECEPTOS SE ESTABLECE QUE: <RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS TODAS LAS PERSONAS QUE SEAN CAUSANTES O COLABOREN EN LA REALIZACION DE UNA INFRACCION TRIBUTARIA> (ART. 38.1) Y <SON INFRACCIONES TRIBUTARIAS LAS ACCIONES Y OMISIONES TIPIFICADAS Y SANCIONADAS EN LAS LEYES. LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS SON SANCIONABLES INCLUSO A TITULO DE SIMPLE NEGLIGENCIA> (ART. 77.1). EL NUEVO ART. 77.1 DEFINE DE UNA FORMA OBJETIVA LA INFRACCION TRIBUTARIA, HACIENDO DESAPARECER CUALQUIER EXIGENCIA DE VOLUNTARIEDAD O INTENCIONALIDAD Y OTRO TANTO CABE DECIR DEL ACTUAL ART.

38.1 DEL QUE DESAPARECE TODA REFERENCIA A LAS PERSONAS QUE <DOLOSAMENTE> SEAN CAUSANTES DE LAS INFRACCIONES, TAL Y COMO ANTES SE DECIA EN ESTE MISMO PRECEPTO. LA CONJUNCION DE AMBOS ARTICULOS SUPONE LA PELIGROSA ASUNCION DE UN REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

EN EL ANTIGUO ART.

77.1 DE LA LGT SE DECIA QUE SON INFRACCIONES TRIBUTARIAS LAS ACCIONES U OMISIONES <VOLUNTARIAS Y ANTIJURIDICAS> TIPIFICADAS EN LAS LEYES; CON LO QUE NO SE HACIA SINO SEGUIR EL CAMINO DEL ANTIGUO ART. 1 DEL CODIGO PENAL, DONDE SE AFIRMABA QUE SON DELITOS O FALTAS LAS ACCIONES Y OMISIONES <VOLUNTARIAS> PENADAS POR LA LEY. LA RAZON DE SER DE AQUELLA DEFINICION SE ENCONTRABA EN LA RAZONABLE CONVICCION DE QUE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS CONFIGURAN UNA MATERIA EMINENTEMENTE PENAL, PUES CON LA SANCION AQUI NO SE PERSIGUE RECAUDAR EL TRIBUTO, SINO EXIGIR UN <PLUS>, A QUIEN NO HA PAGADO DEBIDAMENTE, ESTO ES, SANCIONAR UNA CONDUCTA ANTIJURIDICA Y BUSCANDO CON ELLO UNA DOBLE FINALIDAD: DISUASORIA O INTIMIDATORIA DEL INFRACTOR Y, A LA PAR, EJEMPLIFICADORA PARA TERCEROS. LA SUPRESION DEL REQUISITO CONSISTENTE EN LA VOLUNTAD DE CONSEGUIR UN RESULTADO INJUSTO POSEE UNA INDUDABLE TRANSCENDENCIA Y SOLO SE CAE EN LA CUENTA DE LA MAGNITUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 77. 1 CUANDO SE ADVIERTE QUE UNICAMENTE EXISTEN DOS CORRECCIONES A ESTE INTENTO DE OBJETIVAR AL MAXIMO LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS: LO DISPUESTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ART. 77 SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD, Y LA REGULACION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA QUE SE HACE EN LA LEY ORGANICA 2/1985, DE 29 DE ABRIL.

POR LO DEMAS, NI TAN SIQUIERA SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CORRECCION COMO ES EL ERROR DE DERECHO, DE INNEGABLE OPORTUNIDAD, HABIDA CUENTA DE LA ENORME COMPLEJIDAD TECNICA QUE POSEE LA NORMATIVA TRIBUTARIA. ESTA INSEGURIDAD JURIDICA SE VE ACRECENTADA POR EL HECHO DE QUE EN LA NUEVA REDACCION DEL ART. 107, DADA POR LA LEY 10/1985, SE SUPRIME EL CARACTER VINCULANTE DE LAS CONSULTAS A LA ADMINISTRACION, LO QUE CONTRIBUIRA A EMANAR OPINIONES NO VINCULADAS POR LA LEGALIDAD, SINO POR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS PUBLICOS. EN VIRTUD DE ESTE PANORAMA, RESTA UN CONTRIBUYENTE PERDIDO EN LA MARAÑA DE NORMAS TRIBUTARIAS Y MUY PROPICIO A CAER, <INCLUSO A TITULO DE SIMPLE NEGLIGENCIA>, EN UNA INFRACCION.

EN SUMA, DEBE CONCLUIRSE QUE LA SANCION TRIBUTARIA PARTICIPA DE LA MISMA NATURALEZA QUE LAS PENAS CONTENIDAS EN EL CODIGO PENAL. SIN EMBARGO, TRAS LA REFORMA OPERADA SE SUPRIME LA EXIGENCIA DE <VOLUNTARIEDAD> Y SE AÑADE QUE SERAN SANCIONADAS LAS INFRACCIONES <INCLUSO A TITULO DE SIMPLE NEGLIGENCIA>, MODIFICACIONES QUE SUPONEN UN INADMISIBLE <GIRO COPERNICANO> EN LA MATERIA. POR EL CONTRARIO, UNA VEZ SENTADO QUE LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL ORDEN PENAL RESULTAN DE APLICACION CON MATICES AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, POR SER AMBOS MANIFESTACION DEL DERECHO PUNITIVO DEL ESTADO (COMO SE REFLEJA EN EL ART.

25.1 DE LA CONSTITUCION Y EN UNA REITERADA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL), DEBE MANTENERSE QUE LOS CITADOS ARTS.

38.1 Y 77.1 SON INCONSTITUCIONALES, PUES LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL ES SIEMPRE DIRECTA Y PERSONAL Y REQUIERE DE CULPABILIDAD (BIEN POR DOLO O POR CULPA), Y FRENTE A ESTO SE ESTABLECE AHORA EN UN SISTEMA ABSOLUTAMENTE OBJETIVO DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS. ESTE RESULTADO ESTA EN CONTRADICCION CON LA SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION) Y CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL (ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION).

B) TAMBIEN HA DE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTS. 80.4; 81.1, LETRA A), Y 86 DE LA LGT. EN EL ART. 80, SUSTANCIALMENTE, SE PRESCRIBE QUE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS SE SANCIONARAN SEGUN LOS CASOS MEDIANTE MULTA, PERDIDA DE LA POSIBILIDAD DE OBTENER SUBVENCIONES PUBLICAS O CREDITO OFICIAL, PROHIBICION DE CELEBRAR CONTRATOS CON EL ESTADO, ETC.; Y, A LOS EFECTOS QUE AQUI INTERESAN, EN EL APARTADO 4.

, SE PREVE COMO SANCION LA SUSPENSION POR PLAZO DE HASTA UN AÑO DEL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES, EMPLEO O CARGO PUBLICO. DE FORMA COMPLEMENTARIA, EL ART. 81.1, LETRA A), OTORGA AL GOBIERNO LA FACULTAD DE ACORDAR ESTA ULTIMA SANCION Y EL ART. 86 REGULA EL PLAZO DE DURACION DE LA SANCION DE SUSPENSION MENCIONADA EN FUNCION DE LA CUANTIA DE LA MULTA.

ES ESTA UNA RADICAL INNOVACION RESPECTO DE LO ANTES REGULADO EN LA SECCION SEGUNDA, CAPITULO SEXTO, TITULO II DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA QUE NO PUEDE RESULTAR DE RECIBO POR SU CARACTER CLARAMENTE DISCRIMINATORIO (ART.

14 DE LA CONSTITUCION) PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.

EN EFECTO, LA NUEVA NORMATIVA SE TRADUCE EN TRES MOTIVOS DE DISCRIMINACION INTIMAMENTE UNIDOS:

LAS PERSONAS QUE EJERZAN LO QUE LA LEY LLAMA <PROFESIONES OFICIALES> SUFRIRAN UNA DOBLE SANCION: POR UN LADO, LAS MULTAS Y DEMAS SANCIONES COMUNES A TODO TIPO DE PERSONAS Y, POR OTRO, LA PRIVACION DE SU MEDIO DE VIDA MEDIANTE LA SUSPENSION; SE TRANSFORMA DE ESTE MODO EN UNA SANCION ADMINISTRATIVA LO QUE HABITUALMENTE ES OBJETO DE UNA CONDENA PENAL (ART. 29 DEL CODIGO PENAL), SUSTRAYENDO LA PENA A LOS LEGITIMAMENTE AUTORIZADOS PARA IMPONERLA, LOS TRIBUNALES, Y EN ABIERTA CONTRADICCION CON LO DISPUESTO EN EL CODIGO PENAL; POR ULTIMO, EL JUEGO CONJUNTO DE LOS ARTS. 80 Y 86 PUEDE LLEVAR AL CASO DE QUE UN MISMO SUJETO SEA SANCIONADO CON UNA MULTA Y CON UNA SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO QUE, A SU VEZ, LLEVE APAREJADA OTRA MULTA. EN ESTE SENTIDO, EL TRIBUNAL SUPREMO SOSTIENE LA IMPOSIBILIDAD DE QUE UNA MISMA PENA TENGA CARACTER PRINCIPAL Y ACCESORIO, PUES ELLO VIENE PROHIBIDO POR EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM O DE PROSCRIPCION DE LA DOBLE SANCION; Y, DE NUEVO, SE HACE EVIDENTE LA CONTRADICCION FLAGRANTE EN ESTE PUNTO CON LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN NUESTRO SISTEMA PENAL.

RESULTA TAMBIEN TRANSGREDIDO EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION, EN SUS VERTIENTES DE PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y JERARQUIA NORMATIVA, PORQUE EL CITADO ART. 86 TRAE ORIGEN EN EL ART. 85 QUE ARRANCA DE LO DISPUESTO EN EL ART. 78, DONDE SE PRESCRIBE QUE CONSTITUYEN INFRACCIONES LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES O DEBERES TRIBUTARIOS EXIGIDOS A CUALQUIER PERSONA Y SE PERMITE QUE <DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS POR LA LEY, LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE LOS TRIBUTOS PODRAN ESPECIFICAR SUPUESTOS DE INFRACCIONES SIMPLES>; EN CONSECUENCIA, PUEDEN ESTABLECERSE SANCIONES POR VIA REGLAMENTARIA LO CUAL REPUGNA A LOS PRINCIPIOS ANTES INDICADOS.

ESTA SITUACION DE DISCRIMINACION, POR RAZON DEL EJERCICIO DE UNA <PROFESION PUBLICA> (EN EL SENTIDO INDICADO EN EL PARRAFO 2. DEL ART. 80.4), TRANSGREDE EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, PORQUE NO PUEDE CONSIDERARSE QUE TENGA UNA DIFERENCIACION OBJETIVA Y RAZONABLE; LO QUE, EN TODO CASO, SOLO OCURRIRIA SI ESTAS PERSONAS SE HUBIERAN PREVALECIDO DE SU PROFESION PUBLICA PARA COMETER LA INFRACCION SANCIONADA.

A MAYOR ABUNDAMIENTO, LA ACTUAL REGULACION SE CONTRADICE CON LO DISPUESTO PARA JUECES Y MAGISTRADOS EN LOS ARTS. 359.2, 361 Y 383 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. Y, PASA POR ENCIMA DEL HABITUAL REGIMEN DISCIPLINARIO REGULADO EN EL ART. 31 DE LA LEY DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA Y POR OTRAS NORMAS LEGALES.

SE VULNERA TAMBIEN EL DERECHO AL TRABAJO RECONOCIDO EN EL ART. 35.1 DE LA CONSTITUCION QUE ES, OBVIAMENTE, TAMBIEN UN DERECHO A LA CONTINUIDAD O ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE NO EXISTIR UNA CAUSA JUSTA DE LA PERDIDA DEL MISMO.

C) ASIMISMO, ES INCONSTITUCIONAL EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985 EN LA NUEVA REDACCION QUE OTORGA AL ART. 82, LETRA B), DE LA LGT. CONFORME A ESTE PRECEPTO, LAS SANCIONES TRIBUTARIAS SE GRADUARAN ATENDIENDO, EN CADA CASO CONCRETO, A DISTINTOS CRITERIOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA <CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR>. CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA, EL ENTONCES ART. 84 DE LA LGT UNICAMENTE ESTABLECIA ESTOS CRITERIOS: LA CUANTIA DE LA CUOTA, LA REPETICION DEL HECHO CONSTITUTIVO DE INFRACCION Y LA BUENA O MALA FE DEL SUJETO PASIVO; EN DEFINITIVA, DE NUEVO SE PRODUCIA UNA COINCIDENCIA ENTRE DERECHO PENAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LA VIEJA NORMATIVA, COINCIDENCIA QUE AHORA DESAPARECE.

EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION, CIERTAMENTE, RECOGE COMO PRINCIPIOS BASICOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOS DE IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD, Y ESTE ULTIMO PRINCIPIO DEBE SER PUESTO EN CONEXION CON LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL CONTRIBUYENTE COMO FACTOR DETERMINANTE DE SU MAYOR O MENOR ESFUERZO FISCAL. SIN EMBARGO, ESTE CRITERIO SOLO PUEDE OPERAR EN LA FASE DE ESTABLECIMIENTO, DEVENGO Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, PERO NO EN LA DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, DONDE SE CONFIGURA UNA RELACION JURIDICA NUEVA Y MUY DIVERSA Y EN LA QUE NO EXISTE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE AUTORICE LA QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN ARAS DE LA PROGRESIVIDAD Y A LA HORA DE LA IMPOSICION DE SANCIONES. DE ADMITIRSE ESTE DOBLE MOMENTO EN LA FUERZA DE OBRAR DEL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA, ACABARIA POR VULNERARSE EL MANDATO QUE EL CITADO ART. 31.1 ESTABLECE, AL PROHIBIR QUE EL SISTEMA TRIBUTARIO TENGA CARACTER CONFISCATORIO. Y, EN TODO CASO, TAL DUPLICIDAD REDUNDA EN UN FACTOR DE TRATO DESIGUAL DESPROVISTO DE UNA JUSTIFICACION RAZONABLE Y, EN CONSECUENCIA, LESIVO DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, PUESTO QUE LA CAPACIDAD ECONOMICA ES UNA <CIRCUNSTANCIA PERSONAL> Y ESTE CRITERIO SE ENCUENTRA ENTRE LAS DIFERENCIAS SOSPECHOSAS DE DISCRIMINACION QUE VIENEN VEDADAS EN DICHO ARTICULO. A MODO DE CONCLUSION, EL NUEVO ART. 82, LETRA B), DE LA LGT, VULNERA LOS ARTS. 14 Y 31.1 DE LA CONSTITUCION, POR EXTENDER EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD FUERA DE LA ESFERA QUE LA CONSTITUCION LE OTORGA Y, POR ELLO, QUEBRAR LA IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS ANTE LA LEY.

JUNTO A ESTA LESION DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD (ART. 14) SE PRODUCE UNA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION), PORQUE NO SE PREVE CUALES DEBEN SER LOS CRITERIOS DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD ECONOMICA, QUE ES EN SI MISMA UN CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO DE MUY DIFICIL PRECISION. ASI, Y EN CUANTO HIPOTESIS DE RAZONAMIENTO, CABE UTILIZAR COMO CRITERIOS: LA RENTA ANUAL DEL SUJETO PASIVO, SU RENTA POTENCIAL, SU PATRIMONIO, SUS EXPECTATIVAS HEREDITARIAS, ETC.; O CABE ESTABLECERLO DE UNA VEZ POR TODAS O EN CADA OCASION.

D) LA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD SE EXTIENDE IGUALMENTE AL ART. 4 DE LA LEY 10/1985, EN LA PARTE EN QUE OTORGA UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 82, LETRA H), Y 89, APARTADO 2. EL ART. 82 ESTABLECE QUE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS SE GRADUARAN, ATENDIENDO, EN CADA CASO CONCRETO, A DISTINTOS CRITERIOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA: <LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO, DEL RETENEDOR O DEL RESPONSABLE A LA PROPUESTA DE LIQUIDACION QUE SE FORMULE> (LETRA H)); Y EN EL ART.

89.2 SE PRESCRIBE QUE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS SOLO PODRAN SER CONDONADAS EN FORMA DISCRECIONAL POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, PREVIA SOLICITUD DE LOS SUJETOS INFRACTORES O DE LOS RESPONSABLES, Y TRAS HABER RENUNCIADO EXPRESAMENTE <AL EJERCICIO DE TODA ACCION DE IMPUGNACION> DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

LA POSIBILIDAD DE LA <CONDONACION GRACIABLE> YA SE ENCONTRABA EN EL ANTIGUO ARTICULO 89 DE LA LGT, PERO NADA SE DECIA SOBRE LA CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION DEL SUJETO PASIVO COMO MODULO A EMPLEAR PARA GRADUAR LAS SANCIONES, Y REPUGNA TANTO A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL COMO A LOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR LA ACEPTACION DE ESTE TIPO DE <NEGOCIACION> ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL SANCIONADO, PORQUE CON EL <SEÑUELO DE CONSEGUIR LA BENEVOLENCIA DE LA ADMINISTRACION> SE HACE QUE EL CONTRIBUYENTE RENUNCIE A SU DERECHO A RECURRIR LAS SANCIONES QUE SE LE IMPONGAN, OCASIONANDOLE UNA INCONSTITUCIONAL SITUACION MATERIAL DE INDEFENSION. TODO ELLO LESIONA EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, QUE CONTEMPLA ENTRE SUS MANIFESTACIONES UN DERECHO DE ACCESO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, DERECHO REAFIRMADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 106.1 DE LA CONSTITUCION, QUE ATRIBUYE A LOS TRIBUNALES EL CONTROL DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA Y DE LA LEGALIDAD DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. DE FORMA COMPLEMENTARIA, EL ART. 11.1 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL IMPIDE QUE SURTAN EFECTO LAS PRUEBAS OBTENIDAS VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES. COMO CONSECUENCIA DE CUANTO ANTECEDE, LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA NO PODRIA ESGRIMIR COMO EXCEPCION EN UN RECURSO LA RENUNCIA OPERADA EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ART. 89 NI PODRIA TENER EFECTOS PROBATORIOS LA CONFORMIDAD DEL SUJETO EX ART. 82, LETRA H), Y ESTOS MISMOS ARGUMENTOS ACABAN POR HACER EVIDENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE DE ESOS PRECEPTOS SE PREDICA.

E) LA MODIFICACION DE LOS ART. 140 Y 145 DE LA LGT QUE OPERA EL ART. 5 DE LA LEY 10/1985 ES TAMBIEN INCONSTITUCIONAL. EL CITADO ART. 140 INTRODUCE UNA INNOVACION EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO: FACULTAR A LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS PARA PRACTICAR LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS RESULTANTES DE LAS ACTUACIONES DE COMPROBACION E INVESTIGACION, EN LOS TERMINOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCAN (LETRA C)); Y EN EL ARTICULO 145, APARTADO 3. , SE CONFIERE A LAS ACTAS Y DILIGENCIAS EXTENDIDAS POR AQUELLA INSPECCION LA NATURALEZA DE DOCUMENTO PUBLICO, ASI COMO VALOR PROBATORIO DE LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU FORMALIZACION, SALVO QUE SE ACREDITE LO CONTRARIO.

CON ESTE SISTEMA NO SE HACE SINO VOLVER INJUSTIFICADAMENTE A LO REGULADO EN EL REAL DECRETO 412/1982, QUE FUE DECLARADO NULO POR LA STS DE 24 DE ABRIL DE 1984; EN DICHA RESOLUCION JUDICIAL SE MANTIENE QUE NADIE PUEDE SER A LA VEZ JUEZ Y PARTE Y QUE, POR ELLO, UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION REQUIERE LA SEPARACION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y LIQUIDACION TRIBUTARIA COMO UNA GARANTIA DEL CONTRIBUYENTE, RELATIVA A LA NEUTRALIDAD DEL ORGANO LIQUIDADOR FRENTE A LOS DATOS APORTADOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE Y POR LA INSPECCION.

LA DECLARACION DE QUE LOS HECHOS QUE CONSTAN EN LAS ACTAS DE INSPECCION POSEEN UNA PRESUNCION IURIS TANTUM DE CERTEZA NO RESULTA COMPATIBLE CON LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA (ART. 24.2) Y DE NUEVO COLOCA AL CONTRIBUYENTE EN UNA INCONSTITUCIONAL SITUACION DE INDEFENSION (ART. 24.1), POR LA PRACTICA IMPOSIBILIDAD DE PROBAR EN CONTRARIO HECHOS NEGATIVOS. LA CUESTION DEVIENE ESPECIALMENTE GRAVE PORQUE, TRAS LA NUEVA REGULACION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA RECOGIDA EN LA LEY ORGANICA 2/1985, DE 29 DE ABRIL, BASTA CON EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE INSPECCION PARA QUE SE GIRE LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION TRIBUTARIA, Y SI LA CUANTIA DE LA INFRACCION FUERA BASTANTE, SE INICIE UN PROCEDIMIENTO PENAL SIN NECESIDAD DE AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA Y, POR TANTO, SIN QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDA ADOPTAR ALEGACIONES Y PRACTICAR PRUBEAS EN ESTA VIA PREVIA, ACTIVIDADES QUE SE VEN DIRECTAMENTE RECONDUCIDAS AL MARCO PENAL. DE ESTE MODO SE ESTA CONCEDIENDO AL ACTA DE INSPECCION TRANSCENDENCIA EN EL ORDEN PENAL Y COMO SOPORTE DE RESOLUCIONES JUDICIALES ULTERIORES. ES, POR CONSIGUIENTE, EVIDENTE QUE, POR UN LADO, SE DISMINUYEN SENSIBLEMENTE LAS GARANTIAS JURIDICAS DEL CONTRIBUYENTE, Y POR OTRO, AUNQUE DE MODO INTIMAMENTE UNIDO, SE QUIEBRA LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA. ASI, LA ACTUAL REDACCION DEL ART. 145, APARTADO 3. , DE LA LGT TRANSFORMA LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN UNA PRESUNCION DE CULPABILIDAD Y OBLIGA AL CONTRIBUYENTE A PROBAR SU INOCENCIA MEDIANTE LA CASI IMPOSIBLE ACREDITACION DE UNOS HECHOS QUE SON FRECUENTEMENTE NEGATIVOS. PARA HACER MAS OBVIO LO ABSURDO DE ESTA REGULACION, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO QUE, SI, PESE A TODO, EL CONTRIBUYENTE LOGRARA ACREDITAR SU INOCENCIA ANTE LOS TRIBUNALES, EL FUNCIONARIO AUTOR DEL ACTA HABRIA COMETIDO UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO (ART. 302 DEL CODIGO PENAL). EN RESUMEN, CON ESTE PRECEPTO LEGAL DESAPARECE TOTALMENTE EN MATERIA TRIBUTARIA LA PRESUNCION DE INOCENCIA (ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION) Y SE COMPRIME FUERTEMENTE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL CIUDADANO (ART.

9.3 DE LA CONSTITUCION).

A MAYOR ABUNDAMIENTO, LA NUEVA REDACCION DEL ART.

145, APARTADO 3. , DE LA LGT RESULTA DISPARATADA, PORQUE AFIRMAR QUE LAS ACTAS DE INSPECCION SON DOCUMENTOS PUBLICOS NO DETERMINA OTROS EFECTOS SEGUN EL ART. 1.218 DEL CODIGO CIVIL QUE LOS SIGUIENTES: HACEN PRUEBA DEL HECHO QUE MOTIVA SU OTORGAMIENTO Y DE LA FECHA DE ESTE, PERO, EN NINGUN CASO, DE SU CONTENIDO QUE SERA CIERTO O NO DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

EN CAMBIO, DEBIO REGULARSE QUE EL ACTA DE LA INSPECCION NO TUVIERA EN EL PROCESO PENAL MAS VALOR QUE EL DE SIMPLE DENUNCIA SIN DISPENSAR A LA ADMINISTRACION DE LA CARGA DE PROBAR EN EL MISMO LOS HECHOS IMPUTADOS AL SUJETO PASIVO PRESUNTO INFRACTOR, Y, POR EL CONTRARIO, ESTA AUTODISPENSA OPE LEGIS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, QUE EN EL ART. 145.3 SE HACE, TRANSGREDE LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA ESTABLECIDA EN EL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION. DEBE INSISTIRSE, FINALMENTE, EN QUE LA CITADA PRESUNCION NO SOLO RESULTA DE APLICACION AL ORDEN PENAL, SINO QUE, ADEMAS, SE EXTIENDE A TODA LA ACTIVIDAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION CUALQUIERA QUE SEA EL AMBITO EN EL QUE SE PRODUZCA; TODO ELLO HA SIDO RECONOCIDO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS ENTRE LOS QUE HACE AL CASO DESTACAR LAS SSTC DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1983, 21 DE DICIEMBRE DE 1983 Y 28 DE JUNIO DE 1981.

F) EN VIRTUD DE LAS ARGUMENTACIONES EXPUESTAS, SE SOLICITA DE ESTE TRIBUNAL QUE SE ESTIME EL PRESENTE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SE DECLARE LA NULIDAD DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL: (A) ART. 1, EN LA NUEVA REDACCION QUE DA AL ART.

38.1 DE LA LGT; (B) ART. 4, EN LA MODIFICACION QUE HACE DE LOS ARTS. 77.1; 80.4; 81.1, LETRA A); 82, LETRAS B) Y H); 86 Y 89.2, INCISO SEGUNDO, TODOS ELLOS DE LA LGT; Y (C) ART. 5 EN CUANTO OTORGA UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 140 Y 145 DE LA LGT.

3. POR PROVIDENCIA DE 24 DE JULIO DE 1985, LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA: ADMITIR A TRAMITE EL REFERIDO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, CONFORME ESTABLECE EL ART.

34 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (LOTC), AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO Y AL GOBIERNO, AL OBJETO DE QUE, EN EL PLAZO COMUN DE QUINCE DIAS, PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, Y PUBLICAR LA INCOACION DEL RECURSO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

4. MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1985, LA PRESIDENCIA DEL SENADO RUEGA SE TENGA POR PERSONADA A ESA CAMARA EN EL PROCEDIMIENTO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DE LO PREVENIDO EN EL ART. 88.1 DE LA LOTC.

5. POR ESCRITO QUE TIENE ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 1985, LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA QUE DICHA CAMARA NO HARA USO DE LAS FACULTADES DE PERSONACION NI DE FORMULACION DE ALEGACIONES QUE LE CONCEDE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL PONIENDO, NO OBSTANTE, A DISPOSICION DE ESTE TRIBUNAL LAS ACTUACIONES QUE PUEDA PRECISAR.

6. EN ESCRITO PRESENTADO EL MISMO DIA ANTERIOR EL ABOGADO DEL ESTADO SE PERSONA EN EL PROCEDIMIENTO, CON LA REPRESENTACION QUE OSTENTA, OPONIENDOSE AL RECURSO E INTERESANDO DE ESTE TRIBUNAL QUE DECLARE LA CONFORMIDAD A LA CONSTITUCION DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

7. EL ABOGADO DEL ESTADO FUNDA SU OPOSICION A LA DEMANDA EN LAS SIGUIENTES ALEGACIONES, EXPUESTAS DE MODO SUCINTO:

A) EL REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO CONTRA LOS ARTS.

38.1 Y 77.1 DE LA LEY 10/1985, DE MODIFICACION DE LA LGT, DESCANSA EN LA CONSIDERACION DE QUE RESPONDEN A UN ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN LA CONFIGURACION DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS. SIN EMBARGO, ESTO NO ES CIERTO.

EN EFECTO, EL ACTUAL ART. 77, APARTADO 1. , DE LA LGT, INTEGRA EN SU DEFINICION DE ESAS INFRACCIONES TODOS LOS ELEMENTOS TRADICIONALMENTE RECONOCIDOS EN LOS HECHOS JURIDICOS SANCIONABLES Y, EN CONCRETO, LAS FORMULAS EN QUE NORMALMENTE SE CONCRETA LA PUNIBILIDAD POR UN HECHO ILICITO: EL DOLO Y LA CULPA; COMO RESULTA EVIDENTE EN EL INCISO SEGUNDO DE AQUEL APARTADO CUANDO SE DICE QUE <LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS SON SANCIONABLES INCLUSO A TITULO DE SIMPLE NEGLIGENCIA>. CON ELLO NO SE HACE SINO RECONOCER QUE LA INFRACCION PUEDE PRODUCIRSE TAMBIEN EN LOS CASOS EN QUE EXISTA CULPA O NEGLIGENCIA Y NO SOLO EN LOS SUPUESTOS DOLOSOS; PERO, OBVIAMENTE, MAS ALLA DE LA SIMPLE NEGLIGENCIA, LOS HECHOS NO PODRAN SER SANCIONADOS POR NO EXISTIR FORMA ALGUNA DE CULPABILIDAD Y CARECE DE SENTIDO PENSAR EN UNA <OBJETIVIDAD DE LAS INFRACCIONES> HASTA EL PUNTO DE QUE PUEDAN PRODUCIRSE SANCIONES POR HECHOS CASUALES Y AJENOS A TODA DILIGENCIA EXIGIBLE. DESDE ESTA PERSPECTIVA, LA SUPRESION EN EL PRECEPTO CONTROVERTIDO DE LA PALABRA <VOLUNTARIAS> NO TIENE OTRA FINALIDAD QUE LA DE DEJAR SENTADA LA ADMISION DE ESTAS DOS FORMAS DE RESPONSABILIDAD RECONOCIDAS EN EL DERECHO PENAL Y QUE LA DOCTRINA PENALISTA EN OCASIONES SE ENCARGA DE HACER ENTRAR EN LA EXPRESION <VOLUNTARIO>, FORZADAMENTE Y CONTRARIANDO INCLUSO EL SENTIDO USUAL DEL TERMINO. EN ESTE MISMO SENTIDO Y DE ACUERDO CON LO QUE ANTECEDE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ERROR DE DERECHO NO FIGURE ENTRE LOS SUPUESTOS ENUNCIADOS EN EL ACTUAL ART. 77.4 DE LA LGT, COMO CAUSA DE EXENCION DE LA RESPONSABILIDAD, NO CONDUCE A QUE TAL ERROR DEBA REPUTARSE SIEMPRE INTRANSCENDENTE.

POR CONSIGUIENTE, LAS CONSIDERACIONES QUE EN LA DEMANDA SE EFECTUAN SOBRE LA IRRELEVANCIA DEL ERROR DE DERECHO O SOBRE LAS SUPUESTAS CONSECUENCIAS DE LA SUPRESION DE LAS CONSULTAS VINCULANTES SON INJUSTIFICADAS Y DEBEN SER DESECHADAS, PUES PARTEN DE UN PRETENDIDO BASAMENTO SOBRE EL QUE LA LEY IMPUGNADA EN REALIDAD NO DESCANSA. LA LEY RECURRIDA, AL SUPRIMIR LA EXPRESION VOLUNTARIA, NO SE APARTA DEL CODIGO PENAL, SINO QUE ANTES BIEN SE AJUSTA A LA NUEVA DICCION DEL ART. 1 DE DICHO CUERPO LEGAL DONDE ESTE TERMINO TRADICIONAL HA SIDO SUSTITUIDO POR UNA DEFINICION MAS PRECISA: SON DELITOS O FALTAS LAS ACCIONES Y OMISIONES DOLOSAS O CULPOSAS PENADAS POR LA LEY.

B) LA DEMANDA DESTINA SU SEGUNDA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD AL ART. 4 DE LA LEY MODIFICATIVA, EN LA NUEVA REDACCION QUE CONCEDE A LOS ARTS. 80.4; 81.1, LETRA A), Y 86 DE LA LOTC. EN ELLOS SE PREVE LA SUSPENSION DEL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES, EMPLEO O CARGO PUBLICO DE QUIENES, OSTENTANDO ESTA CONDICION, INFRINJAN LA NORMATIVA TRIBUTARIA Y EN CUANTO SANCION APAREJADA A LA MULTA. LA MISMA DEMANDA ADMITE QUE EXISTIRIA UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE DE ESTA SANCION SI LA INFRACCION SE HUBIERE COMETIDO UTILIZANDO UN CARGO O FUNCION PUBLICA COMO PLATAFORMA. PUES BIEN, NO ES OTRO SINO ESTE EL SENTIDO Y FINALIDAD DE LA NUEVA REGULACION:

ATRIBUIR UNA SANCION ESPECIAL A CIERTAS PERSONAS POR LA RELACION OBJETIVA QUE EXISTE ENTRE LA CONDUCTA DE ACCION U OMISION CONSTITUTIVA DE INFRACCION Y LA FUNCION QUE DESEMPEÑAN. EL FUNDAMENTO DE ESTA MEDIDA DE DIFERENCIACION NORMATIVA SE ENCUENTRA EN EL DEBER POSITIVO DE LEALTAD Y COLABORACION RESPECTO DEL ESTADO EN GENERAL Y, EN CONCRETO, DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE SE IMPONE A QUIENES EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS, DEBER DE COLABORACION QUE ENCUENTRA MANIFESTACIONES EN ESTA MISMA LEY EN LAS OBLIGACIONES QUE SE IMPONEN EN LOS ARTS. 111 Y 112. LA EXISTENCIA DE UN DEBER ESPECIFICO DE COLABORACION DOTA, LOGICAMENTE, DE UNA MAYOR GRAVEDAD A LA INFRACCION TRIBUTARIA. PUES NO TENDRIA SENTIDO ADMITIR LA EXISTENCIA DE ESTOS DEBERES Y LUEGO RECHAZAR LA POSIBILIDAD DE UNA SANCION PARA LOS CASOS DE SU CONTRAVENCION.

NO HAY, ADEMAS, DOBLE SANCION O UINA TRANSGRESION DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM , PORQUE LA SANCION NO SE DUPLICA SINO QUE SIMPLEMENTE SE DESCOMPONE EN DOS MEDIDAS DIFERENTES.

POR ULTIMO, EN RELACION CON EL ALEGATO DE QUE SE TRANSFORMA INJUSTIFICADAMENTE UNA PENA (LA SUSPENSION) EN UNA SANCION ADMINISTRATIVA, DEBE OPONERSE LA DOCTRINA EXPUESTA EN LA STC 77/1983, DONDE SE DIJO QUE LA CONSTITUCION NO EXCLUYE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION YA QUE EXPRESAMENTE LA RECONOCE EN SU ART. 25.3 SENSU CONTRARIO . POR OTRA PARTE, EN NINGUN MOMENTO SE DEMUESTRA EN LA DEMANDA QUE SE HAYAN SOBREPASADO ALGUNO DE LOS LIMITES CONSTITUCIONALMENTE EXIGIBLES EN SU REGULACION: (A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PUES LA NORMA TIENE RANGO LEGAL; (B) INTERDICCION DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, QUE NO SON RESULTADO DE ESTA SANCION; (C) RESPETO A LOS DERECHOS DE DEFENSA, PORQUE SE APLICAN LAS GARANTIAS PROPIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y SIN QUE SE EXCLUYAN LAS DE LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS; Y (D) POSIBILIDAD DE UN CONTROL JUDICIAL, QUE EN ESTE CASO SERIA EL TRIBUNAL SUPREMO EN VIRTUD DEL ORGANO QUE DICTA LA SANCION.

C) EL TERCER MOTIVO DEL RECURSO HACE REFERENCIA A LA CONSIDERACION COMO CRITERIO PARA LA GRADUACION DE LAS SANCIONES DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO PASIVO PRESUNTAMENTE INFRACTOR ART. 82, LETRA B), DE LA LGY. LA IMPUGNACION SE SUSTENTA EN UNA TACHA DE TRANSGRESION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCION) POR EXTENDER EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD FUERA DE LA ESFERA PERMITIDA POR EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION; SUBSIDIARIAMENTE Y DE MANERA COMPLEMENTARIA, SE ADUCE QUE NO SE PREVEN LOS CRITERIOS A EMPLEAR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD ECONOMICA Y ESTA OMISION QUIEBRA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION).

FRENTE A ESTE CUADRO IMPUGNATORIO, ES PRECISO RESALTAR, EN PRIMER LUGAR, QUE EL CRITERIO DISCUTIDO ES SOLO UNO DE LOS MULTIPLES PREVISTOS EN EL CITADO ART. 82 Y QUE DEBEN APLICARSE CONJUNTAMENTE Y DE FORMA PONDERADA; NO EXISTE PUES UNA AUTOMATICA CONEXION ENTRE CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR Y GRAVEDAD DE LA SANCION; Y ES MENESTER UNA PONDERACION PREVIA DE DISTINTOS CRITERIOS DE GRADUACION QUE VIENE IMPUESTA POR LAS EXIGENCIAS DE JUSTICIA QUE LA PROPIA CONSTITUCION PRESERVA, PONDERACION CON LA QUE EL LEGISLADOR TRATA DE ATEMPERAR EL AUTOMATISMO DE LAS FORMULAS ARITMETICAS CON QUE SE DETERMINA LA SANCION. POR ESTA MISMA RAZON, CARECE DE SENTIDO LA PRETENSION DE LOS RECURRENTES CONDUCENTE A QUE SE FIJEN EXPRESAMENTE LOS CRITERIOS REGULADORES DE LA CAPACIDAD ECONOMICA YA QUE ESTA ES, EN SI MISMA, UN CRITERIO DE MODULACION DE LAS FORMULAS PARA LA DETERMINACION DE LAS SANCIONES.

LA TACHA DE TRANSGRESION DE LA SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION) CARECE, EN DEFINITIVA, DE UNA SUFICIENTE CONSISTENCIA ARGUMENTAL.

CON MAYOR RELEVANCIA, SE EXTRAE EN LA DEMANDA UNA CONSECUENCIA MUY DESAFORTUNADA DE LA INTERPRETACION QUE SE HACE DEL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION. NO PUEDE NEGARSE QUE ESTA NORMA CONSTITUCIONAL, AL ENUNCIAR LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD ESTA PENSANDO EN EL INGRESO PUBLICO Y NO EN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS. PERO DE AHI NO CABE DEDUCIR UNA PROHIBICION DE APLICAR DICHOS PRINCIPIOS A OTRO AMBITO. PUES UNA COSA ES ESTABLECER MANDATOS CONSTITUCIONALES Y OTRA BIEN DISTINTA FORMULAR PROHIBICIONES, Y EN NINGUN MOMENTO SE DEMUESTRA EN LA DEMANDA LA PRESENCIA DE UNA PROHIBICION CONSTITUCIONAL DE TRASLADAR EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA AL AMBITO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

POR OTRO LADO, NO SOLO NO SE ENCUENTRA EN CONTRADICCION CON EL ARTICULO 31.1 DE LA CONSTITUCION LA VALORACION DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA SINO QUE ANTES BIEN PUEDE VENIR IMPUESTA POR SU INCISO ULTIMO CUANDO SE PROHIBE ERIGIR EL SISTEMA TRIBUTARIO EN UNA MEDIDA CONFISCATORIA; DE ESTE MODO, LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA OPERA COMO LIMITE A LA PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO E IMPIDE QUE UNA ESTRICTA PROPORCIONALIDAD ENTRE SANCION Y CUOTA LLEVE A UNA DEUDA TRIBUTARIA QUE SUPERE EL MISMO VALOR DE LO GRAVADO; ES DECIR, LA DESATENCION DEL PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA LLEVARIA AL RESULTADO ABSURDO DE UNA SANCION IMPUESTA SIN POSIBILIDADES REALES DE PAGO.

FINALMENTE, LAS OBLIGACIONES DE LA DEMANDA OLVIDAN QUE ES EL PROPIO CODIGO

PENAL, EN SU ART. 63, EL QUE ORDENA CUANTIFICAR LAS MULTAS <ATENDIENDO PRINCIPALMENTE AL CAUDAL O FACULTADES DEL CULPABLE>. CON LO QUE, DE NUEVO, LA LEY IMPUGNADA NO SE APARTA DE LA ESFERA DE LOS PRINCIPIOS PENALES.

D) SE RECURRE TAMBIEN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 82, LETRA H), Y 89.2 DE LA LGT, RELATIVOS A LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO CON LA PROPUESTA DE LIQUIDACION, COMO CRITERIO DE GRADUACION DE LA SANCION, Y, LUEGO, DE CONDONACION DE LA DEUDA.

RESPECTO DEL ART. 82, LETRA H), LA PREOCUPACION DE LA DEMANDA SE SITUA EN QUE EL SUJETO PASIVO ESTA PRESTANDO ANTICIPADAMENTE SU CONFORMIDAD A UNA SANCION QUE IGNORA. SIN EMBARGO, ESTO NO ES CIERTO. ASI, SEGUN LO PREVISTO EN EL ART. 58 DE LA LGT, FORMAN TAMBIEN PARTE DE LA DEUDA TRIBUTARIA, EN SU CASO, LAS SANCIONES IMPUESTAS; DE MANERA QUE LA HIPOTESIS NORMAL ES QUE LA LIQUIDACION SEA UNA FASE DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DE LA DEUDA Y NO SIMPLEMENTE DE LA CUOTA. PERO AUNQUE ASI NO FUERA, COMO HIPOTESIS DE RAZONAMIENTO, TAMPOCO SERIA ILICITA ESTA SOLUCION PUES FRENTE AL ACTO DE GESTION TRIBUTARIA EL SUJETO PASIVO DISPONDRIA DE LOS RECURSOS NORMALMENTE UTILIZABLES. ES POR ELLO CLARO QUE EL ART. 82, LETRA H), DE LA LGT NO CIERRA NINGUNA POSIBILIDAD IMPUGNATORIA Y NO LESIONA EL ART.

24.1 DE LA CONSTITUCION; Y ES UN PRECEPTO COMUN O <MONEDA CORRIENTE> (COMO RECONOCE LA DEMANDA) EN DERECHO COMPARADO CON EL FIN DE SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTO TRIBUTARIOS; POR OTRA PARTE, ES CLARA SU SIMILITUD CON EL ART.

9.9 DEL CODIGO PENAL DE DONDE CABE, INCLUSO, DEDUCIR QUE EN LA APLICACION DEL ART. 82, LETRA H), NO CABE UNA AGRAVACION DE LA SANCION POR NO HABER ACEPTADO LA LIQUIDACION, PORQUE ESTO ES ALGO QUE NO SE DESPRENDE DEL TENOR LITERAL DEL PRECEPTO.

EN RELACION AL ART. 89.2, EN EL SE PREVE LA RENUNCIA DEL DERECHO A LA ACCION COMO CARGA O PRESUPUESTO PREVIO PARA UN EFECTO FAVORABLE: LA CONDONACION DE LA SANCION TRIBUTARIA. SE PLANTEA, PUES, LA PROBLEMATICA DE LA RENUNCIA A UN DERECHO FUNDAMENTAL, EL DE ACCESO A LA JURISDICCION; NO OBSTANTE, LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NO PUEDE CONFUNDIRSE CON EL LIBRE PODER DE DISPOSICION DEL TITULAR SOBRE SU EJERCICIO; ASI, EN SSTC 7 Y 13/1983, POR EJEMPLO, SE HA ADMITIDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE ESTOS DERECHOS Y LA POSIBILIDAD DE QUE LAS ACCIONES QUEDEN SUJETAS A PLAZOS DE PRESCRIPCION POR RAZONES DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE SALVAGUARDIA DE DERECHOS DE TERCEROS; Y LA LIBERTAD DE ACCESO A LOS TRIBUNALES ( EX ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION) DEBE COMPRENDER ENTRE SUS CONTENIDOS LA LIBRE DECISION DE NO ACUDIR ANTE LOS MISMOS Y, A FORTIORI , SI LA RENUNCIA A LA ACCION TIENDE A HACER POSIBLE UN ACTO DE CONTENIDO GRACIABLE AL QUE NO POSEE DERECHO NINGUN CIUDADANO.

E) POR ULTIMO, SE IMPUGNAN EN LA DEMANDA LOS ARTS. 140, LETRA C), Y 145.3 DE LA LGT. EN EL PRIMERO DE ESTOS PRECEPTOS, SE ATRIBUYE A LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS LA FACULTAD DE PRACTICAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS RESULTANTES DE LAS ACTUACIONES DE COMPROBACION E INVESTIGACION. ESTA CUESTION ATAÑE A LA COMPETENCIA DISCRECIONAL DEL LEGISLADOR PARA ORGANIZAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LA FORMULA SEGUIDA NO ATENTA A LA SEGURIDAD JURIDICA NI A LA TUTELA JURISDICCIONAL. POR LO DEMAS, NADA IMPONE LA OTRA FORMULA QUE LA DEMANDA SUGIERE COMO MAS CORRECTA: LA SEPARACION ENTRE LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y LIQUIDACION, ATRIBUYENDOLAS A ORGANOS DIFERENTES; Y, AUN EN ESE CASO, NO SE DARIA UNA CONSAGRACION DEL PRINCIPIO DE QUE EL FUNCIONARIO NO SEA <JUEZ Y PARTE> (EN EL SENTIDO USADO EN LA DEMANDA), PORQUE EL FUNCIONARIO QUE LIQUIDARA ESTARIA INTEGRADO EN LA MISMA ORGANIZACION JERARQUICA QUE EL QUE HICIERA LA INSPECCION.

EL ART.

145.3 ESTABLECE EL CARACTER DE DOCUMENTO PUBLICO DE LAS ACTAS Y DILIGENCIAS EXTENDIDAS POR LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS. ESTE ARTICULO NO PUEDE SER INTERPRETADO EN LA MANERA EN QUE LOS RECURRENTES ENTIENDEN EL ART. 1.218 DEL CODIGO CIVIL. POR EL CONTRARIO, LA FUERZA PROBATORIA DEL HECHO QUE MOTIVA EL DOCUMENTO Y SU MISMO CONTENIDO SOLO PUEDEN CEDER SI SE JUSTIFICA LA FALSEDAD O INEXACTITUD. NO OBSTANTE, LA INNOVACION NORMATIVA QUE SE HACE NO POSEE UN ALCANCE TAN GRANDE, PORQUE LA PROPIA JURISPRUDENCIA CIVIL HA INTERPRETADO EL CITADO ART. 1.218 TAMBIEN COMO UNA PRESUNCION DE EXACTITUD DE LAS MANIFESTACIONES HECHAS EN DOCUMENTO PUBLICO POR LOS INTERESADOS, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. EL PRECEPTO IMPUGNADO SE SITUA, POR OTRO LADO, EN EL MARCO DE LA PRESUNCION DE LEGITIMIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ENCUENTRA MULTIPLES MANIFESTACIONES EN AMPLIOS SECTORES DEL ORDENAMIENTO:

ACTAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO, SANCIONES EN MATERIA DE CIRCULACION, ETC. SE OLVIDA EN LA DEMANDA QUE LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA (ART. 24.2) Y ESTA PRESUNCION DE EXACTITUD DE LAS ACTAS DE LA INSPECCION NO PUEDEN COLISIONAR, PORQUE LA PRIMERA ATAÑE A UN JUICIO SOBRE LA CULPABILIDAD MIENTRAS QUE LA SEGUNDA SE REFIERE A UNA PURA CONSTATACION DE HECHOS; Y DEL ART. 24.2 NO PUEDE DESPRENDERSE UNA PROHIBICION DEL DEBER DE LA ADMINISTRACION DE AVERIGUAR LOS HECHOS Y A QUE, SOBRE ESTOS, LA LEY INTRODUZCA PRESUNCIONES DE EXACTITUD. Y HUELGA DECIR QUE EN EL PROCESO PENAL (CAMPO DONDE OPERA GENUINAMENTE LA PRESUNCION DE INOCENCIA) LAS ACTAS DE LA INSPECCION NO PUEDEN POSEER EL SIGNIFICADO PROBATORIO QUE LES OFRECE EL PRECEPTO IMPUGNADO, QUE QUEDA CIRCUNSCRITO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y A LA JURISDICCION REVISORA DE ESTA.

8. CON FECHA 17 DE MAYO DE 1988, TIENE ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL UN AUTO DE LA SALA PRIMERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALENCIA POR EL QUE SE PROMUEVE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RELATIVA AL ART. 58.2 B) DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, EN LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL, EN SU ART. 3, POR ENTENDER QUE DICHO PRECEPTO PODRIA CONCULCAR LOS ARTS. 14 Y 31.1 DE LA CONSTITUCION, CON BASE EN LA ARGUMENTACION QUE A CONTINUACION SE RESUME. EL RECURRENTE DENUNCIO, SUSTANCIALMENTE, EN EL PROCESO PREVIO LA EXISTENCIA DE UN TRATO DISCRIMINATORIO ENTRE LO PREVISTO PARA EL ADMINISTRADO EN MATERIA DE INTERESES DE DEMORA (ARTICULO 58.2 B) DE LA LGT) Y LO PREVISTO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN RELACION CON LA DEVOLUCION AL SUJETO PASIVO DE INGRESOS INDEBIDOS, SEGUN EL ART. 155.1 DE LA MISMA LEY; DADO QUE, EN EL PRIMER CASO, EL INTERES DE DEMORA ES EL INTERES LEGAL DEL DINERO INCREMENTADO EN UN 25 POR 100 Y, EN EL SEGUNDO SUPUESTO, TAL INCREMENTO NO EXISTE. A JUICIO DE LA SALA, EL MENCIONADO ART. 58.2 B) NO POSEE UNA NATURALEZA SANCIONADORA, COMO PRETENDE EL RECURRENTE, NI INFRINGE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE DERECHO ESTATAL SANCIONADOR NI EL PRINCIPIO DE PROHIBICION DE LA DOBLE SANCION O NON BIS IN IDEM , PRINCIPIO QUE NO CABE CONFUNDIR CON LA PRESENCIA DE DOS SANCIONES; TAMPOCO VULNERA EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION LA FIJACION DE UN EXTRATIPO EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION, A LOS EFECTOS DE CONFIGURAR UN POSIBLE ABSTACULO A LA INTERPOSICION DE RECURSOS JUDICIALES, PORQUE EL SUJETO PASIVO PUEDE PAGAR Y LUEGO RECURRIR Y, EN SU CASO, NO SUFRIR EL EFECTO DEL RECARGO. AHORA BIEN, EN CUANTO A LA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCION), LA SALA MANIFIESTA SUS DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO. EN EFECTO, LA FINALIDAD DEL INTERES LEGAL ES RESARCIR AL ESTADO DEL COSTE O PERJUICIO FINANCIERO QUE SUPONE EL RETRASO EN EL PAGO. ESTABLECIDO DICHO COSTE POR LEY EN EL INTERES LEGAL, SIN PERJUICIO DE SU ADECUACION ANUAL EN LA LEY DE PRESUPUESTOS, HAY QUE PREGUNTARSE SI EL ACREEDOR A UNA DEVOLUCION DE LA ADMINISTRACION NO SUFRE UN MISMO PERJUICIO FINANCIERO Y, EN CAMBIO, EN VIRTUD DE ESTA REGULACION OBTIENE UN TRATO DESFAVORABLE EN MATERIA DE INTERESES. DICHO TRATO ES, A JUICIO DE LA SALA DISCRIMINATORIO, PUES AQUI SE TRATA DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO DE LA RELACION TRIBUTARIA, ROTO POR LA FALTA DE PAGO EN TIEMPO DE LA DEUDA, POR LO QUE CARECE DE JUSTIFICACION, Y PUDIERA CONCULCAR LOS ARTS. 14 Y 31 DE LA CONSTITUCION.

9. POR PROVIDENCIA DE 6 DE JUNIO DE 1988, LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA: ADMITIR A TRAMITE LA REFERIDA CUESTION; DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 37.2 DE LA LOTC, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO AL OBJETO DE QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES; ASI COMO PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

10. EN ESCRITO PRESENTADO EL 16 DE JUNIO DE 1988, LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA QUE, AUNQUE DICHA CAMARA NO SE PERSONARA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARA ALEGACIONES, PONE A DISPOSICION DE ESTE TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

11. POR SU PARTE, LA PRESIDENCIA DEL SENADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 23 DE JUNIO DE 1988, RUEGA SE TENGA POR PERSONADA A ESA CAMARA EN EL PROCEDIMIENTO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LOTC.

12. EN ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 22 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE PERSONA EN LAS ACTUACIONES Y FORMULA LAS OPORTUNAS ALEGACIONES, CONSIDERANDO QUE PROCEDE DECLARAR QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO NO SE OPONE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSAGRADO EN LOS ARTS. 14 Y 31.1 DE LA CONSTITUCION. EL PROBLEMA PRINCIPAL O DUDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO FRENTE AL QUE SE PROMUEVE ESTA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESIDE, EXCLUSIVAMENTE, EN DILUCIDAR SI LESIONA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ARTS. 14 Y 31 DE LA CONSTITUCION) EL HECHO DE QUE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS GENEREN EN FAVOR DE LA HACIENDA PUBLICA UN INTERES DE DEMORA SUPERIOR EN UN 25 POR 100 AL QUE PROVOCA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS. PERO EL PRECEPTO CONTROVERTIDO (ART. 58.2 B) DE LA LGT) NO PUEDE SER TACHADO DE INCONSTITUCIONAL, PORQUE SE APLICA POR IGUAL, COMO CUALQUIER NORMA GENERAL, A TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y DEUDORES TRIBUTARIOS. Y LA SITUACION QUE CONTEMPLA EL ART. 155.1 DE LA MISMA LEY ES RADICALMENTE DISTINTA. PUES NO CABE COMPARAR ENTRE CIUDADES Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PORQUE EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION PREDICA LA IGUALDAD ANTE LA LEY UNICAMENTE DE LOS ESPAÑOLES, Y, EN GENERAL, ENTRE LAS PERSONAS, PERO NO PUEDE EXTENDERSE A LA ADMINISTRACION. Y, DADOS LOS TERMINOS EN QUE VIENE PLANTEADA LA CUESTION, NO PROCEDE EXAMINAR LA LICITUD CONSTITUCIONAL DE LOS PRIVILEGIOS QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS OSTENTAN. TAMPOCO EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION SE REFIERE A LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SINO A LAS PERSONAS.

13. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 24 DE JUNIO DE 1988, SE PERSONA EN NOMBRE DEL GOBIERNO, Y TRAS HACER LAS PERTINENTES ALEGACIONES, SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA DESESTIMANDO LA CUESTION PLANTEADA. EL TERMINO DE COMPARACION ELEGIDO EN EL AUTO DE REMISION PARA HACER EVIDENTE LA SITUACION DE DISCRIMINACION EN QUE SE ENCUENTRA EL SUJETO PASIVO ES LA PROPIA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, AUNQUE EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 3. DEL CITADO AUTO SE ALUDE TAMBIEN AL ART. 36.2 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA LA QUE PUEDE INDUCIR A CONFUSION Y LLEVAR A PENSAR QUE EXISTE UN SEGUNDO TERMINO DE COMPARACION. EN SEGUNDO LUGAR, LA SALA NO CUESTIONA TODO EL ART. 58.2 B) DE LA LGT, SINO TAN SOLO LA EXISTENCIA DE UN INCREMENTO AL INTERES LEGAL DE UN 25 POR 100. EL INCISO CUESTIONADO PROVIENE DE UNA ENMIENDA DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO Y DE SU JUSTIFICACION O MOTIVACION NO SE EXTRAEN CONSECUENCIAS RELEVANTES MAS ALLA DE LA PRESENCIA DE ALGUNA DISCUSION PARLAMENTARIA. PERO NO PUEDE SOSTENERSE QUE EL PRECEPTO DISCUTIDO INFRINJA EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION SEGUN JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL: EN STC 14/1986, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, AUNQUE DE MANERA INCIDENTAL, YA SE REFIRIO AL INTERES DE DEMORA ESTABLECIDO EN EL ART. 58.2 B) DE LA LGT SIN HACER LA MAS MINIMA OBJECION A SU CONSTITUCIONALIDAD. CON MAYOR RELEVANCIA, CONVIENE DESTACAR DISTINTAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SE CONSIDERA LO PREVISTO EN EL ART.

31.1 DE LA CONSTITUCION COMO UN DEBER CONSTITUCIONAL Y SE DICE QUE EN UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, PROGRESIVIDAD Y CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEBEN DE PONDERARSE CONJUNTAMENTE (SSTC 101/1983 Y 118/1984, ATC 982/1986); O SE SOSTIENE QUE ESTE DEBER CONSTITUCIONAL LLEVA IMPLICITO UN MANDATO DE EFECTIVIDAD (STC 110/1984), QUE REQUIERE DE UNA ACTIVIDAD INSPECTORA VIGILANTE AUNQUE <PUEDA RESULTAR A VECES INCOMODA Y MOLESTA> (STC 110/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ). ESTA DOCTRINA CONSTITUCIONAL LLEVA IMPLICITA, A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO, VARIAS TESIS: LA LUCHA Y REPRESION DEL FRAUDE FISCAL NO ES UN FIN MERAMENTE ASUMIBLE POR EL LEGISLADOR TRIBUTARIO EN SU LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA, SINO UN <FIN CONSTITUCIONALMENTE IMPERATIVO>, Y, POR OTRA PARTE, EL PROPIO CONTRIBUYENTE POSEE UN DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

AHORA BIEN, PUESTO QUE EL PROCESO JUDICIAL PREVIO ES UNO DE LOS REGULADOS EN LA LEY 62/1978, DIRIGIDOS A LA PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBE PONERSE DE MANIFIESTO QUE SOLO EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION Y NO EL ART. 31.1 ES SUSCEPTIBLE DE TUTELA EN DICHA VIA, POR CONSIGUIENTE, Y PARA PRESERVAR LAS EXIGENCIAS DEL JUICIO DE RELEVANCIA (ART.

163 DE LA CONSTITUCION Y ART. 35 DE LA LOTC), ES MENESTER CIRCUNSCRIBIR EL OBJETO DE LA <LITIS> A LA SUPUESTA INFRACCION DEL ART. 14.

UNA VEZ CENTRADA LA CUESTION, EL INCISO DISCUTIDO DEL ART. 58.2 B) DE LA LGT NO ES CONTRARIO AL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. EL ATAQUE AL INCREMENTO DE UN 25 POR 100 EN EL INTERES LEGAL A LA HORA DE FIJAR EL INTERES DE DEMORA SE FUNDA EN UNA DIFERENCIA DE TRATO NORMATIVO ENTRE SUJETO PASIVO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA. PERO NO PUEDE RAZONABLEMENTE SOSTENERSE QUE ESA DIFERENCIA DE TRATO NO POSEA UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LICITO Y QUE NO MEDIE UNA RAZONABLE RELACION DE PROPORCIONALIDAD. EN EFECTO, EN EL CASO DEL ART.

58.2 B), EL DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA SE PRODUCE CUANDO NO SE PAGA PUNTUALMENTE UN CIERTO QUANTUM , NORMALMENTE UNA CUOTA TRIBUTARIA; LA IMPOSICION DE ESTOS INTERESES SIRVE PARA REFORZAR EL DEBER DE PUNTUALIDAD EN EL PAGO Y COMO FACTOR DISUASORIO DEL IMPAGO TOTAL O PARCIAL DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS. EN EL SUPUESTO DEL ART. 155.1 DE LA LGT, QUE SE OFRECE COMO TERMINO DE COMPARACION, LOS INTERESES DE DEMORA SE APLICAN A UNA CANTIDAD YA INGRESADA Y QUE SE DECLARA INDEBIDA, NACIENDO ENTONCES PARA LA ADMINISTRACION LA OBLIGACION DE DEVOLVERLA. AMBAS SITUACIONES NO PUEDEN SER MAS DIVERSAS Y ESTA MISMA DESEMEJANZA IMPIDE SU COMPARACION.

DE ESTE MODO, LA TRASCENDENCIA DE LA PUNTUALIDAD EN EL PAGO ES MUY DIFERENTE PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE PARA SU ACREEDOR Y, COMO SEGUNDA JUSTIFICACION Y A LA PAR ELEMENTO DE DIFERENCIACION DE LOS SUPUESTOS, SE ENCUENTRA LA FINALIDAD DISUASORIA DEL IMPAGO QUE POSEE EL INTERES DE DEMORA.

NORMALMENTE, LAS FECHAS DE PAGO DE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS ESTAN PREDETERMINADAS CON ANTELACION Y EL RETRASO EN EL PAGO DE UNA PORCION DE CONTRIBUYENTES SUPONDRIA UN DAÑO PARA LA HACIENDA PUBLICA DE CUANTIOSAS PROPORCIONES YA QUE ES ACREEDORA DE MILLONES DE DEUDORES; POR TANTO, UN BAJO INTERES DE DEMORA PODRIA TENER UN ALTO EFECTO Y DE CARACTER ACUMULATIVO; Y, EN CONSECUENCIA, ES UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LICITO REFORZAR EL DEBER DE PUNTUALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. LA SEGUNDA LINEA DE JUSTIFICACION HACE REFERENCIA A UNA MEDIDA DE DISUASION DEL IMPAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, IMPAGO QUE EN MUCHAS OCASIONES ES ELEMENTO DE UNA DEFRAUDACION, MEDIANTE EL AUMENTO EN UN 25 POR 100 DEL INTERES LEGAL DE DEMORA, SE DIFICULTA A QUIENES NO PAGAN (TOTAL O PARCIALMENTE) EL QUE PUEDAN OBTENER UNA VENTAJA DE SU INCUMPLIMIENTO, DADO QUE EL TIPO DE INTERES LEGAL SUELE SITUARSE POR DEBAJO DE LOS TIPOS DE INTERES DE MERCADO; LA ADECUACION O PROPORCIONALIDAD ENTRE MEDIO Y FIN LEGITIMO RESULTA EVIDENTE. EN CAMBIO, EL CIUDADANO ACREEDOR DE LA ADMINISTRACION TIENE LA COMPLETA SEGURIDAD DE QUE SE LE DEVOLVERA LO QUE INGRESO EN SU DIA INDEBIDAMENTE Y TAL COMO SE LE RECONOCIO EN UN ACTO ADMINISTRATIVO O POR SENTENCIA.

PARA EL CASO DE QUE SE ARGUMENTARA QUE EL INTERES DE DEMORA ES RESARCITORIO Y, POR ELLO, QUE EL QUANTUM DE LA INDENMIZACION DEBERIA SER EL MISMO EN AMBOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 58.2 B) Y 155.1 DE LA LGT, PUEDE OFRECERSE COMO MOTIVACION DE RECHAZO LA QUE A CONTINUACION SE EXPONE. SE OLVIDA QUE EN LAS RELACIONES INTER PRIVATOS ES POSIBLE PACTAR UN INTERES CONVENCIONAL DE DEMORA MUY SUPERIOR AL LEGAL (ART. 1.108 DEL CODIGO CIVIL); AHORA BIEN, EN UNA RELACION TRIBUTARIA, REGULADA PARA EL DERECHO PUBLICO Y DONDE NO JUEGA LA AUTONOMIA PRIVADA, ES EL LEGISLADOR QUIEN HA DE FIJAR DICHO INTERES. PERO ELLO NO IMPIDE QUE EN EL EJERCICIO DE ESA FUNCION EL LEGISLADOR CONSIDERE QUE EL PERJUICIO DERIVADO DE LA MORA ES MAYOR CUANDO LA ADMINISTRACION ES ACREEDORA QUE CUANDO ES DEUDORA (COMO SE HA INTENTADO DEMOSTRAR) Y AUNE A ESA FINALIDAD INDEMNIZATORIA OTRAS FUNCIONES ADICIONALES ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA EVITAR EL FRAUDE FISCAL. TODO ELLO RESULTA CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO DESDE LA PERSPECTIVA DEL ART.

31.1 DE LA CONSTITUCION.

TAMPOCO RESULTA UNA DIFERENCIACION ARBITRARIA LA DISTINTA PREVISION ESTABLECIDA EN EL ART. 58.2 B) DE LA LGT Y EN EL ART. 36 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA, QUE AL PARECER SE OFRECE TAMBIEN PARA COMPARAR, PORQUE ES PERFECTAMENTE LICITO DISTINGUIR LOS INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE DERECHOS DEL ESTADO DE NATURALEZA TRIBUTARIA (EL CASO QUE AHORA NOS OCUPA) DE LOS QUE NO LO SON. EXISTE UNA DIFERENCIA ESPECIFICA EN EL SUPUESTO DEL ART.

58.2 B), QUE DERIVA DE LA INFRACCION DE UN DEBER TRIBUTARIO DE RANGO CONSTITUCIONAL Y QUE ACABA POR ALEJAR TODA SOSPECHA DE ARBITRARIEDAD.

14. CON FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 1988 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL UN AUTO DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR EL QUE SE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON LOS ARTS. 58.2 B), 80.4, 81.1 A), 82 B), 83.3 F) Y 86 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, EN LA REDACCION DADA A LOS MISMOS POR LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL. EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE IMPUGNACION DIRECTA DEL REAL DECRETO 2.631/1985, DE 18 DE DICIEMBRE, DE PROCEDIMIENTO PARA LA SANCION DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS, ES PARTE DEMANDANTE EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA, HABIENDO ALEGADO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DISTINTOS PRECEPTOS DE DICHA LEY Y SOLICITADO DE LA SALA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION. TRAS DESECHAR DISTINTAS OBJECIONES FORMALES EXPUESTAS POR LA ADMINISTRACION DEMANDADA Y POR EL MINISTERIO FISCAL Y RELATIVAS, ENTRE OTROS EXTREMOS, A LA PREVIA EXISTENCIA DE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TORNO A LOS MISMOS PRECEPTOS Y A LA FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA DEL CITADO CONSEJO, LA SALA ESTIMA PERTINENTE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD:

A) EL ART.

80.4, EN RELACION CON LOS ARTS. 81.1 A) Y 86 DE LA LGT, EN LA REDACCION DADA POR LA LEY 10/1985, ES JURIDICAMENTE HABILITANTE DEL ART. 2, LETRA A), DEL REAL DECRETO 2.631/1985. LA SALA CONSIDERA QUE ES CONTRARIO A LA IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCION) QUE UNA INFRACCION TRIBUTARIA, COMETIDA POR UN FUNCIONARIO O POR ALGUNA DE LAS PERSONAS CONTEMPLADAS EN EL ART. 80.4, GENERE UNA RESPONSABILIDAD AGRAVADA RESPECTO DEL RESTO DE LOS CIUDADANOS.

PORQUE EL PRECEPTO CUESTIONADO, EN SU MISMA AMBIGUEDAD, PUEDE REFERIRSE A PROFESIONALES QUE NO TIENEN UN DEBER CUALIFICADO DE LEALTAD Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION Y PUEDE SER SUSCEPTIBLE DE APLICACION A CONDUCTAS INFRACTORAS EN LAS QUE NO CONCURRA DICHA CUALIFICACION. LA AUSENCIA DE UNA MAYOR CONCRECION EN EL ART. 80.4 PERMITE, PUES, INTERPRETACIONES DISCRIMINATORAS. ESTE PRECEPTO POSIBILITA QUE A LAS PERSONAS EN LAS QUE CONCURRE LA CONDICION SUBJETIVA DE EJERCER UNA PROFESION PUBLICA LES CORRESPONDAN SANCIONES MAS GRAVES QUE AL RESTO DE LOS CIUDADANOS, CON LO QUE IDENTICAS CONDUCTAS RECIBEN DISTINTAS SANCIONES; FRENTE A ESTA CONCLUSION NO CABE TRAER A COLACION EL PRINCIPIO DE LEALTAD Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PORQUE TAL OBLIGACION NO SE DA EN LA GENERALIDAD DE LAS PERSONAS QUE EL ART. 80.4 CONTEMPLA.

B) EL ART. 82, LETRA B), DE LA LGT HABILITA LO DISPUESTO EN EL ART. 11.1 B) DEL REAL DECRETO 2.631/1985. A JUICIO DE LA SALA NO PUEDE EXTENDERSE EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA AL AMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, YA QUE ELLO CONFIGURARIA UNA INJUSTIFICADA DESIGUALDAD: SANCIONAR <MAS AL QUE MAS TIENE>; POR EL CONTRARIO, A CONDUCTAS IGUALES DEBEN CORRESPONDER SANCIONES IGUALES. LA CONSTITUCION UNICAMENTE CONTEMPLA ESE PRINCIPIO EN EL MOMENTO DE FIJAR LA CARGA DEL CIUDADANO EN EL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS, PERO NO EN EL AREA DEL DERECHO SANCIONADOR, DONDE DEBE PRIMAR LA IGUALDAD ANTE LA LEY. EN CONSECUENCIA, LO PREVISTO EN LOS PRECEPTOS ARRIBA INDICADOS RESULTA LESIVO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD RECOGIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION.

C) PUEDE ESTIMARSE INCONSTITUCIONAL EL ART. 83.3 F) DE LA LGT, DONDE SE ESTABLECE COMO INFRACCION FISCAL SANCIONABLE LA FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION.

NO PUEDE ESGRIMIRSE AQUI (EN CONTRA DE LO ALEGADO POR LA ADMINISTRACION) UN DEBER DE COLABORACION DE LOS CONTRIBUYENTES, PORQUE ESTE SUPUESTO DEBER NO REBASA EL UMBRAL DONDE COMIENZA EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A <NO AUTOINCULPARSE> COMO ELEMENTO DE SU DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA (ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION), Y LA DESTRUCCION DE DICHA PRESUNCION INCUMBE PRECISAMENTE A QUIEN ACUSA Y SANCIONA. POR TANTO, EL ART.

83.3 F) DE LA LGT LESIONA LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES A NO CONFESARSE CULPABLE Y A LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA (ART. 24.2).

D) EN EL ART. 58.2 B) DE LA LGT, SEGUN LA MODIFICACION OPERADA POR LEY 10/1985, SE HABILITAN LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PARRAFO FINAL DEL ART. 10.5, ART.

19.2 PARRAFO 2. , Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO 2.631/1985. ESTA REGULACION ESTA EN CONTRADICCION CON LOS ARTS. 14 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION. LA PRESTACION DE INTERESES DE DEMORA ES, POR SU PROPIA ESENCIA, UNA REPARACION DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA MOROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, Y SU FINALIDAD ES UNICAMENTE RESARCIR ESE PERJUICIO PATRIMONIAL. PERO LA NATURALEZA ESENCIAL DE LOS INTERESES DE DEMORA SE <ADULTERA> CUANDO SE UTILIZA CON FIN DISTINTO, COMO EN LA PRESENTE REGULACION OCURRE, PUESTO QUE EL FIN DISUASORIO QUE SUPONE EL INCREMENTO DEL INTERES LEGAL EN UN 25 POR 100 TRANSFORMA EL INTERES DE DEMORA EN UNA SANCION. ADEMAS, LA SALA REPRODUCE, CON CITA EXPRESA, LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN RELACION CON EL ART. 52.2 B) DE LA LGT EN EL AUTO DE PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALENCIA, FUNDAMENTACION QUE YA HA QUEDADO CONSTANCIA MAS ARRIBA.

EN SUMA, SE PRODUCE UNA DESIGUALDAD DE TRATO ENTRE ADMINISTRACION (ART. 58.2 B) DE LA LGT) Y ADMINISTRADO (ART. 155.1) EN LA FIJACION DE LA CUANTIA DE LOS MENCIONADOS INTERESES QUE PODRIA VULNERAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCION). POR OTRA PARTE, EN TANTO LOS INTERESES DE DEMORA REGULADOS EN LA NORMA CUESTIONADA NO PERSIGUEN EL EQUILIBRIO ECONOMICO DE LA RELACION TRIBUTARIA, ROTO POR LA FALTA DE PAGO DE LA DEUDA, SINO IMPONER UNA SANCION ADICIONAL, PUEDE VENIR TRANSGREDIDO EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION, PORQUE ESA <SANCION> CON FINES DISUASORIOS NO RESPONDE A LA CONDUCTA INFRACTORA NI A UNA TIPIFICACION ADECUADA.

15. POR PROVIDENCIA DE 12 DE DICIEMBRE DE 1988, LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA: ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION PROMOVIDA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO; DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 37.2 DE LA LOTC, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, AL OBJETO DE QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, ASI COMO PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

16. EN ESCRITO PRESENTADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1988, LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA QUE PESE A QUE DICHA CAMARA NO SE PERSONARA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARA ALEGACIONES, PONE A DISPOSICION DE ESTE TRIBUNAL LAS ACTUACIONES QUE SE PUEDAN PRECISAR.

17. EL 26 DE DICIEMBRE DE 1988 LA PRESIDENCIA DEL SENADO PRESENTA UN ESCRITO EN EL QUE RUEGA SE TENGA POR PERSONADA A ESTA CAMARA EN DICHO PROCEDIMIENTO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LOTC.

18. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LA REPRESENTACION QUE LEGALMENTE OSTENTA, SE PERSONA EN NOMBRE DEL GOBIERNO, Y FORMULA LAS SIGUIENTES ALEGACIONES:

A) TRAS PONER DE MANIFIESTO LA PRESENCIA DE ERRATAS O EVIDENTES ERRORES MATERIALES, A LA HORA DE IDENTIFICAR NUMERICAMENTE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS EN LA PROVIDENCIA DE ADMISION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SOLICITA SU OPORTUNA RECTIFICACION SEGUN PERMITE EL ART.

267.2 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

B) INVOCA EL ABOGADO DEL ESTADO LA FALTA DE ALGUNAS DE LAS CONDICIONES PROCESALES NECESARIAS PARA LA ADMISION DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN CONCRETO, LA AUSENCIA DE UNA SUFICIENTE JUSTIFICACION DEL JUICIO DE RELEVANCIA O RELACION ENTRE LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS Y LA DECISION DEL PROCESO PROCEDENTE (ART. 35.2 DE LA LOTC). EN ESTE SENTIDO, ESTIMA QUE ALGUNO DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS SON IRRELEVANTES Y OTROS REQUIEREN PRECISAR SU RELEVANCIA.

PARA ELLO ES MENESTER RECORDAR QUE EL OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PREVIO ES LA IMPUGNACION DIRECTA DEL REAL DECRETO 2.631/1985, REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA. EL AUTO DE PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION NO REPROCHA SU ILEGALIDAD NI LA DIRECTA E <INMEDIATA> INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA NORMA REGLAMENTARIA, SINO UN PRETENDIDO VICIO ORIGINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD <MEDIATA> DEL REGLAMENTO QUE SE ATRIBUYE A LA LEY 10/1985. SIN EMBARGO, ES PRECISO TRAER A COLACION LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, EN SU APLICACION, NO CORRESPONDE AL GOBIERNO SOSPECHAR O PONER EN TELA DE JUICIO LA CONFORMIDAD A LA CONSTITUCION DE LA LEY QUE DESARROLLA CON CARACTER REGLAMENTARIO. PROBABLEMENTE ESTE RAZONAMIENTO NO IMPIDA QUE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS ENJUICIEN TAMBIEN LA CONSTITUCIONALIDAD MEDIATA DE LOS REGLAMENTOS QUE DESARROLLEN LEYES. PERO ESTA PARADOJA NO PUEDE SINO AFECTAR AL PROBLEMA DE LA RELEVANCIA. EN CONSECUENCIA, ES PRECISO ANALIZAR CON DETALLE LA CONCURRENCIA EN CADA UNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES DISCUTIDOS DE DICHO JUICIO DE RELEVANCIA.

DESPUES DE UN MINUCIOSO EXAMEN, EL ABOGADO DEL ESTADO CONCLUYE SOSTENIENDO QUE: (A) LOS ARTS. 83.3 F) Y 58.2 B) DE LA LGT SON IRRELEVANTES PARA LA DECISION DEL PROCESO PREVIO, PESE A LO CUAL SE ARGUMENTARA SU CONSTITUCIONALIDAD CON CARACTER DE ALEGACION SUBSIDIARIA; (B) LOS ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86 DE LA LGT DEBEN ENTENDERSE CUESTIONADOS DE DISTINTA MANERA, PORQUE <DIRECTAMENTE> SOLO CABE DISCUTIR EL ART. 81.1 A) MIENTRAS LOS REPROCHES QUE SE HACEN A LOS ARTS. 80.4 Y 86 RESULTAN SIMPLEMENTE DERIVADOS O <POR CONEXION>; POR TANTO, EL TEXTO NORMATIVO OBJETO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEBE SER EL CONCRETAMENTE ENUNCIADO EN EL ART. 81.1 A) CUANDO DICE:

<SUSPENSION DEL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES>, Y (C) DEL ART. 82 DE LA LOTC SOLO PUEDE ENTENDERSE CUESTIONADA SU LETRA B).

C) EL AUTO POR EL QUE SE PROMUEVE LA CUESTION RAZONA LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86 LGT CON DOS ARGUMENTOS: HAY UNA FALTA DE COHERENCIA ENTRE EL DEBER DE LEALTAD Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (QUE SE CONSIDERA LA JUSTIFICACION DE ESTOS PRECEPTOS) Y LA CLASE O CATEGORIA DE PERSONAS SELECCIONADA COMO DESTINATARIOS DE LA NORMA SANCIONADORA, PUES SE INCLUYE A PERSONAS QUE NO TIENEN ESE DEBER CUALIFICADO Y CONDUCTAS TAMBIEN AJENAS A TAL DEBER, LO CUAL ES ARBITRARIO E IRRAZONABLE (ART. 14 EN RELACION CON EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION); EL SEGUNDO ESQUEMA ARGUMENTAL HACE REFERENCIA A UNA DISCRIMINACION EN SENTIDO PROPIO, LESIVA DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION: SE TRATA CON UN RIGOR INJUSTIFICADO A QUIENES EJERCEN PROFESIONES OFICIALES Y SOLO POR ESE HECHO.

SIN EMBARGO, AMBAS ARGUMENTACIONES DEBEN SER DESESTIMADAS. DEL ART. 86 SE DESPRENDE QUE LA SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES ES UNA SANCION <ACCESORIA> DE LAS MULTAS PREVISTAS EN EL ART. 83 DE LA LGT, EN SUS APARTADOS 4. Y 5. , Y QUE CASTIGAN ESPECIFICAS VIOLACIONES LEGALES DE LOS DEBERES DE COLABORACION QUE IMPONEN LOS ARTS. 111 Y 112 DE LA LGT; ASI, RESPECTIVAMENTE, LA FALTA DE PRESENTACION DE DECLARACIONES O RELACIONES O NO PROPORCIONAR DATOS REQUERIDOS INDIVIDUALMENTE (APARTADO 4. ), Y LA INEXACTITUD U OMISION DE ESOS MISMOS DATOS REQUERIDOS O DE LOS QUE CONSTEN EN LAS DECLARACIONES O RELACIONES (APARTADO 5. ). EN SUMA, LAS MULTAS DE LOS APARTADOS 4. Y 5. DEL ART. 83 DE LA LGT SE ENTIENDEN POR REFERENCIA A LOS ARTS. 111 Y 112. DEL MISMO MODO, ES PATENTE QUE EL ART. 83.6 DEBE SER REFERIDO IMPLICITAMENTE A ESTOS DOS ULTIMOS PRECEPTOS. PUES BIEN, LOS TRES APARTADOS MENCIONADOS DEL ART. 83 (NUMS. 4. , 5. Y 6. ) DESCRIBEN ACCIONES COMETIDAS POR UNA SOLA CLASE DE SUJETOS INFRACTORES, RECLAMADOS POR EL ART. 77.3 E) DE LA LGT, Y LA STC 110/1984 Y EL ATC 642/1986 RESPALDAN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DEBER DE COLABORACION TRIBUTARIA CUYA BASE ULTIMA PROCEDE DEL PROPIO ART. 31.3 DE LA CONSTITUCION.

EL ART. 111, APARTADO 1.

, DE LA LGT IMPONE UN DEBER DE INFORMACION COMO PARTE DE ESE DEBER GENERAL DE COLABORACION: PROPORCIONAR A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS DATOS PRECISOS; EL APARTADO 4. SE REFIERE EXPRESAMENTE A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS (<INCLUIDOS LOS PROFESIONALES OFICIALES>); ES EVIDENTE PUES QUE ESTE DEBER DE INFORMACION SE IMPONE, EN ESTE CASO, EN TANTO QUE TITULARES DE PROFESIONES OFICIALES, ES DECIR, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, AUNQUE ELLO NO SE DIGA CON CLARIDAD EN EL APARTADO 4. PARA EVITAR EL RIESGO DE LA REDUNDANCIA. ESTA CONSIDERACION RESULTA CORROBORADA EN EL ART. 112, PORQUE LOS DEBERES ALLI RECOGIDOS SE IMPONEN CON EXCLUSIVA REFERENCIA A LA ESFERA PROPIA DE ESAS FUNCIONES; EL APARTADO 3. DE ESTE PRECEPTO ES ESPECIALMENTE REVELADOR DE ESTA TESIS.

PARTIENDO DE ESTAS PREMISAS, NO CABE UNA INFRACCION DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION EN VIRTUD DE LAS DOS ARGUMENTACIONES EXPUESTAS. EN EFECTO, NO HAY UNA INCLUSION INDEBIDA POR EXCESIVA DE CIERTAS PERSONAS, PORQUE TODOS LOS SANCIONABLES CON SUSPENSION ESTAN COMPRENDIDOS EN LA ESFERA DE COLABORACION PREVISTA EN LOS ARTS. 111 Y 112 DE LA LGT. ESTA CONCLUSION SE CORROBORA CUANDO SE CAE EN LA CUENTA DE QUE LA SALA NO PUEDE CONCRETAR CON EJEMPLOS LAS PROFESIONES OFICIALES QUE DENUNCIA SE ENCUENTRAN INDEBIDAMENTE INCLUIDOS. TAMPOCO HAY UNA INCLUSION INDEBIDA POR EXCESIVA DE CONDUCTAS, PORQUE LA INFRACCION DE LOS DEBERES DE COLABORACION (ARTS. 111 Y 112) SE PRODUCE DENTRO DE LA ESFERA DE FUNCIONES PUBLICAS A LA QUE SE REFIERE LA SUSPENSION. POR ULTIMO, CABRIA PREGUNTARSE SI, POR EJEMPLO, PODRIA SANCIONARSE A UN NOTARIO POR VIOLAR EL ART. 111 A) DE LA LGT EN CUANTO A SU CONDICION DE EMPLEADOR EN VEZ DE A LA PROPIAMENTE DE NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO; LA RESPUESTA ES INDUDABLEMENTE NEGATIVA: SOLO PUEDE SER SANCIONADO POR INFRACCION DEL DEBER DE COLABORACION, PERO NO COMO EMPLEADOR.

EL SEGUNDO ARGUMENTO -LA DISCRIMINACION EN SI MISMADEBE SER DESECHADO, PORQUE RESULTA LOGICO MANTENER QUE LA TRANSGRESION DE LOS DEBERES DE COLABORACION TRIBUTARIOS IMPUESTOS EN LOS ARTS. 111 Y 112 EN LA

FORMA DESCRITA EN LOS APARTADOS MENCIONADOS DEL ART. 83 Y SI ES COMETIDA POR QUIEN EJERCE UNA FUNCION PUBLICA Y EN EL EJERCICIO DE LA MISMA, HACE TEMPORALMENTE INDIGNO PARA CONTINUAR EJERCIENDO ESAS FUNCIONES.

TAL ES EL CRITERIO DE LOS ARTS. 45, 46 Y 47 DEL CODIGO PENAL AL REGULAR LAS PENAS ACCESORIAS. LA VALORACION QUE SUBYACE EN LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS ES LA MISMA QUE CIMENTA LAS PENAS ACCESORIAS EN EL CODIGO PENAL Y, SIENDO ESTO ASI, NO PUEDE REPUTARSE DISCRIMINATORIA LA SANCION ACCESORIA DE SUSPENSION QUE ESTABLECEN NI EXISTE LIMITE CONSTITUCIONAL ALGUNO QUE IMPIDA SU PREVISION POR EL LEGISLADOR PARA DETERMINADAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS.

ADEMAS, CUANDO EN EL ART. 26 DE DICHO CUERPO LEGAL SE DELIMITA LA NOCION DE PENA SE DICE QUE NO SE CONSIDERAN TALES LAS MULTAS Y LAS DEMAS CORRECCIONES QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS IMPONGAN LOS SUPERIORES A SUS SUBORDINADOS O ADMINISTRADOS. EN CONCLUSION, QUIEN PARTICIPA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS NO ESTA EN IGUAL SITUACION QUE QUIEN NO PARTICIPA DE LAS MISMAS Y PARA EL CASO DE QUE AMBOS INFRINJAN LOS DEBERES DE COLABORACION TRIBUTARIA; Y, COMPLEMENTARIAMENTE, ESTA DIFERENCIA DE SUPUESTOS DE HECHO PERMITE O JUSTIFICA UNA RAZONABLE DIFERENCIACION EN EL TRATO NORMATIVO.

D) LA INCLUSION DEL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA ENTRE LOS CRITERIOS DE GRADUACION DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS (ART.

82 B) DE LA LGT) TAMPOCO ES DISCRIMINADORA. <GRADUAR> PUEDE SUPONER AUMENTAR, DISMINUIR, AGRAVAR O ATENUAR, COMO SE DESPRENDE CON CLARIDAD DEL ARTICULO 11.2 DEL REAL DECRETO 2.631/1985 QUE DESARROLLA LA LEY CUESTIONADA. EL PROPIO CODIGO PENAL EN SU ART. 63 ORDENA A LOS TRIBUNALES DETERMINAR LA CUANTIA DE LAS MULTAS DE ACUERDO <PRINCIPALMENTE CON EL CAUDAL O FACULTADES DEL CULPABLE>, Y ESTE PRECEPTO FUE UTILIZADO EN LA STC 19/1988 PARA NEGAR QUE EL ART. 91 DEL CODIGO PENAL (RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTAS) VULNERE EL ART. 9.2 DE LA CONSTITUCION.

ES, POR LO DEMAS, UN MISTERIO LA RAZON POR LA CUAL EL CONSEJO DE LA ABOGACIA RECURRENTE Y LUEGO LA SALA CREEN QUE LO PREVENIDO EN EL ART. 82 B) DE LA LGT CONFIGURA UNICAMENTE UN CRITERIO DE AGRAVACION DE LAS SANCIONES; Y LA ARGUMENTACION DE LA SALA, CONDUCENTE A DEMOSTRAR QUE <ANTE CONDUCTAS IGUALES, SANCIONES IGUALES>, RESULTA INCOMPATIBLE CON LA IMPRESCINDIBLE SENSIBILIDAD HACIA LAS DESIGUALDADES SOCIALES REALES QUE IMPONE EL ART. 9.2 DE LA CONSTITUCION Y A LA QUE DEBE ACUDIRSE PARA ENTENDER EL POTENCIAL AFLICTIVO DE UNA MULTA. A MAYOR ABUNDAMIENTO, EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA OPERA, JUNTO CON OTROS MULTIPLES CRITERIOS, PARA GRADUAR LAS SANCIONES DENTRO DE UN MINIMO Y DE UN MAXIMO LEGALMENTE PREVISTOS; POR TANTO, SE PARTE YA DE UNA PREVIA IGUALDAD FORMAL ANTE LAS SANCIONES, QUE SATISFACE LAS EXIGENCIAS DEL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION, Y QUE LUEGO SE MODULA EN VIRTUD DE LAS EXIGENCIAS DE LA IGUALDAD MATERIAL (ART. 9.2) Y QUE TAMBIEN SE DESPRENDEN DE LA PROGRESIVIDAD Y LA IGUALDAD TRIBUTARIA RECONOCIDAS EN EL ART. 31.1 DE LA NORMA SUPREMA.

POR SI TODO ELLO NO FUERA BASTANTE PARA DESESTIMAR ESTA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE HACE UN USO INCORRECTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EX ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION QUE, EN REALIDAD, SE REFIERE AL <SISTEMA TRIBUTARIO> ENTENDIDO COMO UN CONJUNTO EN EL QUE LOGICAMENTE SE ENCUENTRAN LAS SANCIONES. NO HAY OBSTACULO ALGUNO PARA TRASLADAR ESTE PRINCIPIO AL AMBITO DE LAS SANCIONES, PERO NO ES ESA LA SOLUCION OFRECIDA POR LA LEY 10/1985 QUE NO PREVE MULTAS <PROGRESIVAS> SINO <PROPORCIONALES>, LO QUE ES ALGO BIEN DISTINTO.

E) EL ART. 83.3 F) DE LA LGT, REFERIDO A LA SANCION POR LA FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION, NO LESIONA DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO Y, EN CONCRETO, NO VULNERA EL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION.

DEBE REFLEXIONARSE, EN PRIMER LUGAR, SOBRE LA POSIBILIDAD DE TRASLADAR A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES TRIBUTARIOS LOS DERECHOS PROCESALES RECONOCIDOS EN EL CITADO ART. 24.2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DECLARADO QUE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON EXCEPCION DEL SANCIONADOR, SON AJENOS A ESTA ESFERA DE GARANTIA (SSTC 68/1985 Y 175/1987; Y AATC 966/1987, 1107/1986, 45/1987, ETC). AHORA BIEN, TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION TRIBUTARIA NO SANCIONADORA Y, ENTRE ELLOS, LOS DE LIQUIDACION E INSPECCION ESTAN FUERA DEL AMBITO DEL ART. 24.2; DE FORMA MAS PRECISA PUEDE DECIRSE QUE LAS EXIGENCIAS DE ESTA NORMA CONSTITUCIONAL SE APLICARAN <MATIZADAMENTE> A ESOS PROCEDIMIENTOS.

ELLO NO OBSTANTE, EL ART. 83.3 F) DE LA LGT NO VULNERA NINGUNO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECOGIDOS EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION. LOS DOCUMENTOS CONTABLES NO SON REALMENTE <PRUEBAS> EN SU SENTIDO TECNICO O ESTRICTO SINO MEROS ELEMENTOS DE FIJACION O REFLEJO DE UNA SITUACION FINANCIERA QUE ES PRECISO EXHIBIR. PRECISADO EL SENTIDO DEL CITADO ARTICU LO 83.3 F), NO ES MAS QUE UNA GARANTIA SANCIONADORA DE LOS DEBERES FORMALES ESTABLECIDOS EN EL ART. 35.2 DE LA LGT: LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD Y DE REGISTRO Y OTROS EXTREMOS; Y ESTE ULTIMO PRECEPTO, SIN EMBARGO, NO HA SIDO CUESTIONADO.

NO PUEDE SOSTENERSE, EN VIRTUD DE CUANTO ANTECEDE Y COMO HACE LA SALA, QUE EL ART.

83.3 F) SE INCLUYE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

PORQUE EN EL NO SE PREVE UNA SANCION DENTRO DE OTRO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SINO LA OMISION DEL DEBER DE FACILITAR CIERTOS DATOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE GESTION TRIBUTARIA. POR ELLO CARECE DE SENTIDO INVOCAR UN SUPUESTO DERECHO A NO <AUTOINCULPARSE>, YA QUE LA APLICACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA NO PUEDE RESULTAR DE RECIBO EN LA ESFERA DE LA GESTION TRIBUTARIA, DONDE NO TIENE SENTIDO HABLAR DE INOCENTES O CULPABLES EN VEZ DE CONTRIBUYENTES.

EN RESUMEN, EL ART. 83.3 F) DE LA LGT GARANTIZA LOS DEBERES FORMALES IMPUESTOS POR EL ART. 35.2 DE LA MISMA LEY. Y NO VULNERA NINGUNA MANIFESTACION DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, SUPONIENDO QUE FUERA POSIBLE SU APLICACION EN ESTE AMBITO. NO LESIONA EL DERECHO AL EMPLEO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES, PORQUE LOS DOCUMENTOS CONTABLES REQUERIDOS SON LEGALMENTE NECESARIOS PARA HACER POSIBLE LA GESTION TRIBUTARIA QUE ES ALGO PREVIO A LA SANCION. TAMPOCO VIOLA LA PRESUNCION DE INOCENCIA PORQUE, DE UN LADO, ESTE DERECHO NO PUEDE TRASLADARSE A LA GESTION TRIBUTARIA Y, DE OTRO, NO <DECLARAR> ES ALGO QUE NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA ADQUISICION PROCESAL DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL INCULPADO.

F) FINALMENTE, LA SALA CUESTIONA LA REGULACION QUE LA LEY HACE DEL INCREMENTO DEL 25 POR 100 DEL INTERES LEGAL EN EL INTERES DE DEMORA (ARTICULO 58.2 B) DE LA LGT). SEGUN SU PARECER, TAL DISEÑO NORMATIVO CONTRARIA LOS ARTS. 14 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION. RECUERDA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE YA HA ABORDADO ESTE PROBLEMA EN SUS ALEGACIONES A LA CUESTION NUMERO 899/1988 A LAS QUE SE REMITE INTEGRAMENTE (Y NO ES MENESTER REITERAR AHORA CON DETALLE), FORMULANDO ALGUNA PRECISION ADICIONAL. SE DESTACA LA INCIDENTAL ALUSION A ESTE INCREMENTO QUE SE HIZO EN LA STC 14/1986 SIN DISCUTIR SU CONSTITUCIONALIDAD, Y SE INSISTE EN QUE SU FINALIDAD ESTA EN ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE UN MANDATO CONSTITUCIONAL IMPLICITAMENTE IMPUESTO AL LEGISLADOR EN EL ART. 31.1.

SE RESALTA DE NUEVO LA DIFERENTE SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN, A ESTOS EFECTOS, ADMINISTRACION Y ADMINISTRADO, SITUACION QUE PERMITE OTORGARLES UN DISTINTO TRATO NORMATIVO; Y SIENDO EL FIN LICITO Y NO DESPROPORCIONADA LA MEDIDA, NO SE VIOLA EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION. POR OTRO LADO, NO PUEDE ESTIMARSE ILEGITIMO QUE EL LEGISLADOR PROTEJA MAS SUS INGRESOS TRIBUTARIOS QUE LOS EXTRATRIBUTARIOS. LA TACHA DE DISCRIMINACION EX ART. 14 CARECE, EN DEFINITIVA, DE CONSISTENCIA ARGUMENTAL.

NINGUNA INFRACCION SE ADVIERTE TAMPOCO DEL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION. NO EXISTE UN CONCEPTO DE INTERES DE DEMORA EN LA CONSTITUCION Y CON CARACTER SUPRALEGAL NI, MENOS AUN, UN INTERES MORATORIO DE DERECHO NATURAL. EL LEGISLADOR PUEDE ATRIBUIR A ESTE INTERES UNA FINALIDAD DISUASORIA JUNTO A LA RESARCITORIA, SOBRE TODO SI OPERA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL QUE ES UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE IMPUESTA POR EL LEGISLADOR. Y, POR ULTIMO, ESA FINALIDAD DISUASORIA NO CONFIGURA UNA SANCION EN SENTIDO ESTRICTO Y, ES EVIDENTE, QUE LA LEY 10/1985 SATISFACE LAS GARANTIAS FORMALES, RELATIVAS A LA PRESENCIA DE UNA NORMA PREVIA CON RANGO DE LEY, Y MATERIALES SOBRE LOS REQUISITOS DE TIPICIDAD, RIGOR Y CERTEZA, QUE SE DESPRENDEN DEL ART.

25.1 DE LA CONSTITUCION.

G) EN VIRTUD DE LAS RAZONES EXPUESTAS, EL ABOGADO DEL ESTADO SOLICITA SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO: (A) QUE NO HA LUGAR A PRONUNCIARSE SOBRE LA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 83.3 F) Y 58.2 B) DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, EN LA REDACCION QUE LES DIO LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL, Y QUE DEBE DESESTIMARSE LA CUESTION RESPECTO A LOS RESTANTES PRECEPTOS CUESTIONADOS (ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86, ASI COMO EL ART.

82 B)), Y (B) SUBSIDIARIAMENTE, QUE SE DESESTIME LA CUESTION EN SU INTEGRIDAD POR NO SER CONTRARIOS A LA CONSTITUCION LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS.

SE ADVIERTE ADEMAS QUE EXISTE UN EVIDENTE NEXO ENTRE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL RECURSO NUM. 695/1985 Y LA CUESTION NUM.

889/1988, YA QUE: (A) LOS TRES PROCESOS DECLARATIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SE ENCUENTRAN EN IDENTICA FASE PROCESAL; (B) SON OBJETO TANTO DEL RECURSO 695/1985 COMO DE ESTA CUESTION, 1960/1988, LOS ARTS. 80.4, 81.1 A), 82 B) Y 86 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, Y LA PRESENTE CUESTION Y LA 889/1988 SE REFIEREN AL ART. 58.2 B) DE LA MISMA LEY, Y (C) HAY AFINIDAD, Y A VECES COINCIDENCIA, EN LA ARGUMENTACION EXPUESTA, POR LO QUE, A SU JUICIO, EXISTEN RAZONES MAS QUE SOBRADAS QUE JUSTIFICAN LA UNIDAD DE TRAMITE Y DECISION DE LOS TRES CITADOS PROCESOS. POR TODO ELLO SOLICITA QUE SE DISPONGA LA ACUMULACION DE LA CUESTION 1.960/1988 A LA NUM. 889/1988 Y AL RECURSO NUM. 695/1985.

19. EN ESCRITO PRESENTADO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1988, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE PERSONA EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULA LAS PERTINENTES ALEGACIONES, ENTENDIENDO QUE PROCEDE, EN PRIMER TERMINO Y CON CARACTER PRINCIPAL, DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION Y, SUBSIDIARIAMENTE, LA DESESTIMACION DE LA MISMA, SUSPENDIENDO EN TODO CASO TAL PRONUNCIAMIENTO HASTA TANTO SE RESUELVA EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 695/1985.

EN APOYO DE SU PRETENSION, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO EXPONE LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN. SEÑALA EL MINISTERIO PUBLICO, ENTRE OTRAS CUESTIONES PREVIAS, LA ERRONEA CONCEPCION QUE MANTIENE EL ORGANO JUDICIAL SOBRE QUIEN ES EL VERDADERO PROMOTOR DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ESTE NO PUEDE SER EN MODO ALGUNO LAS PARTES, COMO SE AFIRMA EN EL AUTO DE REMISION. LA SALA NO PUEDE ABANDONAR TODO PROTAGONISMO Y LIMITARSE A TRASLADAR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LAS SUPUESTAS INCONSTITUCIONALIDADES QUE EL COLEGIO RECURRENTE DENUNCIO.

ASIMISMO, SE DESTACA LA INSUFICIENTE JUSTIFICACION DEL LLAMADO JUICIO DE RELEVANCIA, PUESTO QUE NO SE EXPLICA EN NINGUN FUNDAMENTO EN QUE MODO LA SOLUCION DEL ASUNTO PLANTEADO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA CUESTIONADA; ESTA OMISION TRANSGREDE EL CARACTER CONCRETO Y NO ABSTRACTO QUE LAS CUESTIONES POSEEN EN NUESTRO DERECHO. EL OBJETO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ERA LA ADECUACION DE UN REGLAMENTO A LA LEY Y NO LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUEL. TODO ELLO DEBE LLEVAR A UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SE ENCUENTRAN LOS AUTOS, A UNA SENTENCIA DE DESESTIMACION POR FALTA DE LOS REQUISITOS PROCESALES CON UN FALLO DE <NO HABER LUGAR A PRONUNCIARSE>.

UNA VEZ SENTADA ESTA FALTA DE LAS NECESARIAS CONDICIONES PROCESALES, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO ANALIZA LOS DISTINTOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ESGRIMIDOS POR LA SALA QUE PROMOVIO LA CUESTION:

A) EN RELACION A SI LA SUSPENSION PREVISTA Y REGULADA COMO SANCION ES DISCRIMINATORIA (ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86 DE LA LGT), NO ES ESTE UN PLANTEAMIENTO QUE TENGA MUCHO QUE VER CON EL OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PREVIO, PUES, AL IMPUGNAR EL ART.

2 A) DEL REAL DECRETO 2.631/1985, LO QUE EN SU DIA SE DENUNCIO POR EL RECURRENTE ERA QUE DICHO PRECEPTO EXTENDIA TAL SANCION A <LOS CARGOS O EMPLEADOS PUBLICOS> Y MAS ALLA DE LO PREVISTO EN EL ART. 81.1 A) DE LA LEY 10/1985. PERO PARA RESOLVER ESTA CUESTION NO ERA PRECISO ENJUICIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. LO ANTERIOR PONE DE RELIEVE, UNA VEZ MAS, LA FALTA DEL JUICIO DE RELEVANCIA; E INCLUSO HACE INTERROGARSE, SOBRE QUE LEGITIMIDAD, ES DECIR, QUE INTERES PROPIO POSEIA EL CONSEJO RECURRENTE PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE UN PRECEPTO QUE AFECTA A LOS FUNCIONARIOS ENTENDIDOS EN TERMINOS GENERALES Y QUE PARA NADA ATAÑE AL EJERCICIO DE LA ABOGACIA NI A LOS INTERESES CORPORATIVOS DE SUS COLEGIADOS. DE SALVARSE ESTAS OBJECIONES PREVIAS, ES PRECISO RECORDAR LA RELACION ESPECIAL DE SUJECION QUE UNE A LOS EMPLEADOS PUBLICOS CON LA ADMINISTRACION Y DE LA QUE SE EXTRAEN IMPORTANTES CONSECUENCIAS; SER FUNCIONARIO ES UN ELEMENTO DIFERENCIADOR AL QUE LEGITIMAMENTE PUEDE EL LEGISLADOR ASIGNAR CONSECUENCIAS NORMATIVAS, Y AUN SANCIONADORAS, DIVERSAS DE LAS PREVISTAS PARA EL RESTO DE LOS CIUDADANOS. POR CONSIGUIENTE, A LO MAS QUE PODRIA LLEGARSE EN ESTE PUNTO ES A UNA SENTENCIA INTERPRETATIVA EN LA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ORIENTASE SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE EL FUNCIONARIO YA NO PARTICIPA DE SU ESPECIAL CONDICION Y ACTUA COMO UN CIUDADANO ORDINARIO Y EN LAS QUE UNA SANCION QUE LO APARTE DEL TRATO GENERAL PODRIA SER LESIVA DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.

B) RESPECTO DEL EMPLEO DEL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR PARA GRADUAR LAS SANCIONES TRIBUTARIAS (ART. 82 B) DE LA LGT), LA SALA NO EXPLICA SATISFACTORIAMENTE DONDE SE PRODUCE LA DISCRIMINACION NO JUSTIFICADA.

LA LEY DISCUTIDA Y EL REAL DECRETO QUE LA DESARROLLA NO ESTABLECEN SANCIONES DISTINTAS EN ATENCION A LA CAPACIDAD ECONOMICA, SINO QUE, DENTRO DE LOS LIMITES CUANTITATIVOS DE LA SANCION DINERARIA, PERMITEN SU GRADUACION DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO. LAS AFIRMACIONES DE LA SALA DESCONOCEN LO QUE SE DISPONE EN EL ART. 63 DEL CODIGO PENAL PARA LAS MULTAS E IGNORAN TODA UNA CORRIENTE ACTUAL DEL DERECHO PENAL ORIENTADA A QUE LA MULTA, PRECISAMENTE PARA QUE NO PIERDA LA IGUALDAD DE SUS EFECTOS Y SEA SENTIDA POR LOS PENADOS CON IDENTICA INTENSIDAD, SE CUANTIFIQUE EN ATENCION A LOS MEDIOS ECONOMICOS DE CADA CUAL; DE AHI LA LLAMADA <MULTA-SALARIO> QUE EXISTE EN ALGUNAS LEGISLACIONES.

C) LA TERCERA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIADA EN EL AUTO POR EL QUE SE PROMUEVE LA CUESTION SE REFIERE A LA CONSIDERACION COMO INFRACCION TRIBUTARIA DE <LA FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION> (ART. 83.3 F) DE LA LGT), POR ENTENDER QUE VULNERA LA PRESUNCION DE INOCENCIA (ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION), ENTRE CUYOS ELEMENTOS SE DICE FIGURA EL <DERECHO A NO AUTOINCULPARSE>. TAMPOCO ESTE MOTIVO SE RAZONA SUFICIENTEMENTE Y NO ES FACIL ADVERTIR DE DONDE SE OBTIENE QUE LA APORTACION DE DOCUMENTOS SEA <AUTOINCULPARSE>. LA STC 103/1985 DECLARO, SUSTANCIALMENTE, QUE EL DEBER DE SOMETIMIENTO AL CONTROL DE ALCOHOLEMIA NO PUEDE CONSIDERARSE CONTRARIO AL DERECHO A NO DECLARARSE CULPABLE, YA QUE NO OBLIGA AL DETECTADO A ADMITIR SU CULPABILIDAD, SINO UNICAMENTE A TOLERAR QUE SEA OBJETO DE UNA ESPECIAL MODALIDAD DE PERICIA. ESTE MISMO RAZONAMIENTO, MUTATIS MUTANDIS, PUEDE TRAERSE AHORA A LA CUESTION QUE AQUI NOS OCUPA.

D) LA ULTIMA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS EXPUESTAS ATAÑE AL INTERES DE DEMORA DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS (ART. 58.2 B) DE LA LGT). LA CUESTION ES BASICAMENTE LA MISMA QUE SUSCITO LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 889/1988, POR LO QUE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE REMITE A LA ARGUMENTACION ALLI RAZONADA. LA COMPARACION PRETENDIDA CARECE DEL BASAMENTO IMPRESCINDIBLE PARA CUALQUIER JUICIO DE IGUALDAD, PORQUE NO SON TERMINOS DE COMPARACION IGUALES LOS CIUDADANOS CONTRIBUYENTES Y LA HACIENDA PUBLICA. EN LO REFERENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONADORA (ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION), NO EXISTE DUDA DE LA PRESENCIA DE UNA NORMA DE RANGO LEGAL Y NADA SE ESPECIFICA SOBRE LA OMISION DE LA DEBIDA TIPIFICACION DE LAS CONDUCTAS Y, ADEMAS, NO PUEDE LLEVARSE AL CONTENIDO DE UNA DISCUSION SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD LA ESENCIA MISMA O RAZON DE SER DE LA LEY DE QUE SE TRATE.

20.

POR PROVIDENCIA DE 16 DE ENERO DE 1989 LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA: (A) QUE HABIENDOSE OBSERVADO ERRORES MATERIALES EN LA PROVIDENCIA DE ADMISION DE LA CUESTION Y EN LA TRANSCRIPCION DE LOS ARTICULOS CUESTIONADOS A QUE SE REFIERE EL AUTO DE PLANTEAMIENTO, PROCEDE RECTIFICARLA EN EL SENTIDO DE QUE LOS ARTICULOS IMPUGNADOS SON: <A) 80.4, 81.1 A) Y 86; B) 82; C) 83.3 F), Y D) 58.2 B)>; (B) QUE HABIENDOSE SOLICITADO LA ACUMULACION DE LA PRESENTE CUESTION POR EL ABOGADO DEL ESTADO, ASI COMO LA NUM. 889/1988 AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD REGISTRADO CON EL NUM. 695/1985, PROCEDE OIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, ALEGUE LO QUE ESTIME OPORTUNO EN RELACION CON DICHA PETICION, Y (C) PUBLICAR LA CORRESPONDIENTE RECTIFICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

21. EN ESCRITO DE 24 DE ENERO DE 1989, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DICE QUE NO ENCUENTRA NINGUN INCONVENIENTE EN LA ACUMULACION DE LOS TRES MENCIONADOS PROCESOS CONSTITUCIONALES, LO CUAL, A SU JUICIO, NO IMPEDIRIA QUE, EN SU CASO, SE DECLARASE EN EL FALLO LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION NUM. 1.960/1988, SIN PERJUICIO DE QUE LO ACORDADO TENGA LOS EFECTOS GENERALES DISPUESTOS EN EL ART. 38.2 DE LA LOTC.

22. MEDIANTE PROVIDENCIA DE 21 DE FEBRERO DE 1989, LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA QUE SE OIGA TAMBIEN AL COMISIONADO DON LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID, QUE, EN SU PROPIO NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE OTROS CINCUENTA Y NUEVE SENADORES, PROMOVIO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 695/1985 PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, EXPONGA LO QUE ESTIME PROCEDENTE ACERCA DE LA ACUMULACION PEDIDA POR EL ABOGADO DEL ESTADO.

23. EN ESCRITO PRESENTADO EN ESTE TRIBUNAL EL 6 DE MARZO DE 1989, EL SEÑOR FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID MANIFIESTA QUE NO TIENE NADA QUE OPONER A LA ACUMULACION SOLICITADA.

24. POR AUTO DE 4 DE ABRIL DE 1989, EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA LA ACUMULACION DE LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMEROS 889 Y 1.960/1988, AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 695/1985.

25. POR PROVIDENCIA DE 24 DE ABRIL DE 1990, SE ACUERDA SEÑALAR EL DIA 26 SIGUIENTE PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL TIENE POR OBJETO LA RESOLUCION DE UNA IMPUGNACION DIRECTA Y DE DOS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD RELATIVAS A DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY 10/1985, DE 26 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1963 (LGT). EN RELACION CON UNA DE ESTAS CUESTIONES, LA PROMOVIDA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y REGISTRADA CON EL NUM.

1.960/1988, TANTO EL ABOGADO DEL ESTADO COMO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO MANIFIESTAN QUE NO SE HAN SATISFECHO LAS CONDICIONES PROCESALES NECESARIAS PARA SU ADMISION A TRAMITE, PUES EN EL AUTO DE PLANTEAMIENTO NO SE OFRECE UN RAZONAMIENTO SUFICIENTE ACERCA DEL MODO EN QUE LA SOLUCION DEL ASUNTO DEDUCIDO EN LA VIA JUDICIAL DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA. ES MENESTER, POR CONSIGUIENTE, ANTES DE ENTRAR EN EL FONDO DEL ASUNTO, COMPROBAR SI SE HA CUMPLIDO CON LO EXIGIDO EN EL ART.

163 DE LA CONSTITUCION Y EN EL ART. 35.1 DE LA LOTC.

LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON LOS ARTS. 58.2 B), 80.4, 81.1 A), 82 B), 83.3 F) Y 86 DE LA LGT EN LA REDACCION DADA A LOS MISMOS POR LA CITADA LEY 10/1985. PARA EL MINISTERIO PUBLICO, LA FALTA DE JUICIO DE RELEVANCIA AFECTA A TODOS AQUELLOS PRECEPTOS, EN TANTO QUE PARA EL ABOGADO DEL ESTADO SOLO ALCANZARIA A LOS ARTS. 83.3 F) Y 58.2 B).

EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE ORIGEN TIENE POR OBJETO UNA IMPUGNACION DIRECTA DE UNA DISPOSICION GENERAL, EL REAL DECRETO 2.631/1985, DE 18 DE DICIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS. ESTA CIRCUNSTANCIA INCLINA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO A INSISTIR EN EL CARACTER ABSTRACTO DE LA CUESTION PLANTEADA, PUES ESTA HA SIDO PROMOVIDA EN UN PROCESO EN EL QUE SE RECURRE POR EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA UNA DISPOSICION GENERAL DE LA ADMINISTRACION Y NO UN ACTO SINGULAR, SIN QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA LESION INDIVIDUALIZADA Y ACTUAL DE DERECHOS O INTERESES DE LA CORPORACION RECURRENTE, NI ESTE EN JUEGO LA APLICACION CONCRETA DE LA LEY O DEL REAL DECRETO. EN SINTESIS, EL FISCAL GENERAL SOSTIENE QUE LA SALA HA DESBORDADO LA FUNCION DE CONTROL CONCRETO QUE LA VIA DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES DEBE CUMPLIR SEGUN LOS ARTS. 163 DE LA CONSTITUCION Y 35 DE NUESTRA LEY ORGANICA. POR SU PARTE, EL ABOGADO DEL ESTADO MUESTRA TAMBIEN SU PERPLEJIDAD ANTE EL PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTION EN LA QUE SE DISCUTE UN PRETENDIDO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD MEDIATA DE UN REGLAMENTO CUYO ORIGEN INMEDIATO SE IMPUTA A LA LEY 10/1985 DE LA QUE AQUEL TRAE CAUSA, SI BIEN LIMITA SU OPOSICION A LA FALTA DEL NECESARIO JUICIO DE RELEVANCIA EN RELACION CON LOS DOS PRECEPTOS ANTERIORMENTE CITADOS.

EN CUALQUIER CASO, Y CON EL FIN DE REDUCIR A SUS JUSTOS TERMINOS EL ALCANCE EFECTIVO QUE LAS ANTERIORES OBJECIONES TIENEN EN EL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL, ES OPORTUNO ADVERTIR QUE, SALVO EL ART. 83.3 F), TODOS LOS PRECEPTOS LEGALES DE CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE DUDA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO HAN SIDO TAMBIEN DISCUTIDOS, SEA EN EL RECURSO 695/1985, SEA EN LA CUESTION 889/1988.

EL LLAMADO JUICIO DE RELEVANCIA, QUE ES EL ESQUEMA ARGUMENTAL DIRIGIDO A PROBAR QUE EL FALLO DEL PROCESO JUDICIAL DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA CUESTIONADA, OFRECE SIN DUDA MATICES SINGULARES EN LOS CASOS EN QUE EL PROCESO PREVIO TIENE POR OBJETO LA IMPUGNACION DIRECTA DE UNA DISPOSICION GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD ES DUDOSA PARA EL ORGANO JUDICIAL PORQUE DUDOSA ES PARA ESTE MISMO ORGANO LA ADECUACION A LA CONSTITUCION DE LA LEY QUE EL REGLAMENTO VIENE A EJECUTAR O DESARROLLAR. EL CARACTER CONCRETO DE LA FUNCION DE CONTROL DE NORMAS CON RANGO DE LEY QUE LA VIA DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PONE EN MARCHA SE VE EN ESTOS SUPUESTOS ALGO DILUIDO, PERO ESTA TENDENCIA A LA ABSTRACCION DEL CONTROL NO PRIVA DE SENTIDO AL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES ES CLARO QUE TAMBIEN EN ESTOS CASOS EL PROCESO JUDICIAL NO PUEDE RESOLVERSE SI ANTES NO SE DESPEJA LA DUDA ACERCA DE LA ADECUACION O NO A LA CONSTITUCION DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS IMPUGNADAS DESARROLLAN O EJECUTAN. ELLO NO EXCLUYE, SIN EMBARGO, QUE EN TALES CASOS EL ORGANO JUDICIAL HAYA DE EXTERIORIZAR LA CONEXION EXISTENTE ENTRE LA NORMA DE RANGO REGLAMENTARIO Y LA DE RANGO LEGAL CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE DISCUTE, DEBIENDO COINCIDIR LOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS QUE EL RECURRENTE IMPUGNA EN EL PROCESO ORDINARIO CON EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS, PUES, SEGUN HA AFIRMADO ESTE TRIBUNAL EN ANTERIOR OCASION CON UNA DECLARACION DE ALCANCE GENERAL, LA REVISION DEL JUICIO DE RELEVANCIA TIENE NECESARIAMENTE QUE REALIZARSE A LA LUZ DE LA <INTERDEPENDENCIA ENTRE PRETENSION PROCESAL, PROCESO Y RESOLUCION JUDICIAL>, DADO QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SE SUSCITA EN EL SENO DE UN CONCRETO Y DETERMINADO PROCESO (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 6. , Y STC 86/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

EN EL PRESENTE CASO, EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA HA IMPUGNADO ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, ENTRE OTROS PRECEPTOS, EL ART. 14.3 F) DEL REAL DECRETO 2.631/1985, SEGUN EL CUAL SE ENTENDERA QUE EL SUJETO INFRACTOR HA ACTUADO DE MALA FE SI SE DIERA UNA <FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION>. EN EL RAZONAMIENTO QUE SUSTENTA DICHA IMPUGNACION SE HACE EXPRESA MENCION DEL ART. 83.3 F) DE LA LGT, RELATIVO A LA SANCION DE LA OMISION DEL DEBER DE COLABORACION TRIBUTARIA POR FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION, Y QUE ES UNO DE LOS PRECEPTOS CUYA RELEVANCIA SE DISCUTE POR EL ABOGADO DEL ESTADO. ASIMISMO, SE IMPUGNAN EN LA DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DISTINTOS PRECEPTOS DEL CITADO REAL DECRETO 2.631/1985 (ART. 10.5, ART. 19 Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA) QUE SE REFIEREN A LAS SANCIONES POR INGRESOS FUERA DE PLAZO Y, EN CONCRETO, AL INTERES DE DEMORA QUE, CONFORME AL ART. 58.2 B) DE LA LGT, EN SU NUEVA REDACCION, ES EL LEGAL DEL DINERO INCREMENTADO EN UN 25 POR 100; Y NUEVAMENTE SE HACE EXPRESA REFERENCIA AL PRECEPTO LEGAL QUE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS IMPUGNADAS DESARROLLAN. ES PATENTE, POR TANTO, LA INTIMA CONEXION HABIDA ENTRE LOS PRECEPTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS CITADOS EN LA CAUSA PETENDI Y EN LA PRETENSION PROCESAL EJERCIDA EN EL PROCESO PREVIO.

UNA VEZ COMPROBADO ESTE EXTREMO, DEBE BASTAR AHORA CON DETERMINAR SI EL AUTO POR EL QUE SE PROMUEVE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD HA EXTERIORIZADO SUFICIENTEMENTE EL JUICIO DE RELEVANCIA EN LO QUE CONCIERNE A LOS ARTS. 83.3 F) Y 58.2 B) DE LA LGT, PUES, COMO RECUERDA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, LA SALA NO PUEDE ABANDONAR TODO PROTAGONISMO Y LIMITARSE A TRASLADAR A ESTE TRIBUNAL LAS SUPUESTAS INCONSTITUCIONALIDADES QUE LA CORPORACION RECURRENTE DENUNCIO, SINO QUE ES EL PROPIO ORGANO JUDICIAL EL QUE DEBE EXPONER DE FORMA RAZONADA SUS DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY DE LAS QUE DEPENDE EL FALLO, COMO EXIGE CON TODA CLARIDAD EL ART. 163 DE LA CONSTITUCION.

EN EL AUTO DE PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, LA SALA ARGUMENTA CON ALGUN PORMENOR ACERCA DE LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 83.3 F) DE LA LGT, PERO NO CITA NINGUN ARTICULO DEL REAL DECRETO 2.631/1985 DEL QUE DICHO PRECEPTO LEGAL RESULTE JURIDICAMENTE HABILITANTE. SIN EMBARGO, ES FACIL ADVERTIR LA CONEXION EXISTENTE ENTRE EL TEXTO DEL ART. 83.3 F) DE LA LGT Y EL DEL ART. 14.3 F) DEL REAL DECRETO 2.631/1985, PUES EL SEGUNDO ES EN PARTE TRANSCRIPCION LITERAL DEL PRIMERO, Y LA CONCRETA IMPUGNACION DE LA NORMA REGLAMENTARIA SE FUNDA EN LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA LEGAL. POR ELLO LA OMISION POR LA SALA DE LA CITA EXPRESA DEL PRECEPTO REGLAMENTARIO IMPUGNADO POR LA PARTE NO ES EN ESTE CASO UN OBSTACULO QUE IMPIDA ENTENDER QUE EXISTE UNA MENCION IMPLICITA DE TAL PRECEPTO CUYA EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDAD DERIVARIA DE LA QUE ADOLECIERA LA NORMA LEGAL QUE DESARROLLA.

EN LO REFERENTE AL ART. 58.2 B) DE LA LGT, LA SALA ENTIENDE QUE DICHO PRECEPTO LEGAL ES JURIDICAMENTE HABILITANTE DE LOS ARTS. 10.5, 19 Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DEL REAL DECRETO 2.631/1985 Y ARGUMENTA SU PRESUNTA CONTRADICCION CON LOS ARTS. 14 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION. EL ABOGADO DEL ESTADO DENUNCIA LA FALTA DE CONEXION EXISTENTE ENTRE AQUELLOS ARTICULOS, YA QUE, A SU JUICIO, LOS CITADOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS SE REFIEREN SIMPLEMENTE A LOS INTERESES DE DEMORA POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA FINALIZACION DEL PLAZO VOLUNTARIO DE PAGO Y EL DIA EN QUE SE PRACTIQUEN LAS LIQUIDACIONES, EN TANTO QUE EL ART. 58.2 B) DE LA LGT INCLUYE UN INCREMENTO DE UN 25 POR 100 DEL INTERES LEGAL DEL DINERO A LA HORA DE CUANTIFICAR DICHO INTERES; ESTE INCREMENTO, QUE ES EL VERDADERO OBJETO DEL DEBATE EN ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL, NO VIENE, EN CAMBIO, RECOGIDO EN LOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS. PERO LA OBJECION NO PUEDE SER ADMITIDA, PUES, AUN SIENDO CIERTO QUE LOS ARTICULOS ANTES CITADOS DEL REAL DECRETO 2.631/1985 NO MENCIONAN EL DISCUTIDO INCREMENTO DE UN 25 POR 100 SOBRE EL INTERES LEGAL DEL DINERO, NO LO ES MENOS QUE VIENEN A CONCRETAR SU APLICACION EN CIERTOS SUPUESTOS. ES CLARO, POR TANTO, QUE AQUELLOS PRECEPTOS REGLAMENTARIOS PARTEN DE UN CONCEPTO PREVIO DE INTERES DE DEMORA CUYA CUANTIFICACION RESULTA DE LO DISPUESTO EN EL ART. 58.2 B) DE LA LGT, CONCEPTO QUE, AL DESARROLLARSE SU APLICACION A SUPUESTOS CONCRETOS, NO ES PRECISO NI OBLIGADO QUE SEA REPRODUCIDO POR DICHAS NORMAS REGLAMENTARIAS.

POR CONSIGUIENTE, HAN DE ENTENDERSE SATISFECHOS RESPECTO DE AMBOS PRECEPTOS LEGALES LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN CONCRETO, LA PRESENCIA DEL JUICIO DE RELEVANCIA, PUES LA SALA PROMOVENTE HA JUSTIFICADO LA RELACION EXISTENTE ENTRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS Y EL FALLO QUE HAYA DE PRONUNCIAR EN EL ASUNTO CONCRETO LA IMPUGNACION DIRECTA DE NORMAS REGLAMENTARIAS SOMETIDO A SU ENJUICIAMIENTO. TODO ELLO DE ACUERDO CON UNA INTERPRETACION FLEXIBLE DE NUESTRA LEY ORGANICA, QUE ES LA QUE INSPIRA EN GENERAL LAS ACTUACIONES DE ESTE TRIBUNAL, Y QUE SE JUSTIFICA, ADEMAS, EN LO QUE AHORA IMPORTA, POR LA CONVENIENCIA DE QUE LAS CUESTIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS JUDICIALES ENCUENTREN, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y SIN MENOSCABO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE SON DE ORDEN PUBLICO, UNA SOLUCION POR SENTENCIA, AL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE PRECEPTOS PRESUNTAMENTE INCONSTITUCIONALES, EXTENDIENDO ASI LA FUERZA VINCULANTE DE LA CONSTITUCION GRACIAS A UNA IMPRESCINDIBLE COOPERACION ENTRE ORGANOS JUDICIALES Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. PUES, A FIN DE CUENTAS, SOLO CUANDO RESULTE EVIDENTE QUE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA NO ES, EN MODO ALGUNO, APLICABLE AL CASO CABE DECLARAR INADMISIBLE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

PERO, COMO SE HA VISTO, NO ES ESTO LO QUE OCURRE EN EL PRESENTE CASO.

2. UNA VEZ DESECHADA ESTA OBJECION FORMAL, PROCEDE QUE FIJEMOS CON CLARIDAD EL CUADRO IMPUGNATORIO QUE RESULTA DE LAS DOS CUESTIONES Y DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS EN ESTE PROCESO.

POR UNA U OTRA VIA, SE COMBATEN LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY 10/1985, AGRUPADOS SEGUN UN ORDEN LOGICO O POR BLOQUES DE MATERIAS: A) ARTS. 1 Y 4 EN LA NUEVA REDACCION QUE OFRECEN, RESPECTIVAMENTE, DE LOS ARTS. 38.1 Y 77.1 DE LA LGT SOBRE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LAS INFRACIONES TRIBUTARIAS; B) ART. 4 EN LA MODIFICACION QUE INTRODUCE DE LOS ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86 DE LA LGT, REFERIDOS A LA SANCION DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES; C) ART.

4 EN LA REDACCION QUE DA AL ART. 82 B) DE LA LGT RELATIVO A LA PONDERACION DE LA CAPACIDAD ECONOMICA COMO CRITERIO PARA GRADUAR LAS SANCIONES; D) ART. 4 EN CUANTO OTORGA UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 82 H) Y 89.2 DE LA LGT REFERIDOS AL USO DE LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO COMO CRITERIO, RESPECTIVAMENTE, PARA GRADUAR LAS SANCIONES Y PARA PODER SOLICITAR LA CONDONACION DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS DE FORMA GRACIABLE; E) ART. 5 EN LA REDACCION QUE DA A LOS ARTS. 140 C) Y 145.3 DE LA LGT POR LOS QUE SE ATRIBUYE A LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS FACULTADES PARA PRACTICAR LAS LIQUIDACIONES QUE RESULTEN DE LAS ACTUACIONES DE COMPROBACION E INVESTIGACION EN LOS TERMINOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCAN, Y SE RECONOCE A LAS ACTAS Y DILIGENCIAS EXTENDIDAS POR LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS LA NATURALEZA DE DOCUMENTOS PUBLICOS QUE HACEN PRUEBA DE LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU FORMALIZACION, SALVO QUE SE ACREDITE LO CONTRARIO; F) ART. 3 QUE MODIFICA EL ART. 58.2 B) DE LA LGT EN LO RELATIVO A LA INTRODUCCION DE UN INCREMENTO DE UN 25 POR 100 SOBRE EL INTERES LEGAL DEL DINERO PARA LOS INTERESES DE DEMORA, Y G) ART. 4 EN LA REDACCION QUE OTORGA AL ART. 83.3 F) DE LA LGT SOBRE SANCION AL CONTRIBUYENTE POR LA FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION.

3. PERO ANTES DE INICIAR EL ENJUICIAMIENTO DE LOS CITADOS PRECEPTOS LEGALES CONVIENE TRAER

A COLACION UNA BREVE CONSIDERACION GENERAL SOBRE EL DEBER DE CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS QUE A TODOS IMPONE EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION, PUES SOLO A PARTIR DE ESTA CONSIDERACION QUE ES UN PRIUS LOGICO CUANDO DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS SE TRATA PUEDE ENTENDERSE CABALMENTE LA SINGULAR POSICION EN QUE LA CONSTITUCION SITUA, RESPECTIVAMENTE, A LOS PODERES PUBLICOS, EN CUANTO TITULARES DE LA POTESTAD TRIBUTARIA, Y A LOS CIUDADANOS, EN CUANTO SUJETOS PASIVOS Y, EN SU CASO, SUJETOS INFRACTORES DEL DEBER DE CONTRIBUIR. DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL DISPONE, EN EFECTO, QUE <TODOS CONTRIBUIRAN AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD ECONOMICA MEDIANTE UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO INSPIRADO EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD QUE, EN NINGUN CASO, TENDRA ALCANCE CONFISCATORIO>. ESTA RECEPCION CONSTITUCIONAL DEL DEBER DE CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS SEGUN LA CAPACIDAD ECONOMICA DE CADA CONTRIBUYENTE CONFIGURA UN MANDATO QUE VINCULA TANTO A LOS PODERES PUBLICOS COMO A LOS CIUDADANOS E INCIDE EN LA NATURALEZA MISMA DE LA RELACION TRIBUTARIA. PARA LOS CIUDADANOS ESTE DEBER CONSTITUCIONAL IMPLICA, MAS ALLA DEL GENERICO SOMETIMIENTO A LA CONSTITUCION Y AL RESTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO QUE EL ART. 9.1 DE LA NORMA FUNDAMENTAL IMPONE, UNA SITUACION DE SUJECION Y DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN ORDEN AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS CUYO INDISCUTIBLE Y ESENCIAL INTERES PUBLICO JUSTIFICA LA IMPOSICION DE LIMITACIONES LEGALES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES. PARA LOS PODERES PUBLICOS ESTE DEBER CONSTITUCIONAL COMPORTA TAMBIEN EXIGENCIAS Y POTESTADES ESPECIFICAS EN ORDEN A LA EFECTIVIDAD DE SU CUMPLIMIENTO POR LOS CONTRIBUYENTES.

ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA TENIDO YA OCASION DE DECLARAR, EN CONCRETO, QUE PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL DEBER QUE IMPONE EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION ES IMPRESCINDIBLE LA ACTIVIDAD INSPECTORA Y COMPROBATORIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, YA QUE DE OTRO MODO <SE PRODUCIRIA UNA DISTRIBUCION INJUSTA EN LA CARGA FISCAL>, PUES <LO QUE UNOS NO PAGUEN DEBIENDO PAGAR, LO TENDRAN QUE PAGAR OTROS CON MAS ESPIRITU CIVICO O CON MENOS POSIBILIDADES DE DEFRAUDAR>; DE AHI LA NECESIDAD Y LA JUSTIFICACION DE <UNA ACTIVIDAD INSPECTORA ESPECIALMENTE VIGILANTE Y EFICAZ, AUNQUE PUEDA RESULTAR A VECES INCOMODA Y MOLESTA> (STC 110/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ). LA ORDENACION Y DESPLIEGUE DE UNA EFICAZ ACTIVIDAD DE INSPECCION Y COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS NO ES, PUES, UNA OPCION QUE QUEDE A LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL LEGISLADOR Y DE LA ADMINISTRACION, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, ES UNA EXIGENCIA INHERENTE A <UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO> COMO EL QUE LA CONSTITUCION PROPUGNA EN EL ART. 31.1: EN UNA PALABRA, LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL ES UN FIN Y UN MANDATO QUE LA CONSTITUCION IMPONE A TODOS LOS PODERES PUBLICOS, SINGULARMENTE AL LEGISLADOR Y A LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. DE DONDE SE SIGUE ASIMISMO QUE EL LEGISLADOR HA DE HABILITAR LAS POTESTADES O LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS Y ADECUADOS PARA QUE, DENTRO DEL RESPETO DEBIDO A LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES, LA ADMINISTRACION ESTE EN CONDICIONES DE HACER EFECTIVO EL COBRO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, SANCIONANDO EN SU CASO LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDAN A LOS CONTRIBUYENTES O LAS INFRACCIONES COMETIDAS POR QUIENES ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS TRIBUTARIAS.

4. DICHO LO QUE ANTECEDE, PROCEDE QUE ENTREMOS YA EN EL EXAMEN DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY 10/1985, RELATIVOS TODOS ELLOS A INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS, CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE DISCUTE EN ESTE PROCESO.

EL PRIMER GRUPO DE PRECEPTOS IMPUGNADOS SE REFIERE A LOS ARTS. 1 Y 4 DE LA LEY 10/1985, EN CUANTO DAN UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 38.1 Y 77.1 DE LA LGT, RESPECTIVAMENTE. SEGUN LOS SENADORES RECURRENTES, SE CONSAGRA EN DICHOS ARTICULOS UN PELIGROSO REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS QUE HACE DESAPARECER CUALQUIER EXIGENCIA DE VOLUNTARIEDAD O INTENCIONALIDAD EN LAS CONDUCTAS SANCIONADAS; Y, DADO QUE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS PARTICIPAN DE LA MISMA NATURALEZA QUE LAS PENAS, SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO CONFORME AL CUAL NO EXISTE RESPONSABILIDAD CRIMINAL SIN CULPABILIDAD Y SE LLEGA A UN RESULTADO LESIVO DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL (ARTS. 9.3 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION).

A) LA IMPUGNACION NO PUEDE SER ACOGIDA NI EN SU PREMISA NI EN SUS CONSECUENCIAS, DEBIENDO EN CAMBIO COMPARTIRSE LA ARGUMENTACION OFRECIDA POR EL ABOGADO DEL ESTADO CUANDO SOSTIENE QUE LA LEY 10/1985 NO HA ALTERADO EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS, EN EL CUAL SIGUE RIGIENDO EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POR DOLO O CULPA.

CENTRANDO EN PRIMER TERMINO LA ATENCION EN EL ART. 77.1, NO ES DIFICIL ADVERTIR QUE EL LEGISLADOR TRIBUTARIO DE 1985 HA PROCEDIDO A ADAPTAR EL TENOR DE ESTE PRECEPTO A LA REFORMA DEL CODIGO PENAL OPERADA POR LA LEY ORGANICA 8/1983, DE 25 DE JUNIO. PARA COMPROBAR ESTE ASERTO BASTA COMPARAR LA REDACCION DEL ART. 1 DEL CODIGO PENAL EN SUS VERSIONES ANTERIOR Y POSTERIOR A LA REFORMA DE 1983 CON EL TEXTO DEL ART. 77.1 DE LA LGT, IGUALMENTE EN SU VERSION ORIGINARIA Y ACTUAL. TANTO DEL ACTUAL ART. 1 DEL CODIGO PENAL COMO DEL CITADO ART. 77.1 DE LA LGT HA DESAPARECIDO EL ADJETIVO <VOLUNTARIAS> QUE SEGUIA A LOS SUSTANTIVOS <ACCIONES U OMISIONES>. ES CIERTO QUE, A DIFERENCIA DE LO QUE HA OCURRIDO EN EL CODIGO PENAL, EN EL QUE SE HA SUSTITUIDO AQUEL TERMINO POR LA EXPRESION <DOLOSAS O CULPOSAS>, EN LA LGT SE HA EXCLUIDO CUALQUIER ADJETIVACION DE LAS ACCIONES U OMISIONES CONSTITUTIVAS DE INFRACCION TRIBUTARIA. PERO ELLO NO PUEDE LLEVAR A LA ERRONEA CONCLUSION DE QUE SE HAYA SUPRIMIDO EN LA CONFIGURACION DEL ILICITO TRIBUTARIO EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CULPABILIDAD PARA SUSTITUIRLO POR UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA O SIN CULPA. EN LA MEDIDA EN QUE LA SANCION DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS ES UNA DE LAS MANIFESTACIONES DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO, TAL RESULTADO SERIA INADMISIBLE EN NUESTRO ORDENAMIENTO. PERO, COMO SE HA DICHO, NADA DE ESTO OCURRE. EL PROPIO ART. 77.1 DE LA LGT DICE, EN SU INCISO SEGUNDO, QUE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS SON SANCIONABLES <INCLUSO A TITULO DE SIMPLE NEGLIGENCIA>, LO QUE CON TODA EVIDENCIA SIGNIFICA, DE UN LADO, QUE EL PRECEPTO ESTA DANDO POR SUPUESTA LA EXIGENCIA DE CULPABILIDAD EN LOS GRADOS DE DOLO Y CULPA O NEGLIGENCIA GRAVE, Y DE OTRO, QUE, MAS ALLA DE LA SIMPLE NEGLIGENCIA, LOS HECHOS NO PUEDEN SER SANCIONADOS.

NO EXISTE, POR TANTO, UN REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA EN MATERIA DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS NI NADA HA CAMBIADO AL RESPECTO LA LEY 10/1985. POR EL CONTRARIO, Y CON INDEPENDENCIA DEL MAYOR O MENOR ACIERTO TECNICO DE SU REDACCION, EN EL NUEVO ART. 77.1 SIGUE RIGIENDO EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD (POR DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA GRAVE Y CULPA O NEGLIGENCIA LEVE O SIMPLE NEGLIGENCIA), PRINCIPIO QUE EXCLUYE LA IMPOSICION DE SANCIONES POR EL MERO RESULTADO Y SIN ATENDER A LA CONDUCTA DILIGENTE DEL CONTRIBUYENTE. CON ELLO QUEDA DICHO TAMBIEN QUE EL CITADO PRECEPTO LEGAL NO HA PODIDO INFRINGIR EN MODO ALGUNO LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION) Y DE LEGALIDAD SANCIONADORA (ART.

25.1 DE LA CONSTITUCION).

B) EL ART. 38.1 DE LA LGT SE ENCUENTRA EN UNA MUY DIRECTA CONEXION CON EL ART. 77.1, DE MODO QUE SOLO PUEDE SER CORRECTAMENTE ENTENDIDO MEDIANTE UNA INTERPRETACION CONJUNTA CON ESTE ULTIMO. SEGUN AQUEL PRECEPTO, <RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS TODAS LAS PERSONAS QUE SEAN CAUSANTES O COLABOREN EN LA REALIZACION DE UNA INFRACCION TRIBUTARIA>. LA LECTURA DE ESTE TEXTO INDICA A LAS CLARAS QUE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA QUE EN EL MISMO SE RECOGE QUEDA REGULADA CIERTAMENTE EN UNOS TERMINOS MAS AMPLIOS QUE EN LA REDACCION ANTERIOR, PERO DE ELLO NO PUEDE DEDUCIRSE SIN OTROS ESFUERZOS ARGUMENTALES QUE, COMO LOS RECURRENTES PRETENDEN, LA NORMA LEGAL ADOLEZCA DE VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

HA DE SEÑALARSE, EN PRIMER LUGAR, QUE EL PRECEPTO NO CONSAGRA, COMO YA SE HA DICHO, UNA RESPONSABILIDAD OBJETIVA, SINO QUE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ALLI PREVISTA SE MUEVE EN EL MARCO ESTABLECIDO CON CARACTER GENERAL PARA LOS ILICITOS TRIBUTARIOS POR EL ART. 77.1 QUE GIRA EN TORNO AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD. UNA INTERPRETACION SISTEMATICA DE AMBOS PRECEPTOS PERMITE CONCLUIR QUE TAMBIEN EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA SE REQUIERE LA CONCURRENCIA DE DOLO O CULPA AUNQUE SEA LEVE. EN SEGUNDO LUGAR, DEBEMOS DECLARAR QUE NO ES TRASLADABLE AL AMBITO DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS LA INTERDICCION CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL AMBITO DEL DERECHO PENAL, PUESTO QUE NO ES LO MISMO RESPONDER SOLIDARIAMENTE CUANDO LO QUE ESTA EN JUEGO ES LA LIBERTAD PERSONAL -EN LA MEDIDA EN QUE LA PENA CONSISTA EN LA PRIVACION DE DICHA LIBERTADQUE HACERLO A TRAVES DEL PAGO DE UNA CIERTA SUMA DE DINERO EN LA QUE SE CONCRETA LA SANCION TRIBUTARIA, SIEMPRE PRORRATEABLE A POSTERIORI ENTRE LOS DISTINTOS RESPONSABLES INDIVIDUALES. DE AHI LA NECESIDAD DE TENER EN CUENTA EN ESTA OCASION, COMO EN OTRAS SEMEJANTES, QUE LA RECEPCION DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ORDEN PENAL POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NO PUEDE HACERSE MECANICAMENTE Y SIN MATICES, ESTO ES, SIN PONDERAR LOS ASPECTOS QUE DIFERENCIAN A UNO Y OTRO SECTOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO.

POR LO DEMAS, HA DE DECLARARSE TAMBIEN QUE NO ES APLICABLE AL SUPUESTO QUE AHORA ESTAMOS CONSIDERANDO LA DOCTRINA ESTABLECIDA POR ESTE TRIBUNAL EN LA STC 45/1989, A PROPOSITO DE LOS ARTS. 31.2 Y 34.6 DE LA LEY 44/1987, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, QUE ESTABLECIAN LA SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES ENTRE LOS SUJETOS PASIVOS QUE COMPONEN UNA UNIDAD FAMILIAR, YA QUE, SI BIEN TALES PRECEPTOS FUERON DECLARADOS INCONSTITUCIONALES POR VULNERACION DE LOS ARTS. 14, 31 Y 39.1 DE LA CONSTITUCION, LA RAZON DE DICHA INCONSTITUCIONALIDAD ESTA <EN LA CONEXION CONCRETA QUE AHORA GUARDA LA REGLA DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SISTEMA DE SIMPLE ACUMULACION DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR IMPUESTO POR EL ART. 7.3, AL QUE EXPRESAMENTE SE REMITE EL APARTADO SEGUNDO DEL ART. 34>. O, DICHO CON OTRAS PALABRAS, EL HECHO QUE EN EL SUPUESTO CONCRETO DE LOS ARTS. 31.2 Y 34.6 DE LA LEY 44/1978 DETERMINO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO FUE EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA SINO EL ORIGEN QUE LA MISMA TENIA EN AQUEL CASO, Y ELLO EXPLICA LA PRECISION ARGUMENTAL CON QUE ESTE TRIBUNAL JUSTIFICO EN TAL SUPUESTO SU FALLO DE INCONSTITUCIONALIDAD; SIN QUE PUEDA OLVIDARSE TAMPOCO QUE EL ART. 38.1 DE LA LGT, A DIFERENCIA DE LOS CITADOS ARTICULOS DE LA LEY 44/1978, CONECTA CON TODA NITIDEZ LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LA REALIZACION O COLABORACION EN LA REALIZACION DE UNA INFRACCION TRIBUTARIA.

C) LOS SENADORES RECURRENTES REPROCHAN TAMBIEN A LA LEY IMPUGNADA LA FALTA DE MENCION EXPRESA DEL ERROR DE DERECHO COMO CAUSA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCION TRIBUTARIA. ESTA OMISION REDUNDARIA, A SU JUICIO, EN UNA VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE LEGALIDAD SANCIONADORA (ARTS. 9.3 Y 25.1 DE LA CONSTITUCION).

ES CIERTO QUE DICHO SUPUESTO NO SE RECOGE ENTRE LAS CAUSAS DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD CONTENIDAS EN EL APARTADO 4 DEL ART.

77 DE LA LGT. PERO ELLO NO ES PRUEBA, COMO PRETENDEN LOS DEMANDANTES, DE LA CONFIGURACION DE UN REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA NI DE LA INEXISTENCIA DE ESA CAUSA DE EXENCION. SI NO HAY RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NO ES NECESARIO QUE SE HAGA CONSTAR EXPRESAMENTE EL ERROR DE DERECHO COMO CAUSA QUE EXONERE DE DICHA RESPONSABILIDAD, MAS ELLO NO SIGNIFICA QUE RESULTE IRRELEVANTE NI QUE LA LEY 10/1985 LO HAYA EXCLUIDO DE LOS SUPUESTOS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCION TRIBUTARIA. PRECISAMENTE PORQUE LA LEY VINCULA ESTA RESPONSABILIDAD A UNA PREVIA CONDUCTA CULPABLE, ES EVIDENTE QUE EL ERROR DE DERECHO -SINGULARMENTE EL ERROR INVENCIBLEPODRA PRODUCIR LOS EFECTOS DE EXENCION O ATENUACION QUE LE SON PROPIOS EN UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, PERO SU FALTA DE CONTEMPLACION EXPRESA EN LA NORMA NO CONSTITUYE DEFECTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

5. LOS ARTS. 80.4, 81.1 A) Y 86 DE LA LGT EN LA REDACCION INTRODUCIDA POR EL ART.

4 DE LA LEY 10/1985 REGULAN LA SUSPENSION DEL EJERCICIO DE PROFESIONES OFICIALES COMO MEDIDA SANCIONADORA DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS.

SEGUN LOS SENADORES RECURRENTES, TALES PRECEPTOS INFRINGEN LOS ARTS. 9.3, 14 Y 35.1 DE LA CONSTITUCION. POR SU PARTE, LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO PROMUEVE SU INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA BASE SOLO DE SU EVENTUAL CONTRADICCION CON EL ART. 14. LA REPRESENTACION DE LOS SENADORES RECURRENTES ALUDEN TAMBIEN INDIRECTAMENTE A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART.

78.2 DE LA LGT, PERO TAL ALUSION NO SE ACOMPAÑA DE NINGUNA ALEGACION O RAZONAMIENTO IMPUGNATORIO, NO SE EXPLICA LA EVENTUAL CONEXION DE TAL PRECEPTO CON LOS ARRIBA CITADOS Y, FINALMENTE, NO SE MENCIONA DICHO ART. 78.2, EN LA REDACCION DADA AL MISMO POR EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985, ENTRE LOS PRECEPTOS EXPRESAMENTE IMPUGNADOS, SEA EN EL ENCABEZAMIENTO SEA EN EL SUPLICO DEL ESCRITO DE RECURSO, Y POR LO MISMO NO HA SIDO OBJETO DE DEBATE PROCESAL, TODO LO CUAL NOS IMPIDE ENTRAR AHORA EN EL ENJUICIAMIENTO DE DICHA NORMA:

A) LA IMPUGNACION DEBE SER RECHAZADA. LA LEY NO HA PRETENDIDO EN MODO ALGUNO SANCIONAR CON UNA PENALIDAD ESPECIAL A CIERTOS SUJETOS EN ATENCION A SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES O A LA GENERICA CONDICION DEL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN, SINO, POR EL CONTRARIO, A UNA CONDICION OBJETIVA DE LA PROPIA INFRACCION; ESTO ES, A QUE EXISTA UNA RELACION ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y EL DESEMPEÑO DE LA FUNCION O PROFESION OFICIAL DE QUE SE TRATA. EL PRESUPUESTO DEL QUE PARTEN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS ES QUE LOS SUJETOS AFECTADOS POR LAS SANCIONES EN ELLOS PREVISTAS TIENEN UN ESPECIFICO Y SINGULAR DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, POR RAZON DE LAS FUNCIONES PUBLICAS QUE EJERCEN, CLARAMENTE IMPUESTO EN LOS ARTS.

111 Y 112 DE LA LGT, MODIFICADOS ASIMISMO POR LA LEY 10/1985. DEBER DE COLABORACION QUE SE CONCRETA EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION DE QUE DISPONGAN QUE TENGA TRASCENDENCIA TRIBUTARIA, SALVO LAS EXCEPCIONES EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS. SI ELLO ES ASI, PUEDE OCURRIR QUE EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES TALES SUJETOS INFRINJAN ESE DEBER DE COLABORACION Y, EN CONSECUENCIA, INCURRAN EN UN SUPUESTO DE INFRACCION TRIBUTARIA, QUE SERA ALGUNO DE LOS TIPIFICADOS EN LOS NUMS. 4, 5 O 6 DEL ART. 83, A LOS QUE SE REMITE PRECISAMENTE EL ART. 86.

ES CLARO QUE LA SUSPENSION DE FUNCIONARIOS O PROFESIONALES OFICIALES ES UNA SANCION QUE SE AÑADE O ACUMULA A LA DE MULTA, PERO SE COMPRENDE FACILMENTE QUE ELLO NO SUPONE UNA DISCRIMINACION INJUSTIFICADA EN EL TRATO QUE EL LEGISLADOR DISPENSA A ESTAS PERSONAS CON RELACION AL QUE RECIBEN LOS CIUDANOS EN GENERAL, PUES NO ES IGUAL LA SITUACION EN QUE UNOS Y OTROS SE ENCUENTRAN RESPECTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. CIUDADANOS EN GENERAL Y FUNCIONARIOS O PROFESIONALES OFICIALES QUE, POR RAZON DE SU CARGO, TIENEN DETERMINADOS DEBERES DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA NO ESTAN SUB SPECIE IURIS EN LA MISMA SITUACION, SIENDO POR ELLO RAZONABLE QUE EL LEGISLADOR RECOJA ESTA DIFERENCIA PARA DAR UN TRATAMIENTO SANCIONADOR DISTINTO A LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS QUE UNOS Y OTROS COMETAN. LO QUE SE SANCIONA CON LA SUSPENSION DE FUNCIONES NO ES TANTO EL QUEBRANTO ECONOMICO DERIVADO DE LA INFRACCION TRIBUTARIA, CUANDO ESTA SEA CUANTIFICABLE, QUE A ELLO ATIENDE YA LA MULTA QUE TAMBIEN SE IMPONE A AQUELLOS FUNCIONARIOS O PROFESIONALES OFICIALES, SINO LA INFRACCION DEL DEBER DE COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y, EN CONCRETO, LA INFRACCION DE LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LOS NUMS. 4, 5 Y 6 DEL ART. 83 DE LA LGT. UNA SANCION ESTA, LA DE SUSPENSION, QUE ES EN CIERTO MODO ACCESORIA A LA DE MULTA EN TALES SUPUESTOS, PERO QUE NO SUPONE DUPLICIDAD INJUSTIFICADA E IRRAZONABLE, YA QUE EL ALCANCE DE LA INFRACCION NO ES EL MISMO CUANDO ESTA SE COMETE POR UN CIUDADANO O POR UN FUNCIONARIO O PROFESIONAL OFICIAL EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y CON INOBSERVANCIA DE SUS ESPECIFICOS DEBERES DE LEALTAD Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ASI ENTENDIDO EL ART. 86 DE LA LGT, NO HAY INFRACCION DEL DERECHO A LA IGUALDAD PROCLAMADO POR EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION.

TAMPOCO EXISTE INFRACCION DEL ART. 35.1 DE LA CONSTITUCION QUE IMPLIQUE UNA LESION DEL DERECHO AL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS O PROFESIONALES OFICIALES AFECTADOS POR LA SANCION DE SUSPENSION DE FUNCIONES. CUALQUIER SANCION SUPONE, DESDE LUEGO, UNA LIMITACION MAS O MENOS INTENSA DE LA ESFERA JURIDICA DEL AFECTADO POR LA MISMA Y, EN CONSECUENCIA, DE LA POSIBILIDAD DE EJERCITAR UNO O MAS DERECHOS. PERO SI LA SANCION ESTA PREVISTA LEGALMENTE Y SI EN SU APLICACION SE HAN OBSERVADO TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS, LA LIMITACION DERIVADA DE ESA RELACION CON EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS A QUE AFECTE NO SERA CONTRARIA A LA CONSTITUCION.

APURANDO HASTA EL LIMITE EL ARGUMENTO DE LOS RECURRENTES, LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD SERIAN INCONSTITUCIONALES POR EL HECHO DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD PERSONAL A LOS CONDENADOS A LAS MISMAS.

LA SUSPENSION DE FUNCIONES QUE AHORA EXAMINAMOS AFECTA CIERTAMENTE AL EJERCICIO DEL DERECHO AL TRABAJO, EN CONCRETO AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD INHERENTE A LA FUNCION PUBLICA O PROFESION OFICIAL PARA LA QUE SE ESTE INVESTIDO. PERO SI TAL MEDIDA SANCIONADORA HA SIDO IMPUESTA EN VIRTUD DE UNA PREVISION LEGAL Y CON RESPETO DE LAS OPORTUNAS GARANTIAS PROCEDIMENTALES, NO SE MENOSCABA DE NINGUN MODO EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL TRABAJO.

B) CON MENOR ENFASIS, Y CON ALGUNA MENOR PRECISION TAMBIEN, LOS SENADORES RECURRENTES IMPUTAN ASIMISMO A LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS LA VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE JERARQUIA NORMATIVA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION). PERO TAMPOCO EN ESTE PUNTO PUEDE PROSPERAR EL REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LINEA ARGUMENTAL DE LOS RECURRENTES PARECE PARTIR DE UN DETERMINADO PARADIGMA -EL SISTEMA PENALCUYOS PRINCIPIOS -RECOGIDOS EN EL CODIGO PENALSERIAN ENTERAMENTE APLICABLES, SIN EXCEPCIONES NI MODULACIONES, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, DE SUERTE QUE CUALQUIER APARTAMIENTO DE TALES PRINCIPIOS POR LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS DETERMINARIA FATALMENTE SU CONTRADICCION CON LA CONSTITUCION: Y TAL SERIA EL CASO, A JUICIO DE LOS RECURRENTES, DE LOS PRECEPTOS QUE AHORA EXAMINAMOS.

FRENTE A ESTE MODO DE RAZONAR, ES PRECISO DECLARAR QUE LA PREVISION LEGAL DE SANCIONES ACUMULABLES NO SOLO NO ES ALGO EXCLUSIVO DE LA LGT, Y NI SIQUIERA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, SINO QUE TAMPOCO ES EXTRAÑA -Y ELLO PRIVA SIN MAS DE TODO FUNDAMENTO AL REPROCHE FORMULADOAL PROPIO CODIGO PENAL, PUES EN DICHO CUERPO LEGAL NO SON INFRECUENTES LAS PENAS ACCESORIAS DE OTRAS PRINCIPALES, CONSISTENTES EN LA PRIVACION DE DERECHOS O DEL EJERCICIO DE FUNCIONES CUANDO LOS SUJETOS PENALMENTE RESPONSABLES EJERCEN FUNCIONES O CARGOS PUBLICOS.

NO EXISTE, POR TANTO, DOBLE SANCION EN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, SINO LA PREVISION DE UNA SANCION (LA SUSPENSION) QUE SE ACUMULA CON CARACTER ACCESORIO A LA PRINCIPAL (LA MULTA), Y TAL DUPLICIDAD, COMO YA DIJIMOS ANTES, NO PUEDE ESTIMARSE INJUSTIFICADA O IRRAZONABLE. NADA IMPIDE, POR LO DEMAS, QUE LA SUSPENSION E INHABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS, PREVISTAS COMO PENAS ACCESORIAS DE OTRAS PRINCIPALES EN EL ART. 29 DEL CODIGO PENAL, PUEDAN TAMBIEN SER OBJETO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, COMO ASI EN EFECTO OCURRE CON CARACTER GENERAL EN LOS CASOS DE EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA. NADA HAY, POR TANTO, EN LOS ARTICULOS DE LA LEY 10/1985 AHORA EXAMINADOS QUE PERMITA SOSTENER SU APARTAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y JERARQUIA NORMATIVA.

6. SE IMPUGNA POR LOS SENADORES RECURRENTES Y SE CUESTIONA ASIMISMO POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO EL ART.

82 B) DE LA LGT, EN LA NUEVA REDACCION DEL ART. 4 DE LA LEY 10/1985. EL CITADO PRECEPTO DISPONE QUE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS SE GRADUARAN ATENDIENDO EN CADA CASO CONCRETO, ENTRE OTROS CRITERIOS, A <LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR>, CRITERIO ESTE QUE LA LEY NO CONTEMPLABA ANTES DE LA REFORMA OPERADA. PARA LOS SENADORES QUE PROMUEVEN EL RECURSO, EL PRECEPTO TRANSGREDE EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION, YA QUE EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, EN CONEXION CON LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL CONTRIBUYENTE, SOLO PUEDE OPERAR EN LA FASE IMPOSITIVA, PERO NO EN LA SANCIONADORA; JUNTO A ELLO ENTIENDEN, EN UNA LINEA DE ARGUMENTACION SUBSIDIARIA, QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO QUIEBRA TAMBIEN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART.

9.3 DE LA CONSTITUCION) PORQUE NO REGULA CON DETALLE LOS CRITERIOS DETERMINANTES DE DICHA CAPACIDAD ECONOMICA. POR SU PARTE, EL ORGANO JUDICIAL SOSTIENE QUE EL ART. 82 B) LESIONA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EX ART. 14 DE LA CONSTITUCION AL EXTENDER EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA AL AMBITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, PUES CON ELLO SE PERMITE SANCIONAR <MAS AL QUE MAS TIENE> EN VEZ DE APLICAR SANCIONES IGUALES A CODUCTAS IGUALES:

A) EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR ES SOLO UNO DE LOS OCHO CRITERIOS QUE EL ART. 82 CONTEMPLA PARA QUE SE GRADUEN LAS SANCIONES TRIBUTARIAS ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO CONCRETO. ELLO SIGNIFICA ANTE TODO QUE NO HAY UNA RELACION UNIVOCA, DIRECTA Y AUTOMATICA ENTRE CAPACIDAD ECONOMICA Y GRAVEDAD DE LA SANCION, COMO PARECEN ENTENDER LOS SENADORES RECURRENTES; ANTES BIEN, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRAN EN CADA CASO, LA SANCION QUE SE IMPONGA AL INFRACTOR VENDRA DETERMINADA POR EL EMPLEO DE MUY DIVERSOS CRITERIOS, Y NO SIEMPRE O NO SOLO POR EL DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR. TALES CRITERIOS LEGALES (QUE VAN DESDE LA BUENA O MALA FE DE LOS INFRACTORES HASTA LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO, DEL RETENEDOR O DEL RESPONSABLE A LA PROPUESTA DE LIQUIDACION QUE SE LE FORMULE) ATEMPERAN O MODULAN LA EXCESIVA RIGIDEZ QUE PODRIA DERIVARSE DE UNA APLICACION MECANICA DE LAS FORMULAS SANCIONADORAS SIN ATENDER A LA PERSONALIZACION DE LAS SANCIONES.

LA LEY PARTE DE UNA PREVIA IGUALDAD FORMAL ANTE LAS SANCIONES QUE SE RESPETA CON LA PREVISION DE UNOS LIMITES MINIMO Y MAXIMO EN LA CUANTIA DE LAS MULTAS, PERMITIENDO LUEGO QUE SE RECORRA LA TOTALIDAD DE LA ESCALA EN ATENCION A LOS DISTINTOS CRITERIOS DE GRADUACION QUE SEAN APLICABLES A CADA SUPUESTO DE INFRACCION TRIBUTARIA. PERO, CLARO ESTA, YA SE ENTIENDE QUE GRADUAR SUPONE TANTO AGRAVAR COMO ATENUAR LA SANCION, Y ELLO PERMITE, EN CONSECUENCIA, NO SOLO AUMENTAR SINO TAMBIEN DISMINUIR LA CUANTIA DE LAS MULTAS.

COROLARIO NECESARIO DE LA PREMISA ANTERIOR ES QUE EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA NO JUEGA SOLO Y, EN TODO CASO, COMO PARECE CREERSE, EN PERJUICIO DEL CONTRIBUYENTE, SINO TAMBIEN EN SU BENEFICIO, EFECTO ESTE ULTIMO QUE RESULTA OBLIGADO POR IMPERATIVO DEL ART. 3.2 DEL CODIGO CIVIL QUE MANDA PONDERAR LA EQUIDAD EN LA APLICACION DE LAS NORMAS.

NO OBSTANTE, PARA LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO NO SERIA POSIBLE APLICAR EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONOMICA EN MATERIA SANCIONADORA SIN TRANSGREDIR AL TIEMPO LA IGUALDAD FORMAL DE LOS CIUDADANOS ANTE LA LEY, TODA VEZ QUE NO CABE SANCIONAR <MAS AL QUE MAS TIENE>, DEBIENDO EXIGIRSE EN CAMBIO <A CONDUCTAS IGUALES, SANCIONES IGUALES>. PERO ESTE REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE SER EN MODO ALGUNO ACOGIDO. FRENTE AL MISMO DEBE RECORDARSE, EN PRIMER LUGAR, QUE LA REFERENCIA AL CRITERIO DE LA CAPACIAD ECONOMICA DEL INFRACTOR NO ES UNA NOVEDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO SANCIONADOR, PUES ESTA CONSAGRADO EN EL ART. 63 DEL CODIGO PENAL AL DISPONER QUE <EN LA APLICACION DE LAS MULTAS LOS TRIBUNALES PODRAN RECORRER TODA LA EXTENSION EN QUE LA LEY PERMITA IMPONERLAS, CONSULTANDO, PARA DETERMINAR EN CADA CASO SU CUANTIA, NO SOLO LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES DEL HECHO, SINO PRINCIPALMENTE EL CAUDAL O FACULTADES DEL CULPABLE>.

EN SEGUNDO LUGAR, LA RAZON DE QUE NO HAYA AQUI (COMO TAMPOCO EN LA CITADA NORMA PENAL) DISCRIMINACION ALGUNA, UNA VEZ RESPETADOS LOS LIMITES LEGALES MAXIMOS Y MINIMOS, SE REVELA EN EL HECHO INOBJETABLE DE QUE LA PURA IGUALACION DE LAS MULTAS PUEDE CONLLEVAR UN MUY DIFERENTE GRADO DE AFLICCION SOBRE LOS SANCIONADOS SI LAS CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE ESTOS SON DESIGUALES. ESTE TRIBUNAL HA TENIDO YA OCASION DE DECLARAR QUE <ES CONSUSTANCIAL A LA PENA DE MULTA UNA POTENCIAL DISPARIDAD DE SUS EFECTOS, AL RECAER SOBRE SITUACIONES PATRIMONIALES DIVERSAS>, LO QUE HA LLEVADO A NUESTRO ORDENAMIENTO PENAL (Y A OTROS QUE NOS SON PROXIMOS) A ADOPTAR UNA SERIE DE PREVISIONES ENTRE ELLAS, EN PRIMER TERMINO, LA DEL CITADO ART. 63 DEL CODIGO PENAL QUE TIENDEN A ADECUAR LA PENA DE MULTA A LA ECONOMIA DEL CONDENADO O A FLEXIBILIZAR SU EJECUCION, PERMITIENDO ASI AL JUZGADOR ATENDER <A LAS ESPECIFICAS CONDICIONES ECONOMICAS DE QUIEN HAYA, COMO CULPABLE, DE SUFRIRLA> (STC 19/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 10). ESTE RAZONAMIENTO ES ENTERAMENTE TRASLADABLE AL AMBITO DEL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO, PUES EN ESTE PUNTO HAY IDENTIDAD DE RAZON ENTRE UNAS Y OTRAS SANCIONES, LAS MULTAS PENALES Y LAS TRIBUTARIAS; Y AUN APURANDO EL ARGUMENTO, ES SI CABE MAS PERTINENTE EN EL CAMPO DE LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS POR LOS BENEFICIOS ECONOMICOS QUE, EN SU CASO, EL IMPAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA PUEDE REPORTAR A DETERMINADOS INFRACTORES.

EN TERCER LUGAR, Y EN ESTA MISMA LINEA DE RAZONAMIENTO, ES PRECISO RECORDAR QUE, UNA VEZ SATISFECHAS LAS EXIGENCIAS DE IGUALDAD FORMAL Y NO DISCRIMINACION QUE IMPONE EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, LA PROPIA NORMA CONSTITUCIONAL OBLIGA A ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA IGUALDAD REAL, A CUYO FIN SE ORDENA EL CRITERIO LEGAL DE <LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR> QUE AQUI SE COMBATE, Y QUE RESULTA ASI NO SOLO COMPATIBLE CON EL ART. 14 DE LA CONSTITUCION SINO TAMBIEN JUSTIFICADO O EXIGIDO POR EL ART. 31.1 EN RELACION CON EL ART. 9.2 DEL PROPIO TEXTO CONSTITUCIONAL.

B) EN LO QUE CONCIERNE A LA SUPUESTA VULNERACION DEL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION POR LA EXTENSION QUE EL ART. 82 B) HACE DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD AL MOMENTO SANCIONADOR, HA DE DECIRSE QUE LA IMPUGNACION INCURRE EN UNA ERRONEA INTERPRETACION DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO NORMATIVO DE DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE ESTABLECE EN EL MISMO, ENTRE OTROS EXTREMOS, QUE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y PROGRESIVIDAD HABRAN DE INSPIRAR EL SISTEMA TRIBUTARIO, PERO NO SE DICE QUE LA EFICACIA DE TALES PRINCIPIOS QUEDE REDUCIDA AL MOMENTO DE ORDENAR EL INGRESO PUBLICO NI SE PROHIBE EXPRESAMENTE (COMO ES OBLIGADO EN LAS INTERDICCIONES CONSTITUCIONALES) QUE LA PROGRESIVIDAD PUEDA SER TENIDA EN CUENTA A LA HORA DE REGULAR LAS SANCIONES TRIBUTARIAS. MAS BIEN DEBE AFIRMARSE QUE, DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION ATRIBUYE A AQUELLOS PRINCIPIOS UNA FUNCION INSPIRADORA DEL ENTERO SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO, SU APLICACION AL AMBITO SANCIONADOR NO PUEDE SUSCITAR ESPECIALES REPAROS, PUES DENTRO DE UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO ENCUENTRA NATURAL ACOMODO LA REGULACION DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. FINALMENTE, COMO ANTES SE HA DICHO, EL CRITERIO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA PUEDE PERMITIR TANTO EL INCREMENTO DE LAS MULTAS COMO SU REDUCCION, CON LO QUE DEBE CONVENIRSE CON EL ABOGADO DEL ESTADO QUE REALMENTE ESTAMOS ANTE UN MODELO DE MULTAS FIJAS Y PROPORCIONALES (ART. 80.1 LGT) Y NO ESTRICTAMENTE <PROGRESIVAS>. TODO LO CUAL OBLIGA A RECHAZAR LA IMPUGNACION.

C) TAMPOCO CABE PENSAR EN UNA LESION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION), PUES CARECE DE SENTIDO QUE LA LEY PREVEA INDICES O SIGNOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE LO QUE ES, EN SI MISMO, UN MERO CRITERIO DE FLEXIBILIZACION O MODULACION QUE ATEMPERE EL RIGORISMO DE LAS FORMULAS LEGALES. Y, POR OTRO LADO, EL HECHO DE QUE LA CAPACIDAD ECONOMICA SEA UN CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO NO IMPIDE, COMO OCURRE EN TODOS LOS SUPUESTOS EN QUE LAS NORMAS UTILIZAN CONCEPTOS DE ESA NATURALEZA, QUE PUEDA PERFECTAMENTE DETERMINARSE POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN CADA CASO CONCRETO, SIN QUE ELLO CREE SITUACIONES DE INSEGURIDAD PARA LOS AFECTADOS NI PERMITA A LA ADMINISTRACION ACTUAR EN ESTE PUNTO CON DISCRECIONALIDAD, PUES EL SISTEMA TRIBUTARIO OFRECE SUFICIENTES CRITERIOS Y ELEMENTOS DE JUICIO PARA SEÑALAR EN CADA SUPUESTO CUAL ES LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL SUJETO INFRACTOR QUE HA DE TENERSE EN CUENTA PARA GRADUAR LAS SANCIONES.

7. LOS SENADORES RECURRENTES IMPUGNAN EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985 EN LA PARTE QUE PROPORCIONA UNA NUEVA REDACCION A LOS ARTS. 82 H) Y 89.2 DE LA LGT, QUE SE REFIEREN, RESPECTIVAMENTE, A LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO COMO CRITERIO PARA GRADUAR LAS SANCIONES (ART. 82 H)) Y COMO REQUISITO PARA PODER SOLICITAR LA CONDONACION GRACIABLE DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS MEDIANTE LA RENUNCIA AL EJERCICIO DE TODA ACCION DE IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ART. 89.2). A JUICIO DE LOS DEMANDANTES, REPUGNA TANTO A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL COMO A LOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR LA ACEPTACION DE ESE TIPO DE <NEGOCIACION> ENTRE ADMINISTRACION Y CIUDADANO SANCIONADO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE RENUNCIE A SU DERECHO A RECURRIR LAS SANCIONES QUE SE LE IMPONGAN, PORQUE ELLO COLOCA A ESTE ULTIMO EN UNA INCONSTITUCIONAL SITUACION DE INDEFENSION, QUE REDUNDA EN LA VIOLACION DEL DERECHO FUNDAMENTAL ENUNCIADO EN EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, QUE ES EN LO ESENCIAL UN DERECHO DE ACCESO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. LOS RECURRENTES VINCULAN, POR ULTIMO, ESTA ALEGACION AL ART. 106.1 DE LA CONSTITUCION, EN LA MEDIDA EN QUE ESTE PRECEPTO REITERA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCION EN LO TOCANTE A LA ACTUACION DE LA ADMINISTRACION:

A) POR LO QUE RESPECTA AL ART. 82, H), DE LA LGT, DEBE RECORDARSE QUE SU ENUNCIADO CONSTITUYE UNO MAS ENTRE LOS DISTINTOS CRITERIOS QUE LA LEY PREVE PARA GRADUAR LA CUANTIA DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS, LO QUE SIGNIFICA CIERTAMENTE QUE LA CONFORMIDAD DEL SUJETO PASIVO, DEL RETENEDOR O DEL RESPONSABLE CON LA PROPUESTA DE LIQUIDACION QUE SE LE FORMULE PUEDE SUPONER UNA ATENUACION DE LA MULTA QUE SIN TAL CONFORMIDAD PODRIA SERLE IMPUESTA. SE TRATA DE UNA TECNICA CUYO DESIGNIO ES LOGRAR UNA SIMPLIFICACION Y CELERIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y CUYO EMPLEO ES POR ELLO FRECUENTE EN LA LEGISLACION COMPARADA, NO SIENDO TAMPOCO COMPLETAMENTE AJENA AL CAMPO DE LA LEGISLACION PENAL, COMO LO ACREDITA EL HECHO DE QUE EN EL ART. 9.9 DE NUESTRO CODIGO PENAL SE CONTEMPLE UNA ATENUANTE QUE GUARDA ALGUNA SIMILITUD CON EL CRITERIO SANCIONADOR QUE AHORA EXAMINAMOS, NI TAMPOCO AL DE LA LEGISLACION PROCESAL PENAL, EN LA CUAL EL ART. 793.3.II DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL AUTORIZA AL JUEZ DE LO PENAL A REDUCIR SENSIBLEMENTE LA PENA, LLEGANDO INCLUSO HASTA LA ABSOLUCION, EN UNA SENTENCIA DE CONFORMIDAD EN LA QUE EL ACUSADO HUBIESE RECONOCIDO LOS HECHOS. ADVERTIDO LO CUAL DEBE DESDE LUEGO AÑADIRSE QUE NADA OBLIGA A AQUELLOS SUJETOS A PRESTAR TAL CONFORMIDAD, Y QUE SI LO HACEN ES PORQUE ESPERAN OBTENER UN BENEFICIO LA REDUCCION DE LA CUANTIA DE LA MULTA QUE DE OTRO MODO, SIN TENER DERECHO A ELLO, NO HAY SEGURIDAD EN OBTENER. SE TRATA, POR TANTO, DE UNA OPCION DEL CONTRIBUYENTE PARA PODER GOZAR DE UN BENEFICIO AL QUE NO SE TIENE DERECHO, PERO QUE EN MODO ALGUNO AQUEL ESTA OBLIGADO A TOMAR. POR OTRO LADO, COMO HACE NOTAR EL ABOGADO DEL ESTADO, LA LEY NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LA SANCION ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA UNA VEZ QUE AQUELLA HAYA SIDO IMPUESTA, Y ELLO HACE PATENTE LA INEXISTENCIA DE LESION ALGUNA DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION) EN CUANTO DERECHO A ACCEDER O NO LIBREMENTE A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. EN RESUMIDAS CUENTAS, LA LEY NO OBLIGA AL CONTRIBUYENTE A PRESTAR SU CONFORMIDAD, NI IMPIDE TAMPOCO QUE, UNA VEZ PRESTADA ESTA, SE PUEDAN EJERCITAR LAS ACCIONES DE IMPUGNACION. PERO ES LOGICO, AUNQUE LA LEY NO LO DIGA, QUE SI SE IMPUGNA LA LIQUIDACION Y LA CORRSPONDIENTE MULTA, EN CUYA DETERMINACION SE HA TENIDO EN CUENTA POR LA ADMINISTRACION LA CONFORMIDAD A LA PROPUESTA DE LIQUIDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA, DEJE ENTONCES DE OPERAR ESE CRITERIO Y SU EFECTO DE DISMINUCION DE LA CUANTIA. MANTENER LA CONFORMIDAD ES, PUES, UNA FACULTAD NO UNA OBLIGACION, NI SIQUIERA UN DEBER PARA CONSERVAR EL BENEFICIO DE SU CONSIDERACION COMO UN ELEMENTO MAS EN LA GRADUACION IN MELIUS DE LA CUANTIA DE LA SANCION PECUNIARIA.

A LO HASTA AHORA DICHO, ES MENESTER AÑADIR UNA ULTIMA PRECISION. TAL Y COMO DESTACA EL ABOGADO DEL ESTADO DEBE EXCLUIRSE, POR CARECER DE SENTIDO, UNA INTERPRETACION DE LA LETRA H) DEL ART. 82 QUE PROPICIARA UNA AGRAVACION DE LA SANCION TRIBUTARIA EN EL CASO DE QUE NO SE ACEPTE LA PROPUESTA DE LIQUIDACION QUE LA ADMINISTRACION FORMULE. SOLO LA CONFORMIDAD DEL CONTRIBUYENTE TIENE EXPRESAMENTE RECONOCIDO EN LA LEY UN EFECTO GRADUATORIO DE LA SANCION, Y OBVIAMENTE CON UN SENTIDO MITIGADOR DE LA MISMA. EN CONSECUENCIA, NO PUEDE ADMITIRSE QUE DICHO CRITERIO O, POR MEJOR DECIR, SU CONTRARIO: LA DISCONFORMIDAD PUEDA JUGAR TAMBIEN IM PEIUS PARA AGRAVAR LA SANCION AL SUJETO PASIVO, RETENEDOR O RESPONSABLE, PUES ELLO CONLLEVARIA UN INJUSTIFICABLE EFECTO INTIMIDATORIO QUE MENOSCABARIA EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS INTERESADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CARACTER CONTRADICTORIO. EN CONSECUENCIA, NO PUEDE ENTENDERSE EL ART. 82, H), COMO NORMA IMPEDITIVA DEL RECURSO A LA JURISDICCION, EN CUYO CASO SERIA INCONSTITUCIONAL POR CONTRARIO AL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, SINO COMO UN BENEFICIO OFRECIDO AL CONTRIBUYENTE CONFORME CON LA LIQUIDACION PARA GRADUAR IN MELIUS LA SANCION QUE, SEGUN LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, LE CORRESPONDE.

B) CON UN TEXTO QUE EN LO SUSTANCIAL NO DIFIERE DE LA REDACCION ANTERIOR, EL ART.

89.2 PRESCRIBE LA RENUNCIA AL EJERCICIO DE TODA ACCION DE IMPUGNACION PARA PODER SOLICITAR LA CONDONACION GRACIABLE DE LA SANCION TRIBUTARIA; CON ELLO EL LEGISLADOR PRETENDE AGILIZAR Y FLEXIBILIZAR EL COBRO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, DEBIENDO ENTENDERSE QUE LA CONDONACION AFECTA SOLO A LA SANCION Y NO AL RESTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA. PERO, DESDE LA PERSPECTIVA DEL SUJETO RESPONSABLE, ES CLARO QUE ESTA ABSTENCION EN EL EJERCICIO DE IMPUGNACIONES NO SUPONE UNA RENUNCIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, LO QUE SERIA EN SI MISMO INCONSTITUCIONAL, DADO EL CARACTER IRRENUNCIABLE E INDISPONIBLE DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, SINO SIMPLEMENTE AL USO DE TAL DERECHO Y DE LAS ACCIONES EN QUE SE MANIFIESTA POR UN PERIODO DE TIEMPO Y EN RELACION CON UN ACTO ADMINISTRATIVO CONCRETO. Y LA RAZON DE TAL RENUNCIA ES SIMILAR A LA DEL SUPUESTO ANTERIORMENTE EXAMINADO, PUES AQUI SE TRATA TAMBIEN DE OBTENER UN BENEFICIO AL QUE NO SE TIENE DERECHO ALGUNO LA CONDONACION EN FORMA GRACIABLE DE LA SANCION A CUYO FIN ES PRECISO SATISFACER LA CARGA DE LA PREVIA RENUNCIA A IMPUGNAR LA LIQUIDACION PRACTICADA. EN LA MEDIDA EN QUE TAL SACRIFICIO NO RESULTA DESPROPORCIONADO, SE ADOPTA LIBREMENTE POR EL INTERESADO Y CON EL MISMO SE OBTIENE UN BENEFICIO GRACIABLE, QUE ES EL QUE MEJOR CONVIENE A LOS INTERESES DEL PETICIONARIO DE LA CONDONACION, NO HAY TRANSGRESION DE DERECHO FUNDAMENTAL ALGUNO.

ESTE TRIBUNAL HA DECLARADO QUE, SI BIEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SON PERMANENTES E IMPRESCRIPTIBLES, ELLO ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON EL ESTABLECIMIENTO DE LIMITES TEMPORALES DENTRO DEL ORDENAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES (STC 7/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ).

SI LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NO ES UN OBSTACULO AL CARACTER TEMPORAL DE LAS ACCIONES PARA SU DEFENSA, LA IRRENUNCIABILIDAD DE TALES DERECHOS NO IMPIDE TAMPOCO LA VOLUNTARIA Y TRANSITORIA RENUNCIA AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES EN POS DE UNOS BENEFICIOS GRACIABLES CUYO EVENTUAL LOGRO ES PARA EL INTERESADO MAS VENTAJOSO QUE EL QUE PUDIERA RESULTAR DE AQUEL EJERCICIO.

EN RESUMEN, EL ART. 89.2 DELA LGT NO IMPIDE ACCEDER A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA A LOS CONTRIBUYENTES INFRACTORES, SINO QUE SOLO CONDICIONA LA OBTENCION DE UN BENEFICIO A LA NO IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. LA LIBERTAD DEL CONTRIBUYENTE PARA ELEGIR ENTRE UNA U OTRA VIA, SEGUN MEJOR CONVENGA A SUS INTERESES, QUEDA ASI SALVAGUARDADA Y, POR ELLO, NO EXISTE VULNERACION ALGUNA DEL ART.

24.1 DE LA CONSTITUCION.

8. LOS SENADORES RECURRENTES IMPUGNAN TAMBIEN LOS ARTS. 140, C), Y 145.3 DE LA LGT, EN LA REDACCION DEL ART. 5 DE LA LEY 10/1985, POR ESTIMAR QUE INFRINGEN LOS ARTS, 9.3 Y 24, APARTADOS 1 Y 2, DE LA CONSTITUCION. EL PRIMERO DE AQUELLOS PRECEPTOS LEGALES (ART. 140, C)) ATRIBUYE A LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS LA FACULTAD DE <PRACTICAR LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS RESULTANTES DE LAS ACTUACIONES DE COMPROBACION E INVESTIGACION, EN LOS TERMINOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE ESTABLEZCAN>; Y EL SEGUNDO (ART. 145.3) DICE QUE <LAS ACTAS Y DILIGENCIAS EXTENDIDAS POR LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS TIENEN NATURALEZA DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y HACEN PRUEBA DE LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU FORMALIZACION, SALVO QUE SE ACREDITE LO CONTRARIO>.

FRENTE AL ART. 140, C), LOS RECURRENTES ALEGAN QUE NADIE PUEDE SER A LA VEZ JUEZ Y PARTE Y QUE CON ESTA REGULACION SE VUELVE, POR MEDIO DE UNA NORMA CON RANGO DE LEY, AL SISTEMA DEL REAL DECRETO 412/1982, QUE CONFIRIO A LA INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA FACULTADES DE LIQUIDACION, DISPOSICION ESTA QUE FUE DECLARADA NULA POR LA SETENCIA DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 24 DE ABRIL DE 1984. ENTIENDE POR ELLO LA REPRESENTACION ACTORA QUE, EN LUGAR DE LA OPCION ADOPTADA POR LA LEY 10/1985, DEBIERON SEPARARSE CONVENIENTEMENTE LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y DE LIQUIDACION TRIBUTARIA EN CUANTO GARANTIA DE LA NEUTRALIDAD DEL ORGANO LIQUIDADOR FRENTE AL CONTRIBUYENTE.

EN LO QUE ATAÑE AL ART. 145.3 DE LA LGT, LOS SENADORES RECURRENTES SOSTIENEN QUE LA PRESUNCION DE CERTEZA QUE DICHO PRECEPTO ESTABLECE ES INCOMPATIBLE CON LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA (ART. 24.2) EN MATERIA SANCIONADORA Y COLOCA ADEMAS AL CONTRIBUYENTE EN UNA INCONSTITUCIONAL SITUACION DE INDEFENSION (ART. 24.1), PUES SE TRANSFORMA LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN UNA PRESUNCION DE CULPABILIDAD Y SE OBLIGA AL CONTRIBUYENTE A DEMOSTRAR SU INOCENCIA MEDIANTE LA MUY DIFICIL ACREDITACION DE UNOS HECHOS FRECUENTEMENTE NEGATIVOS.

CON ELLO SE INVIERTE EL JUEGO NORMAL DE LA PRESUNCION CONSTITUCIONALIZADA EN EL ART. 24.2, SE SACRIFICA EN EXCESO LA SEGURIDAD JURIDICA DEL CIUDADANO Y SE INCURRE EN ARBITRARIEDAD TRANSGRESORA DEL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. A SU JUICIO, EL PROBLEMA ES PARTICULARMENTE GRAVE EN EL ORDEN PENAL, Y A ELLO DEDICAN LA PRACTICA TOTALIDAD DE SU ARGUMENTACION, YA QUE, CON ARREGLO A LA LEY ORGANICA 2/1985, DE 29 DE ABRIL, SOBRE DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA, BASTA CON EL LEVANTAMIENTO DE UN ACTA DE INSPECCION PARA QUE SE GIRE LA CORRESPONDIENTE LIQUIDACION TRIBUTARIA Y, SI LA CUANTIA DE LA INFRACCION FUERA BASTANTE, SE INICIE UN PROCEDIMIENTO PENAL SIN NECESIDAD DE AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA PREVIA Y, POR TANTO, SIN QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDA FORMULAR ALEGACIONES Y PRACTICAR PRUEBAS EN ESTA VIA, ACTIVIDADES QUE SE VEN ASI RECONDUCIDAS AL MARCO PENAL. EN DEFINITIVA, LOS RECURRENTES DENUNCIAN EL TRASCENDENTE VALOR QUE, EN EL ORDEN PENAL, EL PRECEPTO IMPUGNADO OTORGA A LAS ACTAS DE LA INSPECCION, CONVIRTIENDO LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN UNA PRESUNCION DE CULPABILIDAD. PARA LOS RECURRENTES, LAS ACTAS DE LA INSPECCION NO PUEDEN TENER OTRO VALOR QUE EL DE UNA SIMPLE DENUNCIA, CORRESPONDIENDO A LA ADMINISTRACION PROBAR EN EL PROCESO PENAL LOS HECHOS IMPUTADOS AL SUJETO PASIVO, SIN QUE PUEDA AUTODISPENSARSE OPE LEGIS DE DICHA CARGA, PUES TAL EXONERACION CONDUCE A LA ABSOLUTA INDEFENSION DE LOS CONTRIBUYENTES:

A) LA IMPUGNACION DEL ART. 140, C), DE LA LGT SE FUNDA, SUSTANCIALMENTE, EN UNA PRESUNTA VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD CONSAGRADOS EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION. EL RAZONAMIENTO DE LA TESIS IMPUGNATORIA SE ARTICULA, EN SINTESIS, SOBRE LAS DOS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 1. TENIENDO EN CUENTA QUE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DECLARO NULO, POR SENTENCIA DE 24 DE ABRIL DE 1984, EL REAL DECRETO 412/1982, DE 12 DE FEBRERO, QUE ASIGNABA FUNCIONES LIQUIDADORAS A LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS, NO CABE ADMITIR QUE EL LEGISLADOR ATRIBUYA ARBITRARIAMENTE DE NUEVO TALES FUNCIONES A LOS AGENTES DE DICHA INSPECCION, Y 2. ESTA DUALIDD DE FUNCIONES INSPECTORAS Y LIQUIDADORAS EN UN MISMO ORGANO VULNERA EL PRINCIPIO QUE PROHIBE SER JUEZ Y PARTE EN UN MISMO ASUNTO.

EL TRIBUNAL NO PUEDE HACER SUYO EL RAZONAMIENTO ANTERIOR. HA DE DECIRSE, EN PRIMER LUGAR, QUE SIENDO CIERTO QUE EL TRIBUNAL SUPREMO, EN LA SENTENCIA CITADA, DECLARO NULO EL REAL DECRETO 412/1982, DICHA ANULACION SE HIZO SOBRE LA BASE DE QUE TAL DISPOSICION REGLAMENTARIA VIOLABA EL PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA, CONSAGRADO EN EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION, EN LA MEDIDA EN QUE CONTRADECIA LO DISPUESTO EN UNA LEY LA LEY GENERAL TRIBUTARIA SEGUN LA CUAL A LA INSPECCION DE TRIBUTOS LE CORRESPONDIAN FUNCIONES EXCLUSIVAMENTE INSPECTORAS, DE COMPROBACION E INVESTIGACION DE LOS HECHOS IMPONIBLES, PERO NO DE LIQUIDACION. EN CONSECUENCIA, EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL SE FUNDABA BASICAMENTE EN LA IDEA DE QUE UNA MATERIA REGULADA POR LEY CON CARACTER IMPERATIVO NO PODIA SER OBJETO DE REGULACION REGLAMENTARIA SIN QUE MEDIARA LA OPORTUNA DESLEGALIZACION; POR ELLO, AL ATRIBUIRSE POR UN REGLAMENTO FUNCIONES A ORGANOS QUE NO LAS TENIAN SEGUN LA LEY, SE ESTABA CONCULCANDO ESTA, LO QUE IMPLICABA UNA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA QUE ENTRAÑABA UN VICIO DE ILEGALIDAD POR VULNERACION DE UNA NORMA SUPERIOR.

ES TAMBIEN CIERTO QUE EL TRIBUNAL SUPREMO INVOCO ADEMAS OTROS ARGUMENTOS QUE LOS RECURRENTES TRAEN AHORA AQUI PARA FUNDAR SU PRETENSION DE DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 140 C). PERO DEBE ADVERTIRSE QUE TALES ARGUMENTOS, EN LOS QUE SE HACE ALUSION AL ASPECTO GARANTIZADOR QUE PARA LOS CONTRIBUYENTES COMPORTA LA DUPLICIDAD DE ORGANOS SEPARADOS DE INSPECCION Y DE LIQUIDACION, SON ESTRICTAMENTE OBITER DICTA , ESTO ES, DECLARACIONES SECUNDARIAS O ALEJADAS DE LA RATIO DECIDENDI , QUE SE VIERTEN EN UN PLANO DISTINTO AL DE LA LEGALIDAD. DE AHI QUE EL TRIBUNAL SUPREMO, PESE A SOSTENER QUE AQUELLA DISTRIBUCION LEGAL DE FUNCIONES INSPECTORAS Y LIQUIDADORAS CONFIGURABA GARANTIAS PROCEDIMENTALES PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE NO PODIAN QUEDAR A LA LIBRE DISCRECIONALIDAD DE LA POTESTAD ORGANIZADORA DE LA ADMINISTRACION, ACABE POR ADMITIR QUE TODO ELLO ES ASI <SALVO QUE POR OTRA DISPOSICION CON RANGO DE LEY SE ALTEREN AQUELLOS PRINCIPIOS QUE, COMO DE ORDEN PUBLICO Y HASTA QUE ESTO ULTIMO NO SUCEDA, HAN DE SER RESPETADOS>. EN SUMA, QUE LO QUE ES ILEGAL QUE UN REGLAMENTO VULNERE UNA LEY NO ES NECESARIAMENTE CANON DE INCONSTITUCIONALILDAD, PUESTO QUE NADA IMPIDE QUE EL LEGISLADOR, HACIENDO USO DE SU LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA, PUEDA MODIFICAR LA LEY ANTERIOR.

ESTO ES JUSTAMENTE LO QUE HA HECHO LA LEY 10/1985, QUE HA MODIFICADO EN ESTE PUNTO LO QUE ESTABLECIA AL RESPECTO LA LEY GENERAL TRIBUTARIA EN SU VERSION ANTERIOR DE 1963. SIENDO INHERENTES AL VALOR SUPERIOR DEL PLURALISMO (ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION) QUE LAS LEYES PUEDAN RESULTAR ACERTADAS Y OPORTUNAS A UNOS COMO DESACERTADAS E INOPORTUNAS A OTROS, CABE CIERTAMENTE DISCUTIR LA OPORTUNIDAD O CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION NORMATIVA QUE AHORA EXAMINAMOS, SEA DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONTRIBUYENTE, SEA DESDE CRITERIOS DE ESPECIALIZACION EN LA ORDENACION DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO EL JUICIO QUE ELLO MEREZCA A CADA UNO NO AFECTA EN MODO ALGUNO A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA OPERADA.

TAMPOCO PUEDE ACEPTARSE QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO HAYA VULNERADO LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION), COMO SOSTIENEN LOS DEMANDANTES. POR UN LADO, LA NORMA ES CLARA Y LOS CIUDADANOS SABEN A QUE ATENERSE ANTE LA MISMA; POR OTRO, EL LEGISLADOR DISPONE DE UN AMPLIO MARGEN PARA DECIDIR ACERCA DE LA SEPARACION O LA ACUMULACION DE LAS FUNCIONES DE INSPECCION Y DE LIQUIDACION TRIBUTARIA EN UNOS MISMO ORGANOS, POR LO QUE LA OPCION ENTRE UNA O UTRA SOLUCION CAE DENTRO DEL AMBITO DE LA LEGITIMA DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR, NO RESULTA ARBITRARIA Y NO PRODUCE INDEFENSION ALGUNA.

EN UNA LINEA DE ARGUMENTACION COMPLEMENTARIA DE LA ANTERIOR, LOS SENADORES RECURRENTES SOSTIENEN QUE, EN CUALQUIER CASO, LA ACUMULACION DE FUNCIONES INSPECTORAS Y LIQUIDADORAS EN LA INSPECCION DE TRIBUTOS COMPROMETE LA NECESARIA NEUTRALIDAD O IMPARCIALIDAD DEL ORGANO LIQUIDADOR Y QUEBRANTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE PROHIBE SER JUEZ Y PARTE EN UN MISMO ASUNTO. CON ESTE MODO DE RAZONAR EL REPROCHE SE SITUA EN EL AMBITO DEL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIAS (ARTS.

24.2 DE LA CONSTITUCION) Y, EN CONCRETO, DEL DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL.

AHORA BIEN, COMO ACERTADAMENTE ADVIERTE EL ABOGADO DEL ESTADO, DEBE SEÑALARSE QUE TANTO SI SE SEPARAN LAS FUNCIONES INSPECTORAS DE LAS LIQUIDADOREAS COMO SI SE ATRIBUYEN AMBAS A UN MISMO ORGANO EL CONTRIBUYENTE ESTARA SIEMPRE ANTE UNA MISMA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA ESTRUCTURADA CONFORME A UN PRINCIPIO DE JERARQUIA, Y ESTA CIRCUNSTANCIA, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, IMPIDE UNA BSOLUTA INDEPENDENCIA AD EXTRA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS, CUALQUIERA QUE SEA EL CRITERIO DE DISTRIBUCION DE FUNCIONES ENTRE LOS MISMOS, POR LA NATURALEZA MISMA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN NINGUN CASO PUEDE EXIGIRSE UNA SEPARACION ENTRE INSTRUCCION Y RESOLUCION EQUIVALENTE A LA QUE RESPECTO DE LOS JUECES HA DE DARSE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES. EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY Y A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTIOAS ENTRE ELLAS, LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL JUZGADOR ES UNA GARANTIA CARACTERISTICA DEL PROCESO JUDICIAL QUE NO SE EXTIENDE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, YA QUE LA ESTRICTA IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE LOS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL NO ES, POR ESENCIA, PREDICABLE CON IGUAL SIGNIFICADO Y EN LA MISMA MEDIDA DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS (SSTC 175/1987 Y 22/1990; AATC 320/1986, 170/1987 Y 966/1987).

B) LAS OBJECIONES QUE LOS SENADORES RECURRENTES FORMULAN A LA REDACCION DEL ART. 145.3 TIENEN SIN DUDA MAYOR RELEVANCIA CONSTITUCIONAL Y UNA MAS SOLIDA CONSISTENCIA ARGUMENTAL. LAS RAZONES EN LAS QUE FUNDAMENTAN SU IMPUGNACION HAN QUEDADO AMPLIAMENTE REFLEJADAS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA SENTENCIA, UN RESUMEN DE LAS CUALES SE RECOGE TAMBIEN EN EL ENCABEZAMIENTO DEL PRESENTE FUNDAMENTO JURIDICO. EN SUSTANCIA, LA REPRESENTACION ACTORA SOSTIENE QUE EL PRECEPTO LEGAL CONFIGURA UNA INJUSTIFICABLE INVESRSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA QUE LESIONA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCION DE INOCENCIA (ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION) Y COLOCA AL CONTRIBUYENTE EN UNA VIRTUAL POSICION DE INDEFENSION AL EXIGIRLE LA PRUEBA CONTRARIA DE HECHOS FRECUENTEMENTE NEGATIVOS. FRENTE A ELLO, EL ABOGADO DEL ESTADO ARGUYE QUE NO HAY CONEXION ENTRE LA PRESUNCION DE EXACTITUD DE LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LAS ACTAS DE LA INSPECCION A QUE SE REFIERE EL PRECEPTO IMPUGNADO Y LA PRESUNCION DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, PUES LA PRIMERA OPERA EN EL PLANO DE LOS HECHOS, CUYA EXISTENCIA QUEDA ACREDITADA EN EL ACTA EXTENDIDA POR EL INSPECTOR, EN TANTO QUE LA SEGUNDA ATAÑE A UN JUICIO ESTIMATIVO DE CULPABILIDAD QUE ES POR COMPLETO AJENO AL CONTENIDO NORMATIVO DEL PRECEPTO IMPUGNADO; EN CONSECUENCIA, NO PUEDE HABER COLISION ENTRE EL ART. 145.3 DE LA LGT Y EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION.

EL RAZONAMIENTO DEL ABOGADO DEL ESTADO NO ES CONVINCENTE EN ESTE PUNTO Y DEBE, EN CAMBIO, RESPALDARSE EL PLANTEAMIENTO GENERAL QUE LOS RECURRENTES HACEN SOBRE LA PERTINENCIA DE ENJUICIAR EL NUEVO PRECEPTO LEGAL A LA LUZ DE LAS EXIGENCIAS QUE COMPORTA LA PRESUNCION DE INOCENCIA ENUNCIADA COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION; TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE LAS CONCLUSIONES A QUE LLEGUEMOS DIFIERAN, COMO LUEGO SE VERA, DE LAS QUE SOSTIENEN LOS RECURRENTES.

EN EFECTO, NO PUEDE SUSCITAR NINGUNA DUDA QUE LA PRESUNCION DE INOCENCIA RIGE SIN EXCEPCIONES EN EL ORDENAMIENTO SANCIONADOR Y HA DE SER RESPETADA EN LA IMPOSICION DE CUALESQUIERA SANCIONES, SEAN PENALES, SEAN ADMINISTRATIVAS EN GENERAL O TRIBUTARIAS EN PARTICULAR, PUES EL EJERCICIO DEL IUS PUNIENDI EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES ESTA COMDICIONADO POR EL ART.

24.2 DE LA CONSTITUCION AL JUEGO DE LA PRUEBA Y A UN PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO EN EL QUE PUEDAN DEFENDERSE LAS PROPIAS POSICIONES. EN TAL SENTIDO, EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMPORTA: QUE LA SANCION ESTE BASADA EN ACTOS O MEDIOS PROBATORIOS DE CARGO O INCRIMINADORES DE LA CONDUCTA REPROCHADA; QUE LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDA A QUIEN ACUSA, SIN QUE NADIE ESTE OBLIGADO A PROBAR SU PROPIA INOCENCIA; Y QUE CUALQUIER INSUFICIENCIA EN EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS, LIBREMENTE VALORADO POR EL ORGANO SANCIONADOR, DEBE TRADUCIRSE EN UN PRONUNCIAMIENTO ABSOLUTORIO.

DICHO ESTA CON ELLO QUE, SI EN LAS ACTAS DE LA INSPECCION DE TRIBUTOS PUEDE CONSIGNARSE LA REGULARIZACION DE LAS SITUACIONES TRIBUTARIAS QUE LOS INSPECTORES ACTUARIOS ESTIMEN PROCEDENTE, CON EXPRESION, EN SU CASO, DE LAS INFRACCIONES QUE APRECIEN, INCLUYENDO LA PROPUESTA DE LA SANCION PECUNIARIA APLICABLE Y DE LOS CRITERIOS PARA SU GRADUACION, RESULTA EVIDENTE QUE TALES DOCUMENTOS PUEDEN TENER RELEVANCIA EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS SANCIONADORES, Y ELLO OBLIGA A CONTRASTAR EL VALOR QUE A LOS MISMO OTORGA EL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO CON EL PRINCIPIO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, DEBIENDO RECHAZARSE POR INFUNDADA LA DISTINCION QUE EL ABOGADO DEL ESTADO PROPONE ENTRE EL PLANO DE LOS HECHOS Y EL PLANO DE LA CULPABILIDAD, DADO QUE TODA RESOLUCION SANCIONADORA, SEA PENAL O ADMINISTRATIVA, REQUIERE A LA PAR CERTEZA DE LOS HECHOS IMPUTADOS, OBTENIDA MEDIANTE PRUEBAS DE CARGO, Y CERTEZA DEL JUICIO DE CULPABILIDAD SOBRE ESOS MISMOS HECHOS, DE MANERA QUE EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION RECHAZA TANTO LA RESPONSABILIDAD PRESUNTA Y OBEJTIVA COMO LA INVERSION DE LA CARGA DE PRUEBA EN RELACION CON EL PRESUPUESTO FACTICO DE LA SANCION.

ADMITIDO, PUES, QUE LA PERSPECTIVA DESDE LA QUE LOS SENADORES RECURRENTES FORMULAN SU CENSURA ES LA ADECUADA AL CASO, PROCEDE AHORA QUE DIRIJAMOS LA ATENCION AL PRECEPTO IMPUGNADO PARA INDAGAR SI ES O NO MERECEDOR DE LOS REPROCHES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE LA DEMANDA LE IMPUTA. EN ESA DIRECCION, LAS CUESTIONES ATINENTES AL CASO A LAS QUE DEBEMOS DAR RESPUESTA SON LAS DOS SIGUIENTES: 1. , SI LAS ACTAS Y DILIGENCIAS EXTENDIDAS POR LA INSPECCION DE TRIBUTOS MERECEN O NO LA CONSIDERACION DE MEDIO DE PRUEBA ADMISIBLE EN DERECHO, Y 2. , SI LA EFICACIA QUE EL ART. 145.3 DE LA LGT OTORGA A TALES ACTAS Y DILIGENCIAS ES O NO COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA QUE A TODOS RECONOCE EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION.

LA CONTESTACION AFIRMATIVA A LA PRIMERA CUESTION NO OFRECE MAYORES DIFICULTADES. LAS ACTAS Y DILIGENCIAS SON LA DOCUMENTACION DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS POR LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS EN LA QUE SE HACEN CONSTAR LOS HECHOS RELEVANTES PARA LA LIQUIDACION TRIBUTARIA QUE SE PRODUZCAN EN EL PROCEDIMIENTO INSPECTOR, ASI COMO LAS MANIFESTACIONES DE LAS PERSONAS CON LAS QUE ACTUE LA INSPECCION, Y EN LA QUE SE RECOGEN ASIMISMO LOS RESULTADOS DE LA COMPROBACION E INVESTIGACION LLEVADA A CABO, PROPONIENDO LA REGULARIZACION DE LA SITUACION TRIBUTARIA DEL SUJETO PASIVO O RETENEDOR O DECLARANDO CORRECTA LA MISMA. EN CONSECUENCIA, NINGUN OBSTACULO HAY PARA CONSIDERAR A LAS ACTAS Y DILIGENCIAS DE INSPECCION COMO MEDIOS PROBATORIOS, A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 88.1 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 74 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, QUE SE REMITEN A LOS GENERALMENTE ADMITIDOS Y A LAS NORMAS DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO, Y CON ARREGLO A LOS ARTS.

1.216 DEL CODIGO CIVIL Y 596, 3. , DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, TAMPOCO CABE OBJECION ALGUNA A SU CALIFICACION LEGAL COMO DOCUMENTOS PUBLICOS, EN LA MEDIDA EN QUE SE AUTORIZAN POR FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS Y CON LAS SOLEMNIDADES O FORMALIDADES LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

EL SEGUNDO ASPECTO QUE DEBEMOS ANALIZAR ES EL DE LA EFICACIA QUE LA NORMA LEGAL IMPUGNADA OTORGA A LAS ACTAS Y DILIGENCIAS DE LA INSPECCION DE TRIBUTOS, Y MAS CONCRETAMENTE SI AQUELLA EFICACIA PROBATORIA <RESPECTO DE LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU FORMALIZACION, SALVO QUE SE ACREDITE LO CONTRARIO>, ENTRA O NO EN CONTRADICCION CON LA PRESUNCION DE INOCENCIA, YA QUE ESTA, COMO HA QUEDADO DICHO, ALCANZA NO SOLO A LA CULPABILIDAD, ENTENDIDA COMO NEXO PSICOLOGICO ENTRE EL AUTOR Y LA CONDUCTA REPROCHADA, SINO TAMBIEN, Y MUY ESPECIALMENTE, A LA REALIDAD DE LOS HECHOS IMPUTADOS.

HA DE EXCLUIRSE A LIMINE QUE EL ART. 145.3 DE LA LGT ESTABLEZCA UNA PRESUNCION LEGAL QUE DISPENSE A LA ADMINISTRACION, EN CONTRA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, DE TODA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS SANCIONADOS, PUESTO QUE EL PRECEPTO PARTE JUSTAMENTE DE LA EXISTENCIA DE UN MEDIO PROBATORIO VALIDO EN DERECHO. ES IGUALMENTE EVIDENTE QUE LA NORMA IMPUGNADA NO ESTABLECE TAMPOCO UNA PRESUNCION IURIS ET DE IURE DE VERACIDAD O CERTEZA DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSPECCION (QUE SERIA TAMBIEN INCOMPATIBLE CON LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA), YA QUE EXPRESAMENTE ADMITE LA ACREDITACION EN CONTRARIO. EL PRECEPTO COMBATIDO CONSTITUYE UN PRIMER MEDIO DE PRUEBA SOBRE LOS HECHOS QUE CONSTAN EN LAS ACTAS Y DILIGENCIAS DE LA INSPECCION TRIBUTARIA, CUYO VALOR O EFICACIA HA DE MEDIRSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACION DE LA PRUEBA. A ELLO DEBE AÑADIRSE QUE ESE VALOR PROBATORIO SOLO PUEDE REFERIRSE A LOS HECHOS COMPROBADOS DIRECTAMENTE POR EL FUNCIONARIO, QUEDANDO FUERA DE SU ALCANCE LAS CALIFICACIONES JURIDICAS, LOS JUICIOS DE VALOR O LAS SIMPLES OPINIONES QUE LOS INSPECTORES CONSIGNEN EN LAS ACTAS Y DILIGENCIAS.

EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LA APLICACION DEL PRECEPTO IMPUGNADO NO CONSTITUYE QUIEBRA ALGUNA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, SEGUN SE DEDUCE DE LA PROPIA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL. ASI EL ATC 7/1989, DE 13 DE ENERO, EN RELACION CON LOS SUPUESTOS ANALOGOS PLANTEADOS POR LAS ACTAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO, SEÑALA QUE EL CORRESPONDIENTE PRECEPTO NO OTORGA A AQUELLAS UNA VERACIDAD ABSOLUTA E INDISCUTIBLE, LO QUE NO SERIA CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE, SINO QUE PUEDEN CEDER FRENTE A OTRAS PRUEBAS QUE CONDUZCAN A CONCLUSIONES DISTINTAS, PUES NADA IMPIDE QUE FRENTE A LAS ACTAS SE PUEDAN UTILIZAR LOS MEDIOS DE DEFENSA OPORTUNOS, LO CUAL NO SUPONE INVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA, SINO ACTUAR CONTRA EL ACTO DE PRUEBA APORTADO POR LA PARTE CONTRARIA. EN EL MISMO SENTIDO, Y CON REFERENCIA AHORA A LAS ACTAS DE LA INSPECCION TRIBUTARIA, EN EL ATC 974/1986, DE 19 DE NOVIEMBRE, DECLARAMOS TAMBIEN QUE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN EL CASO EXAMINADO LAS ACTAS FUERON DE DISCONFORMIDAD Y DE QUE SE MANTUVIERON DETERMINADAS DISCREPANCIAS DE FONDO FRENTE AL SUBINSPECTOR ACTUARIO EN LAS PROPIAS ACTAS, QUE RECOGEN YA DETERMINADA MANIFESTACION DEL REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE, DIRIGIDA SEGURAMENTE A SU DESCARGO, <EL SOLICITANTE DE AMPARO TUVO ADEMAS OCASION Y DERECHO... DE FORMULAR EN DETERMINADO PLAZO, ANTES DE DICTARSE EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA, LAS ALEGACIONES QUE ESTIMASE OPORTUNAS>. EL ACTA NO ES, PUES, DETERMINANTE POR SI MISMA DE NINGUNA SANCION, PUES CON ELLA SE PONE SOLO FIN A LA FASE DE INSTRUCCION DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION QUE DA PASO A LA FASE SIGUIENTE, LA DE LIQUIDACION EN SENTIDO ESTRICTO, Y, EN SU CASO, A LA INICIACION DEL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE SANCIONADOR. EN CONSECUENCIA, SI EN EL ACTA SE CONSIGNAN HECHOS QUE PODRIAN SER CONSTITUTIVOS DE INFRACCION TRIBUTARIA Y ELLO OBLIGA AL ACTUARIO A INCLUIR LA PROPUESTA DE SANCION QUE ESTIME PROCEDENTE, EL ALCANCE DE AQUELLA EN LA VIA ADMINISTRATIVA NO ES OTRO QUE EL DE PERMITIR LA INCOACION DEL OPORTUNO PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN CUYA TRAMITACION EL CONTRIBUYENTE PODRA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE COMBATAN LA PRUEBA FUNDAMENTAL PRESENTADA POR LA PARTE CONTRARIA Y EN VIRTUD DE LA CUAL SE LE IMPUTA LA INFRACCION TRIBUTARIA MERECEDORA DE SANCION.

SI ELLO ES ASI EN LA VIA ADMINISTRATIVA PREVIA, CON MAYOR RAZON LO ES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ANTE EL CUAL EL CONTRIBUYENTE PIDE LA ANULACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LA PRESUNCION DE LEGALIDAD QUE ADORNA A ESTE ULTIMO NO IMPLICA EN MODO ALGUNO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA QUE, TRATANDOSE DE INFRACCION Y SANCION ADMINISTRATIVA, HA DE CORRESPONDER A LA ADMINISTRACION, SINO QUE SIMPLEMENTE COMPORTA LA CARGA DE RECURRIR EN SEDE JUDICIAL AQUELLA RESOLUCION SANCIONADORA, PUDIENDO OBVIAMENTE BASARSE LA IMPUGNACION EN LA FALTA DE PRUEBA DE LOS HECHOS IMPUTADOS O DE LA CULPABILIDAD NECESARIA QUE JUSTIFIQUE LA IMPOSICION DE LA SANCION. EN TAL SENTIDO, LA INTERVENCION DE FUNCIONARIO PUBLICO NO SIGNIFICA QUE LAS ACTAS GOCEN, EN CUANTO A TALES HECHOS, DE UNA ABSOLUTA PREFERENCIA PROBATORIA QUE HAGA INNECESARIA LA FORMACION DE LA CONVICCION JUDICIAL ACERCA DE LA VERDAD DE LOS HECHOS EMPLEANDO LAS REGLAS DE LA LOGICA Y DE LA EXPERIENCIA. EN VIA JUDICIAL, LAS ACTAS DE LA INSPECCION DE TRIBUTOS INCORPORADAS AL EXPEDIENTE SANCIONADOR NO GOZAN DE MAYOR RELEVANCIA QUE LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS EN DERECHO Y, POR ELLO, NI HAN DE PREVALECER NECESARIAMENTE FRENTE A OTRAS PRUEBAS QUE CONDUZCAN A CONCLUSIONES DISTINTAS, NI PUEDEN IMPEDIR QUE EL JUEZ DEL CONTENCIOSO FORME SU CONVICCION SOBRE LA BASE DE UNA VALORACION O APRECIACION RAZONADA DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS. ELLO NO QUITA, SIN EMBARGO, QUE, EN ORDEN A LA VERACIDAD O CERTEZA DE LOS HECHOS SANCIONADOS, EL ORGANO JUDICIAL HABRA DE PONDERAR EL CONTENIDO DE LAS DILIGENCIAS Y ACTAS DE LA INSPECCION DE LOS TRIBUTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE TALES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, FORMALIZADAS EN EL OPORTUNO EXPEDIENTE, NO TIENEN LA CONSIDERACION DE SIMPLE DENUNCIA, SINO QUE, COMO HA QUEDADO DICHO, SON SUSCEPTIBLES DE VALORARSE COMO PRUEBA EN LA VIA JUDICIAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, PUDIENDO SERVIR PARA DESTRUIR LA PRESUNCION DE INOCENCIA SIN NECESIDAD DE REITERAR EN DICHA VIA LA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO PRACTICADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

QUEDA POR EXAMINAR FINALMENTE LA EFICACIA QUE A LAS ACTAS Y DILIGENCIAS DE LA INSPECCION HAYA DE DARSE, SEGUN EL ART.

145.3, EN EL ORDEN PENAL, Y SI DICHA EFICACIA CONTRADICE EN SUS PUROS TERMINOS, COMO CREEN LOS RECURRENTES, LA PRESUNCION CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA O SI, POR EL CONTRARIO, ES SUSCEPTIBLE DE UNA APLICACION COMPATIBLE CON EL RESPETO A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL Y A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL PROCESO PENAL.

CONVIENE PARA ELLO RECORDAR SUCINTAMENTE QUE LA PRESUNCION DE INOCENCIA RECONOCIDA EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION COMPORTA EN EL ORDEN PENAL, AL MENOS, LAS CUATRO SIGUIENTES EXIGENCIAS: 1. , LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA PRETENSION PENAL CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA ACUSACION, SIN QUE SEA EXIGIBLE A LA DEFENSA UNA PROBATIO DIABOLICA DE LOS HECHOS NEGATIVOS; 2. , SOLO PUEDE ENTENDERSE COMO PRUEBA LA PRACTICADA EN EL JUICIO ORAL BAJO LA INMEDIACION DEL ORGANO JUDICIAL DECISOR Y CON OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCION Y PUBLICIDAD; 3. , DE DICHA REGLA GENERAL SOLO PUEDEN EXCEPTUARSE LOS SUPUESTOS DE PRUEBA PRECONSTITUIDA Y ANTICIPADA, CUYA REPRODUCCION EN EL JUICIO ORAL SEA O SE PREVEA IMPOSIBLE Y SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA O LA POSIBILIDAD DE CONTRADICCION,

Y 4. , LA VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA PRACTICADA ES UNA POTESTAD EXCLUSIVA DEL ORGANO JUDICIAL, QUE ESTE EJERCE LIBREMENTE CON LA SOLA OBLIGACION DE RAZONAR EL RESULTADO DE DICHA VALORACION.

A LA LUZ DE ESTA DOCTRINA CONSTITUCIONAL, NO ES ADMISIBLE QUE EL PROCESO PENAL PUEDA RESULTAR CONDICIONADO POR UNA PRESUNCION PREVIA DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y COMPROBACION DE LA SITUACION TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE, PUES ELLO SIGNIFICARIA QUE LA DOCUMENTACION DE LA INSPECCION TENDRIA A EFECTOS PENALES UN VALOR DE CERTEZA DE LOS HECHOS QUE EN LA MISMA SE HACEN CONSTAR, VINIENDO OBLIGADO EL PRETENDIDO INFRACTOR A DESTRUIR AQUELLA CERTEZA MEDIANTE LA PRUEBA EN CONTRARIO DE SU INOCENCIA. TAL INTERPRETACION DEL ART. 145.3 DE LA LGT SERIA INCONSTITUCIONAL, COMO ASI LO AFIRMAN CON TODA RAZON LOS SENADORES RECURRENTES. MAS NO ES ESTA LA UNICA EXEGESIS POSIBLE DEL CITADO PRECEPTO, YA QUE EL ACTA DE LA INSPECCION CONTIENE LA CONSTATACION DE UNOS HECHOS DE LOS CUALES SE INFIERE UNA NOTITIA CRIMINIS SUFICIENTE PARA LA APERTURA DE UN PROCESO PENAL, DENTRO DEL CUAL Y EN LA FASE DEL JUICIO ORAL TENDRA EL VALOR PROBATORIO COMO PRUEBA DOCUMENTAL QUE EL JUEZ PENAL LIBREMENTE APRECIE, CON RESPETO A TODOS LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR EL ART. 24 DE LA CONSTITUCION Y PROFUSAMENTE INTERPRETADOS POR LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, QUE TANTO HA INSISTIDO EN LA EXIGENCIA, ENTRE OTROS, DEL PRINCIPIO ACUSATORIO, EL PRINCIPIO DE CONTRADICCION Y LOS DE PUBLICIDAD, LIBRE DEFENSA DEL ACUSADO Y LIBRE APRECIACION JUDICIAL DE LA PRUEBA.

EN CONSECUENCIA, INTERPRETADO ASI Y CON EL ALCANCE SEÑALADO EN EL PRESENTE FUNDAMENTO JURIDICO, EL ART.

145.3 DE LA LGT NO ES INCONSTITUCIONAL.

9. CON UNA ARGUMENTACION VIRTUALMENTE COINCIDENTE, TANTO LA SALA PRIMERA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALENCIA COMO LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO CUESTIONAN LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 58.2 B) DE LA LGT EN LA REDACCION DADA AL MISMO POR EL ART. 3 DE LA LEY 10/1985, SEGUN EL CUAL EL INTERES DE DEMORA SERA EL INTERES LEGAL DEL DINERO VIGENTE EL DIA QUE COMIENCE EL DEVENGO DE AQUEL INCREMENTADO EN UN 25 POR 100, SALVO QUE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTABLEZCA UNO DIFERENTE.

A JUICIO DE AMBAS SALAS, EL MENCIONADO INCREMENTO PORCENTUAL VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART. 14 EN RELACION CON EL ART. 31 DE LA CONSTITUCION) AL INTRODUCIR UN TRATO FAVORABLE PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE DISCRIMINA INJUSTIFICADAMENTE A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE ESTOS SOLO TIENEN DERECHO AL INTERES LEGAL EN LA DEVOLUCION DE LOS INGRESOS QUE INDEBIDAMENTE HUBIERAN REALIZADO EN EL TESORO CON OCASION DEL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS (ART. 155.1 DE LA LEY), EN TANTO QUE LA ADMINISTRACION VE INCREMENTADO ESE INTERES LEGAL EN UN 25 POR 100 A LOS EFECTOS DEL INTERES DE DEMORA QUE SURGE CUANDO EL SUJETO PASIVO SE RETRASA EN EL PAGO. Y SIENDO IGUAL EL COSTE O PERJUICIO FINANCIERO QUE PARA AMBOS SUJETOS OCASIONA DICHO RETRASO, LAS SALAS ENTIENDEN QUE NO HAY JUSTIFICACION PARA ESTA DIFERENCIA DE TRATO NORMATIVO. PARA LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, EL PRECEPTO LEGAL VULNERA ADEMAS EL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION, YA QUE, SI LA FINALIDAD DEL INTERES DE DEMORA NO PUEDE SER OTRA QUE LA DE REPARAR O RESARCIR EL PERJUICIO PATRIMONIAL CAUSADO POR LA MOROSIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA, ESTA FINALIDAD SE <ADULTERA> CUANDO SE AÑADEN A ELLA OTROS FINES DISTINTOS DE NATURALEZA DISUASORIA O SANCIONADORA, COMO ES AHORA EL CASO, PUES DE ESTE MODO LA SANCION EN QUE CONSISTE EL CITADO INCREMENTO NO RESPONDE A UNA PREVIA CONDUCTA INFRACTORA NI A UNA TIPIFICACION ADECUADA:

A) INICIANDO NUESTRO ANALISIS POR LA INVOCADA LESION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ART. 14 DE LA CONSTITUCION), NO ES DIFICIL ADVERTIR QUE EN LA DUDA CONSTITUCIONAL QUE SE NOS PLANTEA FALTAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONFIGURAR LA SITUACION DE DISCRIMINACION QUE SE DENUNCIA.

SOBRE EL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY ESTE TRIBUNAL HA ELABORADO EN NUMEROSAS SENTENCIAS UNA MATIZADA DOCTRINA CUYOS RASGOS ESENCIALES PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE: A) NO TODA DESIGUALDAD DE TRATO EN LA LEY SUPONE UNA INFRACCION DEL ART. 14 DE LA CONSTITUCION, SINO QUE DICHA INFRACCION LA PRODUCE SOLO AQUELLA DESIGUALDAD QUE INTRODUCE UNA DIFERENCIA ENTRE SITUACIONES QUE PUEDEN CONSIDERARSE IGUALES Y QUE CARECE DE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE; B) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EXIGE QUE A IGUALES SUPUESTOS DE HECHO SE APLIQUEN IGUALES CONSECUENCIAS JURIDICAS, DEBIENDO CONSIDERARSE IGUALES DOS SUPUESTOS DE HECHO CUANDO LA

UTILIZACION O INTRODUCCION DE ELEMENTOS DIFERENCIADORES SEA ARBITRARIA O CAREZCA DE FUNDAMENTO RACIONAL; C) EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NO PROHIBE AL LEGISLADOR CUALQUIER DESIGUALDAD DE TRATO, SINO SOLO AQUELLAS DESIGUALDADES QUE RESULTEN ARTIFICIOSAS O INJUSTIFICADAS POR NO VENIR FUNDADAS EN CRITERIOS OBJETIVOS Y SUFICIENTEMENTE RAZONABLES DE ACUERDO CON CRITERIOS O JUICIOS DE VALOR GENERALMENTE ACEPTADOS; D) POR ULTIMO, PARA QUE LA DIFERENCIACION RESULTE CONSTITUCIONALMENTE LICITA NO BASTA CON QUE LO SEA EL FIN QUE CON ELLA SE PERSIGUE, SINO QUE ES INDISPENSABLE ADEMAS QUE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE RESULTAN DE TAL DISTINCION SEAN ADECUADAS Y PROPORCIONADAS A DICHO FIN, DE MANERA QUE LA RELACION ENTRE LA MEDIDA ADOPTADA, EL RESULTADO QUE SE PRODUCE Y EL FIN PRETENDIDO POR EL LEGISLADOR SUPEREN UN JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN SEDE CONSTITUCIONAL, EVITANDO RESULTADOS ESPECIALMENTE GRAVOSOS O DESMEDIDOS.

A LA LUZ DE ESTA DOCTRINA, Y DIRIGIENDO AHORA NUESTRA ATENCION AL PRECEPTO CUESTIONADO, ES OBLIGADO CONVENIR CON EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y CON EL ABOGADO DEL ESTADO QUE NO SON IGUALES NI HOMOGENEOS LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE CONTEMPLAN LOS ARTS.

58.2 B) Y 155.1 DE LA LGT, Y DE CUYA COMPARACION EXTRAEN LOS ORGANOS JUDICIALES LA DUDA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PRIMERO DE TALES PRECEPTOS. NO CABE, EN EFECTO, SOSTENER QUE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTREN EN LA MISMA SITUACION COMO SI DE UNA RELACION JURIDICO-PRIVADA SE TRATARA. COMO ANTES SE VIO, ESA PRETENDIDA IGUALDAD RESULTA DESMENTIDA POR EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION QUE, AL CONFIGURAR EL DEBER TRIBUTARIO COMO DEBER CONSTITUCIONAL, ESTA AUTORIZANDO AL LEGISLADOR PARA QUE, DENTRO DE UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO, ADOPTE LAS MEDIDAS QUE SEAN EFICACES Y ATRIBUYA A LA ADMINISTRACION LAS POTESTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA EXIGIR Y LOGRAR EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES, POTESTADES QUE POR ESENCIA SITUAN A LA ADMINISTRACION COMO POTENTIOR PERSONA EN UNA SITUACION DE SUPERIORIDAD SOBRE LOS CONTRIBUYENTES.

EL ABOGADO DEL ESTADO DESTACA EN ESTE MISMO SENTIDO QUE LA IMPORTANCIA DE LA PUNTUALIDAD EN EL PAGO ES INCOMPARABLEMENTE MAYOR PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE PARA EL CIUDADANO QUE OCASIONALMENTE SE PRESENTE COMO ACREEDOR DE AQUELLA, YA QUE CUALQUIER RETRASO MASIVO EN EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS PUEDE SUPONER UN DAÑO A LA HACIENDA PUBLICA DE MUY GRANDES PROPORCIONES. DE OTRO LADO, LA FIJACION DE UN BAJO INTERES DE DEMORA, MUY DISTANCIADO DEL VALOR REAL DEL DINERO EN EL MERCADO, TENDRIA SIN DUDA UN EFECTO INDUCIDO EN NUMEROSOS CASOS QUE PODRIA PROPORCIONAR RETRASOS EN EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA PARA OBTENER UN BENEFICIO PATRIMONIAL, EN CLARA DISCRIMINACION RESPECTO DE LOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN PUNTUALMENTE CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. EN CONCLUSION, LOS ARTS. 58.2 B) Y 155.1 DE LA LGT NO CONTEMPLAN SUPUESTOS DE HECHO IGUALES, PUESTO QUE EXISTEN RAZONABLES ELEMENTOS DE DIFERENCIACION ENTRA LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA EL CONTRIBUYENTE QUE INCURRE EN MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER TRIBUTARIO Y LA ADMINISTRACION QUE DEVUELVE LO INDEBIDAMENTE COBRADO.

LA CLAVE DE LA DIFERENCIACION NORMATIVA EL INCREMENTO DEL 25 POR 100 SOBRE EL INTERES LEGAL EN LOS INTERESES DE DEMORA SE HALLA, COMO SE HA VISTO, EN EVITAR EL GRAVE PERJUICIO QUE PARA LA HACIENDA SUPONDRIA QUE GRUPOS ENTEROS DE CONTRIBUYENTES DEJARAN EN MASA DE PAGAR TEMPESTIVAMENTE SUS CUOTAS TRIBUTARIAS PORQUE EL COSTE DEL RETRASO LE SUPUSIERA, DE TODOS MODOS, UN AHORRO RESPECTO DEL INTERES DE MERCADO DEL DINERO. EVITAR ESTE RIESGO CONFIGURA EL FIN QUE EL LEGISLADOR TRATA DE LOGRAR.

Y NO PARECE QUE SE PUEDA DUDAR DEL CARACTER OBJETIVO Y DE LA RAZONABILIDAD DE PRESERVAR AQUEL INTERES PUBLICO.

EL QUE, EN CAMBIO, CUANDO ES EL CONTRIBUYENTE EL ACREEDOR FRENTE A LA HACIENDA, EL INTERES SEA EL LEGAL SIN INCREMENTO DEL 25 POR 100 TIENE OTRA JUSTIFICACION: TRATAR DE COMPENSAR EL PERJUICIO QUE PARA DICHO CONTRIBUYENTE, A TITULO INDIVIDUAL, LE HA CAUSADO LA NO DISPOSICION DE UNA CANTIDAD DE DINERO REALMENTE NO DEBIDA A LA ADMINISTRACION. UN SUPUESTO ESTE QUE, POR MUY FRECUENTE QUE PUEDA SER, NUNCA LO SERA EN LA MAGNITUD NUMERICA Y CUANTITATIVA DEL ANTERIOR. EN ESTE SEGUNDO CASO, EL LEGISLADOR TRATA SOLO DE COMPENSAR O REPARAR, A TRAVES DE LA DETERMINACION DE UN MODULO OBJETIVO, LA PRODUCCION DE UN PERJUICIO SUFRIDO EN LA ESFERA PATRIMONIAL DE UN PARTICULAR, PERJUICIO CUYA PRODUCCION NO PUEDE DECIRSE QUE HAYA SIDO DELIBERADAMENTE BUSCADA POR LA ADMINISTRACION. EN EL PRIMER CASO, POR EL CONTRARIO, EL LEGISLADOR TRATA DE COMPENSAR O RESARCIR AL ERARIO PUBLICO POR EL PERJUICIO QUE LE SUPONE LA NO DISPOSICON TEMPESTIVA DE LOS FONDOS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS GASTOS PUBLICOS, A LA VEZ QUE DE SALIR PREVENTIVAMENTE AL PASO DE UNA POSIBLE ACTITUD DILATORIA EN EL PAGO DE SUS DEUDAS TRIBUTARIAS POR LOS CONTRIBUYENTES, Y ANTE EL RIESGO DE QUE DICHA ACTITUD PUDIERA GENERALIZARSE.

POR ULTIMO, NO SOLO LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE SE COMPARAN NO SON HOMOGENEOS NI RESULTA INJUSTIFICADA O ARBITRARIA LA FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA DIFERENCIACION NORMATIVA, SINO QUE LA MEDIDA ADOPTADA POR EL LEGISLADOR NO ES TAMPOCO DESPROPORCIONADA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS A QUE SE LLEGA. EN ESTE SENTIDO, EL ART. 58.2 B) DE LA LGT INTRODUCE UN INCREMENTO DEL 25 POR 100 SOBRE EL INTERES LEGAL DEL DINERO SALVO QUE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES ESTABLEZCA UNO DIFERENTE. NO PUEDE RAZONABLEMENTE SOSTENERSE QUE ESE INCREMENTO PORCENTUAL SOBRE EL INTERES LEGAL RESULTE DESPROPORCIONADO, DADOS LOS TIPOS DE INTERES EXISTENTES EN EL MERCADO FINANCIERO. ES POR ELLO CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMO QUE EL LEGISLADOR PUEDA ADOPTAR UNA MEDIDA COMO LA QUE AHORA ENJUICIAMOS QUE PERSIGUE UN PROGRESIVO ACERCAMIENTO A DICHA REALIDAD FINANCIERA, SIN QUE ELLO SUPONGA UN SACRIFICIO EXCESIVO AL CONTRIBUYENTE MOROSO, YA QUE EN DEFINITIVA EL TIPO DE INTERES QUE VIENE OBLIGADO A PAGAR NO SUPERA LOS HABITUALMENTE APLICABLES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.

B) LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES OBLIGAN A RECHAZAR TAMBIEN LA PRETENDIDA INFRACCION DEL ART. 25.1 DE LA CONSTITUCION. COMO YA SE HA DICHO, LA NORMA CUESTIONADA NO TRATA DE SANCIONAR UNA CONDUCTA ILICITA, PUES SU SOLA FINALIDAD CONSISTE EN DISUADIR A LOS CONTRIBUYENTES DE SU MOROSIDAD EN EL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y COMPENSAR AL ERARIO PUBLICO POR EL PERJUICIO QUE A ESTE SUPONE LA NO DISPOSICION TEMPESTIVA DE TODOS LOS FONDOS NECESARIOS PARA ATENDER A LOS GASTOS PUBLICOS. LOS INTERESES DE DEMORA NO TIENEN NATURALEZA SANCIONADORA, SINO EXCLUSIVAMENTE COMPENSATORIA O REPARADORA DEL PERJUICIO CAUSADO POR EL RETRASO EN EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA, Y ASI LO ADMITE EXPRESAMENTE LA SALA DE LO CONTENCIOSO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALENCIA. MAS QUE UNA PENALIZACION EN SENTIDO ESTRICTO, SON UNA ESPECIE DE COMPENSACION ESPECIFICA, CON ARREGLO A UN MODULO OBJETIVO, DEL COSTE FINANCIERO QUE PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUPONE DEJAR DE DISPONER A TIEMPO CANTIDADES DINERARIAS QUE LE SON LEGALMENTE DEBIDAS. EN SUMA, NO HAY AQUI SANCION ALGUNA EN SENTIDO TECNICO-JURIDICO, Y ELLO EXCLUYE SIN MAS CUALQUIER TRANSGRESION DEL ART.

25.1 DE LA CONSTITUCION.

10. EL ULTIMO DE LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ADUCIDOS CONSISTE EN LA PRESUNTA VULNERACION DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION POR EL ART. 83.3, F), DE LA LGT, SEGUN LA REDACCION DADA AL MISMO POR EL ARTICULO 4 DE LA LEY 10/1985. CONFORME A ESTE ARTICULO, SE PREVE UNA SANCION DE MULTA POR <LA FALTA DE APORTACION DE PRUEBAS Y DOCUMENTOS CONTABLES O LA NEGATIVA A SU EXHIBICION>. LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA QUE NO ES POSIBLE TRAER A COLACION EN ESTE CASO EL DEBER DE COLABORACION DE LOS CONTRIBUYENTES CON LA ADMINISTRACION; PORQUE, SI BIEN HA DE ADMITIRSE LA AMPLITUD DE DICHO DEBER RESPECTO DE LA CONDUCTA DE TERCEROS NO CONTRIBUYENTES Y <A EXCEPCION DE CUANDO VENGA CUBIERTO POR EL SECRETO PROFESIONAL>, PARA LA SALA ES INDUDABLE QUE, EN EL CASO DE LOS PROPIOS CONTRIBUYENTES, AQUEL DEBER <NO HA DE REBASAR EL UMBRAL DONDE COMIENZA EL DERECHO DEL CIUDADANO A NO AUTOINCULPARSE COMO UN ELEMENTO DE PROTECCION DE SU PRESUNCION DE INOCENCIA>. POR CONSIGUIENTE, LA SALA NO DISCUTE LA PRESENCIA DE UN GENERICO DEBER DE COLABORACION DEL CONTRIBUYENTE CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PERO ENCUENTRA UN LIMITE DE ESE DEBER EN EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A NO <AUTOINCULPARSE>.

SON DOS, POR TANTO, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LA SALA CONSIDERA AFECTADOS E INTIMAMENTE UNIDOS EN ESTA CUESTION: EL DERECHO A NO CONFESARSE CULPABLE Y EL DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, DERECHOS QUE EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION ENUNCIA Y GARANTIZA, COMO ES NOTORIO, DE FORMA SEPARADA. DE LA CONEXION ENTRE AMBOS, LA SALA DEDUCE LO QUE PODRIA CONSIDERARSE COMO UN GENERICO DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A LA RESERVA DE SUS DATOS ECONOMICOS FRENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

PERO ESTA CONSTRUCCION ARGUMENTAL NO PUEDE SER ACOGIDA, Y ASI LO HA SEÑALADO ESTE TRIBUNAL EN DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS. EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 110/1984 TUVIMOS YA LA OPORTUNIDAD DE DECLARAR QUE LA INSPECCION DE LOS TRIBUNALES TIENE POR FINALIDAD VERIFICAR LA CONDUCTA FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y COMPROBAR LA VERACIDAD DE SUS DECLARACIONES A LA HACIENDA PUBLICA. ESTA ACTIVIDAD INVESTIGADORA PUEDE CONDUCIR, EN EFECTO, A LA OBTENCION DE ELEMENTOS PROBATORIOS DE QUE EL CONTRIBUYENTE HA DEFRAUDADO AL FISCO, PERO ES EVIDENTE QUE CON ELLO NO SE ESTA EXIGIENDO A AQUEL LA DIFICIL PRUEBA DE SU INOCENCIA, YA QUE LO UNICO QUE SE LE IMPONE ES EL <DEBER DE APORTAR LOS DATOS QUE PUEDAN AYUDAR A LA INVESTIGACION>. SE COMPRENDE, POR LO DEMAS, QUE SIN LA COLABORACION DEL CONTRIBUYENTE Y LA APORTACION POR ESTE DE DATOS PERSONALES DE ALCANCE ECONOMICO LA LABOR INSPECTORA RESULTARIA PRACTICAMENTE IMPOSIBLE CUANDO NO FUERA FACTIBLE SOLICITAR LOS MISMOS DATOS DE TERCERAS PERSONAS. TODAVIA CON MAYOR ROTUNDIDAD, EN EL ATC 642/1986 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ) SE AFIRMO QUE NO PUEDE HABER DUDA DE <QUE LA ADMINISTRACION ESTA HABILITADA TAMBIEN DESDE EL PLANO CONSTITUCIONAL PARA EXIGIR DETERMINADOS DATOS RELATIVOS A LA SITUACION ECONOMICA DEL CONTRIBUYENTE> Y QUE ESTA EXIGENCIA ES PREDICABLE <DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO RECAIGA EN ELLOS LA CUALIDAD DE SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO> Y NO SOLO DE TERCEROS COMO SON LAS ENTIDADES INTERMEDIARIAS EN EL AREA ECONOMICA Y LAS CREDITICIAS; DOCTRINA EN PARTE REITERADA TAMBIEN EN EL ATC 982/1986. Y SI EN LA SENTENCIA ARRIBA CITADA SOSTUVIMOS QUE EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL (ART. 18.1 DE LA CONSTITUCION) NO PUEDE ENTENDERSE DE TAL MODO QUE CONSTITUYA UN OBSTACULO QUE HAGA IMPOSIBLE O DIFICULTE EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DECLARADO EN EL ART. 31 DE LA CONSTITUCION, OTRO TANTO CABE DECIR CUANDO SE INVOCA CON PAREJA FINALIDAD EL ART. 24.2 DE LA NORMA SUPREMA, COMO AHORA OCURRE, PUES ES UNA MISMA LA RAZON DE DECIDIR ALLI Y AQUI.

EN EFECTO, NO EXISTE UN DERECHO ABSOLUTO E INCONDICIONADO A LA RESERVA DE LOS DATOS ECONOMICOS DEL CONTRIBUYENTE CON RELEVANCIA FISCAL Y ESGRIMIBLE FRENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. TAL PRETENDIDO DERECHO HARIA VIRTUALMENTE IMPOSIBLE LA LABOR DE COMPROBACION DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES A LA HACIENDA PUBLICA Y, EN CONSECUENCIA, DEJARIA DESPROVISTO DE TODA GARANTIA Y EFICACIA EL DEBER TRIBUTARIO QUE EL ART. 31.1 DE LA CONSTITUCION CONSAGRA; LO QUE IMPEDIRIA UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS EN CUANTO BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO.

PERO, ADEMAS DE LO QUE HASTA AHORA SE HA DICHO, Y COMO RECUERDA EL ABOGADO DEL ESTADO, LA SALA PARTE EN SU RAZONAMIENTO DE UNA EQUIVOCA COMPRENSION DE LO QUE SUPONE LA APORTACION DE DOCUMENTOS CONTABLES EN EL ART. 83.3, F), DE LA LGT. LOS DOCUMENTOS CONTABLES SON ELEMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL CONTRIBUYENTE; SITUACION QUE ES PRECISO EXHIBIR PARA HACER POSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA Y SU POSTERIOR INSPECCION, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE LA APORTACION O EXHIBICION DE ESOS DOCUMENTOS CONTABLES COMO UNA COLABORACION EQUIPARABLE A LA <DECLARACION> COMPRENDIDA EN EL AMBITO DE LOS DERECHOS PROCLAMADOS EN LOS ARTS. 17.3 Y 24.2 DE LA CONSTITUCION. DEL MISMO MODO QUE EL DEBER DEL CIUDADANO DE TOLERAR QUE SE LE SOMETA A UNA ESPECIAL MODALIDAD DE PERICIA TECNICA ( VERBI GRATIA, EL LLAMADO CONTROL DE ALCOHOLEMIA) NO PUEDE CONSIDERARSE CONTRARIO AL DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SI MISMO Y AL DE NO DECLARARSE CULPABLE (SSTC 103/1985, 145/1987, 22/1988, ENTRE OTRAS MUCHAS), CUANDO EL CONTRIBUYENTE APORTA O EXHIBE LOS DOCUMENTOS CONTABLES PERTINENTES NO ESTA HACIENDO UNA MANIFESTACION DE VOLUNTAD NI EMITE UNA DECLARACION QUE EXTERIORICE UN CONTENIDO ADMITIENDO SU CULPABILIDAD. SE IMPONE AQUI DE NUEVO LA PRUDENCIA FRENTE A INTENTOS APRESURADOS DE TRASLADAR MECANICAMENTE GARANTIAS Y CONCEPTOS PROPIOS DEL ORDEN PENAL A ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS Y ALEJADOS DEL MISMO, COMO ES, EN ESTE CASO, EL DE GESTION TRIBUTARIA. DESDE ESTA PERSPECTIVA, TIENE RAZON EL ABOGADO DEL ESTADO CUANDO RESALTA QUE EL CITADO ART. 83.3, F), NO ES, EN REALIDAD, MAS QUE UNA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS QUE SE ENUNCIAN EN EL ART. 35.2 DE LA PROPIA LGT: LLEVAR Y CONSERVAR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, REGISTRO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE EN CADA CASO SE ESTABLEZCA, FACILITAR LA PRACTICA DE INSPECCIONES Y COMPROBACIONES, Y PROPORCIONAR A LA ADMINISTRACION LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES Y JUSTIFICANTES QUE TENGAN RELACION CON EL HECHO IMPONIBLE. Y A ESTA CONCLUSION NO CABRIA OPONER COMO UN OBSTACULO INSALVABLE EL TENOR DEL ART. 83.3, F), DE LA LGT, PUES EL SUSTANTIVO <PRUEBAS> NO ES UTILIZADO POR DICHO PRECEPTO EN UN SENTIDO ESTRICTO O TECNICO-JURIDICO, SINO MAS BIEN COMO CONCEPTO EQUIVALENTE, REDUNDANTE Y SINONIMO DE LA EXPRESION <DOCUMENTOS CONTABLES> QUE LA PROPIA NORMA EMPLEA.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1. DECLARAR QUE EL ART. 86 DE LA LGT, EN LA REDACCION QUE LE OTORGA EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985, NO ES INCONSTITUCIONAL INTERPRETADO EN EL SENTIDO EXPUESTO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 5. , LETRA A).

2. DECLARAR QUE EL ART. 82, H), DE LA LGT, EN LA REDACCION DADA AL MISMO EN EL ART. 4 DE LA LEY 10/1985, NO ES INCONSTITUCIONAL INTERPRETADO EN EL SENTIDO EXPUESTO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 7. , LETRA A).

3. DECLARAR QUE EL ART. 145.3 DE LA LGT, EN LA REDACCION QUE LE OTORGA EL ART. 5 DE LA LEY 10/1985, NO ES INCONSTITUCIONAL INTERPRETADO EN EL SENTIDO EXPUESTO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 8. , LETRA B).

4. DESESTIMAR EL RECURSO Y LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A VEINTISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FIRMADO. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, FRANCISCO RUBIO LLORENTE, ANTONIO TRUYOL SERRA, FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ REGUERAL, CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, EUGENIO DIAZ EIMIL, MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, JESUS LEGUINA VILLA, LUIS LOPEZ GUERRA, JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADOS.