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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON JOSE VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA NUM. 864/84, PLANTEADO POR EL GOBIERNO VASCO, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, EN RELACION CON DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1.338/1984, DE 4 DE JULIO, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON VICENTE GIMENO SENDRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1984, EL GOBIERNO VASCO FORMULO AL GOBIERNO DE LA NACION REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 63 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN RELACION CON DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1.338/1984, DE 4 DE JULIO, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, PUBLICADO EN EL B.O.E. EL DIA 13 DEL MISMO MES, POR ENTENDER QUE DICHOS PRECEPTOS EN CONCRETO LOS CONTENIDOS EN LOS ARTS.

2.1 Y 2; 3; 9; 11.1; 13.1; 19; 21.1 Y 2; 22.1; 23.1, 2 Y 3; 26; 29.2; 31.4; 33.1, 2, 3, 4 Y 6; 34.2; 35; 36 Y DISPOSICION ADICIONAL CUARTA DEL CITADO REAL DECRETO NO RESPETAN EL ORDEN DE COMPETENCIAS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO (EN ADELANTE EAPV). EL CONSEJO DE MINISTROS, EN SU REUNION DE 31 DE OCTUBRE DE 1984, ADOPTO EL ACUERDO DE NO ATENDER EL REQUERIMIENTO FORMULADO, QUE FUE NOTIFICADO AL GOBIERNO VASCO EL 8 DE NOVIEMBRE SIGUIENTE.

2. EN CONSECUENCIA, Y PREVIO ACUERDO DEL GOBIERNO VASCO EN SU SESION DE 4 DE DICIEMBRE DE 1984, EL ABOGADO DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MISMO, PLANTEO CONFICTO POSITIVO DE COMPETENCIA, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL DIA 10 DEL MISMO MES Y AÑO, SOLICITANDO DE ESTE TRIBUNAL QUE SE RECONOZCA LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA PARA EJECUTAR LA NORMATIVA DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DECLARANDO EN FAVOR DE AQUELLA LA TITULARIDAD DE LAS FACULTADES DE EJECUCION ADMINISTRATIVA QUE EL REAL DECRETO 1.338/1984 ATRIBUYE AL GOBERNADOR CIVIL, AL DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, AL MINISTERIO DEL INTERIOR, AL CONSEJO DE MINISTROS Y A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, Y QUE SE DECLAREN NULOS O, SUBSIDIARIAMENTE, INAPLICABLES EN EL AMBITO TERRITORIAL DE DICHA COMUNIDAD AUTONOMA LOS ARTICULOS EN LOS QUE TODAS LAS MENTADAS FACULTADES DE EJECUCION ESTAN CONTENIDAS.

A) SEÑALA, EN PRIMER LUGAR, EL ABOGADO DEL GOBIERNO VASCO, TRAS AFIRMAR QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PROCESALES EN EL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO, QUE POR SU ESCRITO SE IMPUGNAN CIERTOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1.338/1984 QUE CONSIDERA VICIADOS DE INCOMPETENCIA, PERO QUE NO SE INCLUYERON EN EL REQUERIMIENTO PREVIO EN CONCRETO, LOS CONTENIDOS EN LOS ARTS. 4.2; 7.2; 8; 11.2; 12.1; 13.2; 16.1; 22.2; 29.1; 31.2; 33.5 Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, APARTADO 4, Y DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA . SIN EMBARGO, ENTIENDE QUE ESTE DEFECTO PROCESAL, AUN GRAVE Y DEBIDO A ERROR INEXCUSABLE DE PARTE, NO DEBE IMPEDIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO, TANTO POR LA CONEXION EXISTENTE ENTRE LOS PRECEPTOS MENCIONADOS Y NO MENCIONADOS EN EL REQUERIMIENTO, COMO POR EL CARACTER INDISPONIBLE DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES, QUE, SI PERMITE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PLANTEAR CONFLICTOS CON EL MISMO OBJETO CONTRA DISPOSICIONES Y ACTOS DE DESARROLLO DE NORMAS REGLAMENTARIAS NO IMPUGNADAS EN SU DIA, COMO AFIRMA LA STC 26/1982, DE 24 DE MAYO, CON MAYOR RAZON DEBE PERMITIR IMPUGNAR ARTICULOS NO INCLUIDOS EN EL REQUERIMIENTO PREVIO, HABIDA CUENTA, ADEMAS, QUE, COMO EN EL PRESENTE, CASO, ELLO NO PRODUCE INDEFENSION IRREPARABLE PARA UNA DE LAS PARTES.

B) POR LO QUE SE REFIERE AL FONDO DEL CONFLICTO, ALEGA EL ABOGADO DEL GOBIERNO VASCO QUE, A SU PARECER, LOS ARTS. 149.1.29 DE LA C.E. Y EL 17 DEL EAPV REPARTEN LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA RESERVANDO AL ESTADO LA POTESTAD NORMATIVA Y A LA COMUNIDAD AUTONOMA LA EJECUCION NO NORMATIVA DE LAS NORMAS ESTATALES, ATRIBUCION ESTA QUE QUEDA CLARA EN LO QUE SE REFIERE AL ASPECTO PURAMENTE POLICIAL DE DICHA TAREA Y QUE DEBE DEDUCIRSE, EN LO REFERENTE AL ASPECTO ADMINISTRATIVO, DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD CON QUE ESTA CONCEBIDA LA ASUNCION COMPETENCIAL EN EL CITADO PRECEPTO ESTATUTARIO. EL JUEGO DE ESTE ULTIMO Y DEL ART. 149.1.29 DE LA C.E. NO PUEDE LIMITARSE A LA ASUNCION POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA DE UNA SIMPLE POTESTAD ORGANIZATIVA DE SU PROPIA POLICIA, PUES ESTA QUEDARIA VACIA DE CONTENIDO SI PARALELAMENTE NO SE ENTIENDE OTORGADA A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS AUTONOMICOS LA COMPETENCIA DE EJECUTAR LA NORMATIVA ESTATAL ENCAMINADA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA. SIENDO MISION DE LA POLICIA AUTONOMA VASCA, SEGUN EL MENCIONADO ART. 17 EAPV, LA DE PROTEGER LAS PERSONAS Y BIENES Y MANTENER EL ORDEN PUBLICO DENTRO DEL TERRITORIO AUTONOMO, ELLO IMPLICA UNA TAREA DE EJECUCION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE NO PUEDE DESLIGARSE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE EFICACIA PROCLAMADO EN EL ART. 103 DE LA C.E., DE LA EJECUCION ADMINISTRATIVA DE LA NORMATIVA ESTATAL ENCAMINADA A AQUEL FIN. IMPROCEDENCIA DE ESTA SEPARACION ORGANICA ENTRE AMBOS GRADOS DE EJECUCION QUE SE APRECIA CON MAS CLARIDAD SI SE TIENE EN CUENTA QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO VASCO EL MANDO SUPREMO DE LA POLICIA AUTONOMA.

ESTA CONCLUSION ENCUENTRA MAYOR APOYO EN LA DOCTRINA UTILIZADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA, MIRANDO MAS ALLA DEL ESCTRICTO TENOR LITERAL DE LA NORMA CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIA, DELINEAR UN REPARTO COMPETENCIAL MAS RACIONAL, COMO SE DEDUCE DE LA TEORIA DEL <CONTENIDO INHERENTE A LA COMPETENCIA> (SENTENCIAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 1981 Y 8 DE JUNIO DE 1982) O LA DE LAS <MATERIAS CONEXAS> (SENTENCIA DE 13 DE FEBRERO DE 1981).

ADEMAS, DE LA ESTRUCTURA DEL ART. 149.1 DE LA C.E. Y DE LAS ASUNCIONES COMPETENCIALES VERIFICADAS POR LOS ESTATUTOS AL AMPARO DE DICHO PRECEPTO Y DEL ART. 149.3, PUEDE DEDUCIRSE UN PRINCIPIO GENERAL, NO EXPRESAMENTE PREVISTO, PERO ACORDE CON EL ESPIRITU DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE ATRIBUYE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LLAMADAS DE PRIMER GRADO LA EJECUCION EN BLOQUE DE LA NORMATIVA ESTATAL, EXCLUYENDO ALGUNAS MATERIAS QUE EN DICHO ART.

149.1 SE ENUMERAN LIBRES DE RESERVAS A LAS POSIBLES COMPETENCIAS AUTONOMICAS, ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRA LA SEGURIDAD PUBLICA, PUES EL ART. 149.1.29, AL PERMITIR LA CREACION POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE SU PROPIA POLICIA, DESGAJA DE LA COMPETENCIA ESTATAL LA FACULTAD DE EJECUCION DE LA NORMA, TANTO POLICIAL COMO, POR CONEXION INSOSLAYABLE, ADMINISTRATIVA.

LAS MATERIAS REGULADAS POR EL REAL DECRETO IMPUGNADO SON EFECTIVAMENTE CONEXAS CON LA COMPETENCIA EXPLICITAMENTE RECONOCIDA EN EL ART. 17 DEL EAPV EN RELACION CON LA ACTUACION POLICIAL, PUES LO QUE SE DISCIPLINA EN AQUELLA NORMA ES UNA ACTUACION PREVENTIVA DE LA CRIMINALIDAD, COMPLEMENTARIA DE LA IDENTICA FUNCION QUE LLEVAN A CABO LOS CUERPOS DE POLICIA. POR ELLO NO TIENE SENTIDO Y RESULTA ARTIFICIOSO COMPARTIMENTAR LA TUTELA DEL ORDEN PUBLICO EN AUTORIDADES DIFERENTES SEGUN SEA LA FUNCION DE EJECUCION POLICIAL O NO, CUANDO LA PRETENSION ULTIMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA ES LA CONFIGURACION DE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE EJECUCION E INCLUSO LA SUSTITUCION DE UNOS CUERPOS POLICIALES POR OTROS, QUE SERAN LOS QUE TENGAN LA INFORMACION NECESARIA PARA LLEVAR A CABO AQUELLA LABOR PREVENTIVA.

C) EN BASE A LAS CONSIDERACIONES GENERALES EXPUESTAS, CONSIDERA EL ABOGADO DEL GOBIERNO VASCO QUE LA FACULTAD DECISORIA QUE EL ART. 2.1 DEL REAL DECRETO 1.338/1984 ATRIBUYE A LOS GOBERNADORES CIVILES Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DEBE CORRESPONDER A LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA; QUE LO MISMO PUEDE DECIRSE RESPECTO DE LAS ATRIBUCIONES DE PROPUESTA Y RESOLUCION QUE, AL GOBERNADOR CIVIL Y AL DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, POR UN LADO, Y AL MINISTRO DEL INTERIOR, POR OTRO, CONFIERE EL ART. 2.2, SALVO QUE SE ENTIENDA QUE LOS ORGANISMOS PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL PRECEPTO SON UNICAMENTE LOS DEPENDIENTES DEL ESTADO; QUE LAS FACULTADES DE MERA EJECUCION ADMINISTRATIVA QUE LOS ARTS.

3; 4.2; 6; 7.2; 8; 9; 11.1 Y 2; 13.1; 16.1, PARRAFO 2. ; 19; 21.1 Y 2; 22.1 Y 2; 23.1 A 3; 26; 29.2; 33.1 A 6; 34.2; 35; 36; DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, APARTADO 4, Y DISPOSICION ADICIONAL CUARTA ATRIBUYEN BIEN A LOS GOBERNADORES CIVILES, BIEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD DEL ESTADO, AL MINISTERIO DEL INTERIOR O AL CONSEJO DE MINISTROS CORRESPONDEN A LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA, POR ESTAR INCLUIDAS ENTRE LAS COMPETENCIAS QUE LE RECONOCE EL ART. 17 EAPV, EXCEPTO SI AQUELLAS FACULTADES ENTRASEN SOLO EN JUEGO EN CASO DE QUE AFECTASEN A INTERESES INTERCOMUNITARIOS, LO QUE NO SE CONTIENE EXPRESAMENTE NI PUEDE DEDUCIRSE DE SU TEXTO; QUE LOS ORGANOS COMUNICANTE Y RECEPTORES DE LA COMUNICACION A QUE SE REFIERE EL ART. 37 NO DEBIERAN SER EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS MINISTERIOS ESTATALES RESPECTIVAMENTE, SINO LOS ORGANOS PARALELOS Y EQUIVALENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA; QUE LA CONEXION DE LOS DISPOSITIVOS DE ALARMA CON LAS CENTRALES O DEPENDENCIAS POLICIALES, A QUE SE REFIEREN LOS ARTS. 12.1; 13.2; 23.1 Y 3 Y 29.1 DE LA NORMA EN CONFLICTO, DEBE EFECTUARSE CON LAS DE LA POLICIA AUTONOMA, YA QUE AFECTA AL ASPECTO POLICIAL DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA CONTENIDA EN EL ART. 17 DEL EAPV; QUE LAS COMUNICACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL NUM. 2 DEL ART. 31 DEBEN HACERSE A LA POLICIA AUTONOMA, PARA QUE ESTA PRESTE LA ESPECIAL PROTECCION DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SI LO ESTIMA NECESARIO, Y QUE LA FACULTAD DE COORDINACION QUE SE ATRIBUYE AL GOBERNADOR CIVIL EN EL NUM. 4 DE ESTE ARTICULO SOLO TIENE SENTIDO CUANDO EL TRANSPORTE INTERURBANO AFECTE A VARIAS COMUNIDADES AUTONOMAS; Y QUE, POR ULTIMO, LAS MENCIONES QUE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA CONTIENE REFERENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y AL DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO SUPONEN INVASION DE LA COMPETENCIA EJECUTIVA AUTONOMICA, ASI COMO EL OBJETO DE LAS COMISIONES MIXTAS REGULADAS EN ESTA DISPOSICION, EN CUANTO RELATIVO A LA COLABORACION Y COORDINACION ENTRE LAS EMPRESAS O ENTIDADES NECESITADAS DE PROTECCION Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, YA QUE DEBE SER LA POLICIA AUTONOMA Y NO AQUELLAS EL OBJETO DE TAL COORDINACION.

3. LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 1984, ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA PLANTEADO POR EL GOBIERNO VASCO Y, EN CONSECUENCIA, DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL GOBIERNO DE LA NACION, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DIAS APORTARA CUANTOS DOCUMENTOS Y ALEGACIONES CONSIDERASE CONVENIENTES, ASI COMO DIRIGIR COMUNICACION AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO, PARA CONOCIMIENTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 61.2 DE LA LOTC, Y PUBLICAR LA FORMALIZACION DEL CONFLICTO EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DEL PAIS VASCO, PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

4. POR ESCRITO DE 18 DE ENERO DE 1985, EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LA REPRESENTACION QUE OSTENTA, FORMULO SUS ALEGACIONES EN EL PRESENTE CONFLICTO:

A) OBJETA, EN PRIMER TERMINO, QUE EN EL ESCRITO DE FORMALIZACION DEL MISMO ANTE ESTE TRIBUNAL SE INCLUYEN PRECEPTOS NO MENCIONADOS EN EL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA EN SU DIA FORMULADO, LO QUE ES CONTRARIO A LO DISPUESTO EN EL ART. 63.3 DE LA LOTC Y QUE SIN ESTE PRESUPUESTO PROCESAL, ES DECIR, SIN HABER PLANTEADO EL CONFLICTO RESPECTO DE AQUELLOS PRECEPTOS, QUE, A SU JUICIO, SON LOS CONTENIDOS EN LOS ARTS. 4.2; 6; 7.2; 8; 11.2; 12.1; 13.2; 16.1, PARRAFO 2. ; 22.2; 23.3; 29.1; 31.2; 33.5; 37; DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA, APARTADO 4. , Y DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL REAL DECRETO 1.338/1984, NO PUEDE ESTE TRIBUNAL PRONUNCIARSE SOBRE LOS MISMOS, HABIDA CUENTA DEL CARACTER PUBLICO E INDISPENSABLE DE LAS NORMAS PROCESALES.

B) POR LO QUE SE REFIERE AL FONDO DEL ASUNTO, ENTIENDE EL ABOGADO DEL ESTADO QUE, DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 148.1.22 Y 149.1.29 DE LA C.E. Y 17 DEL EAPV, SE DEDUCE UN REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTENDIDA COMO ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA PROTECCION DE PERSONAS Y BIENES Y AL MANTENIMIENTO DE LA TRANQUILIDAD U ORDEN CIUDADANO, QUE RESERVA EN EXCLUSIVA AL ESTADO ESTA MATERIA, <SIN PERJUICIO DE LA POSIBILIDAD DE CREACION DE POLICIAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA FORMA QUE SE ESTABLEZCA EN LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS EN EL MARCO DE LO QUE DISPONGA UNA LEY ORGANICA>, MIENTRAS QUE RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TAN SOLO SE CONFIGURA UN AMBITO COMPETENCIAL REFERIDO A LA <VIGILANCIA Y PROTECCION DE SUS EDIFICIOS E INSTALACIONES> Y A LA <COORDINACION Y DEMAS FACULTADES EN RELACION CON LAS POLICIAS LOCALES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA UNA LEY ORGANICA>. TENIENDO EN CUENTA QUE EL EAPV NO SE ATRIBUYE NINGUNA COMPETENCIA MATERIAL ESPECIFICA A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDE AL ESTADO, CON LAS SALVEDADES QUE RESULTAN DEL ART. 148.1.22 DE LA C.E., LA COMPETENCIA EXCLUSIVA, CON INCLUSION DE TODOS LOS PODERES PUBLICOS, LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS, QUE PUEDEN DARLE CONTENIDO. ESTE ES TAMBIEN CRITERIO ESTABLECIDO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (SSTC 33/1982 Y 117/1984), POR LO QUE RESULTA AVENTURADO SOSTENER, COMO HACE EL GOBIERNO VASCO, QUE, EN BASE AL ART.

17 DEL EAPV, CORRESPONDEN A LA COMUNIDAD AUTONOMA FACULTADES GENERALES DE EJECUCION DE LAS NORMAS ESTATALES SOBRE SEGURIDAD PUBLICA, CRITERIO ESTE QUE NO TIENE APOYO ALGUNO EN LA CONSTITUCION NI EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, PUES LA REFERENCIA A LA POLICIA AUTONOMA QUE EN UNA Y OTRO SE HACEN HAY QUE ENTENDERLA REFERIDA AL ASPECTO ORGANICO, ES DECIR, AL SERVICIO DISPONIBLE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PUBLICA (LA POLICIA) Y NO AL ASPECTO MATERIAL, LA SEGURIDAD PUBLICA, POR LO QUE LA EXISTENCIA DE LA POLICIA AUTONOMA NO MODIFICA LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA.

POR TANTO, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA HAY QUE SEPARAR LOS ASPECTOS MATERIAL Y ORGANIZATIVO, PUES SOBRE EL PRIMERO DE ELLOS EL ESTADO OSTENTA UNA COMPETENCIA PLENA Y EXCLUSIVA, FUERA DE LO PREVISTO EN EL ART.

148.1.22 CITADO, MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO EXISTE UNA RESERVA COMPETENCIAL ORGANIZATIVA LIMITADA EN FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE DEBE EJERCERLA A TRAVES DE LA JUNTA DE SEGURIDAD (ART. 17.4 Y DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA DEL EAPV), Y, EN BASE A ELLO, NO EXISTE EN EL REAL DECRETO 1.338/1984, DE 4 DE JULIO, NINGUNA EXTRALIMITACION, PUESTO QUE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COLABORACION E INFORMACION CON LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE LOS VIGILANTES JURADOS, QUE EN EL SE CONTIENEN, SON COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO.

EN VIRTUD DE LO CUAL SOLICITA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE SE DECLARE QUE LOS PRECEPTOS INCLUIDOS EN EL INICIAL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA, Y SUBSIDIARIAMENTE TODOS LOS DEMAS CITADOS EN EL ESCRITO DE FORMALIZACION DEL CONFLICTO, NO INCURREN EN NINGUNA EXTRALIMITACION COMPETENCIAL, POR SER DE LA TITULARIDAD ESTATAL LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA.

5. POR PROVIDENCIA DE 6 DE JUNIO DE 1989 SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 8 DE LOS MISMOS MES Y AÑO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE ESTA SENTENCIA.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EL PRESENTE CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA SE SUSCITA EN RELACION CON DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1.338/1984, DE 4 DE JULIO, SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, QUE CONFIEREN A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO CONSEJO DE MINISTROS, MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCION DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, GOBERNADORES CIVILES Y, POR DELEGACION, EN ALGUN CASO, JEFES SUPERIORES Y COMISARIOS PROVINCIALES DE POLICIA FACULTADES DE EJECUCION DE LA PROPIA NORMATIVA CONTENIDA EN AQUEL PARA LA IMPOSICION, AUTORIZACION O DISPENSA DE LA ADOPCION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS Y CON OCASION DEL TRANSPORTE DE FONDOS, EFECTOS Y OBJETOS VALIOSOS, ASI COMO PARA EL CONTROL E INSPECCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS Y, EN SU CASO, LA SANCION DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS MEDIDAS; TODO ELLO, COMO PRECISA EL ART. 1.1 DEL REAL DECRETO EN CONFLICTO, CON OBJETO DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD DE LOS BIENES, FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA COMISION DE ACTOS DELICTIVOS. ASI, SE HABILITA A LAS AUTORIDADES ESTATALES MENCIONADAS PARA EXIGIR LA IMPLANTACION DE UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, UN SERVICIO DE VIGILANTES JURADOS O MEDIDAS DE ALARMA Y PROTECCION, CONECTADAS CON CENTRALES POLICIALES, EN ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS, POTESTADES QUE SE ESPECIFICAN Y MATIZAN EN RELACION CON LAS ENTIDADES DE CREDITO, JOYERIAS Y PLATERIAS, ESTACIONES DE SERVICIO DE CARBURANTES, OFICINAS DE FARMACIA Y ADMINISTRACIONES DE LOTERIA Y APUESTAS MUTUAS, E IGUALMENTE SE PERMITE LA ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE DE FONDOS, VALORES Y OBJETOS PRECIOSOS. LO QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA CONTROVERSIA NO ES LA COMPETENCIA ESTATAL PARA REGULAR TALES MEDIDAS DE SEGURIDAD, QUE EL GOBIERNO VASCO ACEPTA EXPRESAMENTE, SINO LA COMPETENCIA SOBRE LA EJECUCION ADMINISTRATIVA DE AQUELLA REGULACION MEDIANTE CONCRETAS Y SINGULARES ORDENES, AUTORIZACIONES Y APROBACIONES, DISPENSAS, INFORMACIONES, COMUNICACIONES, INSPECCIONES Y COMPROBACIONES, INSTRUCCIONES, SANCIONES E INCLUSIVE CONEXIONES Y TRANSMISIONES DE ALARMAS A LOS CENTROS POLICIALES. CONSIDERA LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO QUE LA ADOPCION DE TALES DECISIONES Y ACTOS DE EJECUCION CORRESPONDE, EN GENERAL, A LA COMUNIDAD AUTONOMA EN VIRTUD DE SUS COMPETENCIAS DE EJECUCION DE LA LEGISLACION DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO INTRACOMUNITARIO, MIENTRAS QUE EL ABOGADO DEL ESTADO RECHAZA ESA PRETENDIDA COMPETENCIA AUTONOMICA Y, POR TANTO, LA ALEGADA EXTRALIMITACION DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES DE EJECUCION ESTABLECIDAS EN EL REAL DECRETO 1.338/1984.

2. DELIMITADO ASI EL OBJETO DE ESTE CONFLICTO, ES MENESTER, SIN EMBARGO, Y CON CARACTER PREVIO, EXAMINAR LA OBJECION DE NATURALEZA PROCESAL ADUCIDA POR EL ABOGADO DEL ESTADO RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE ENJUICIAR LA CUESTION COMPETENCIAL DE FONDO PLANTEADA RESPECTO DE DETERMINADOS PRECEPTOS QUE SE CONSIDERAN VICIADOS EN EL ESCRITO DEL ABOGADO DEL GOBIERNO VASCO, PERO QUE NO FUERON MENCIONADOS EN EL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA FORMULADO EN SU DIA AL CONSEJO DE MINISTROS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 63 DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (LOTC). ENTIENDE EL ABOGADO DEL ESTADO QUE TAL PROCEDER NO SOLO CONCULCA EL TENOR LITERAL DEL APARTADO 3 DE ESTE ARTICULO Y LA EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PROCESALES, DE CARACTER PUBLICO E INDISPONIBLE, SINO QUE IMPLICA LA INEXISTENCIA DEL CONFLICTO SOBRE LOS PRECEPTOS OMITIDOS EN EL REQUERIMIENTO, YA QUE NO PUEDE PRESUMIRSE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE LA NACION O EL MANTENIMIENTO DE LA CONTROVERSIA EN RELACION CON AQUELLO SOBRE LO QUE NO HA SIDO REQUERIDO. POR SU PARTE, LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO, AUN ADMITIENDO QUE EL DEFECTO PROCESAL IMPUTADO ES GRAVE Y DEBIDO A ERROR INEXCUSABLE DE PARTE, MANIFIESTA QUE ELLO NO IMPIDE EL EXAMEN POR ESTE TRIBUNAL DE LA ATRIBUCION DE COMPETENCIA CONTENIDA EN LOS ARTICULOS NO SEÑALADOS EN EL REQUERIMIENTO, TANTO PORQUE ESTOS PRECEPTOS GUARDAN CONEXION CON LOS SI MENCIONADOS EN DICHO TRAMITE, AL SER LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACION DE ESTOS ULTIMOS IGUALMENTE APLICABLES A AQUELLOS, COMO PORQUE TAL OMISION NO PRODUCE INDEFENSION IRREPARABLE DE LA PARTE CONTRARIA Y, SOBRE TODO, EN VIRTUD DEL CARACTER INDISPONIBLE DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES.

REITERADAMENTE HA MANTENIDO ESTE TRIBUNAL QUE LOS REQUISITOS PROCESALES NO SE HALLAN A DISPOSICION DE LAS PARTES, LO QUE ES PERFECTAMENTE APLICABLE A LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DE CUALQUIER TIPO, SIN PERJUICIO DE QUE, POR RAZONES QUE NO ES PRECISO RECORDAR AHORA, VENGA IGUALMENTE REALIZANDO UNA INTERPRETACION NO FORMALISTA DE LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN LAS EXIGENCIAS Y PRESUPUESTOS PARA LA ADMISION Y TRAMITACION DE LAS ACCIONES Y RECURSOS ATRIBUIDOS A SU JURISDICCION. NO OBSTANTE, NO PUEDE ESTIMARSE QUE EL REQUERIMIENTO PREVIO AL PLANTEAMIENTO DE UN CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA CONSTITUYA UN MERO OBSTACULO O REQUISITO DE CARACTER FORMAL CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDA SER SANADO DE OFICIO POR VIA INTERPRETATIVA, O QUE SU FINALIDAD SEA SIMPLEMENTE LA DE PERMITIR A LA PARTE DEMANDADA PREPARAR ANTICIPADAMENTE SU DEFENSA, DE MODO QUE LA OMISION, SIQUIERA PARCIAL, DE AQUEL TRAMITE PREVIO PUDIERA ENTENDERSE CONVALIDADA POR LAS ALEGACIONES DE LA MISMA EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES O ACTOS NO MENCIONADOS EN EL REQUERIMIENTO. EN UN SISTEMA DE DISTRIBUCION TERRITORIAL DEL PODER PUBLICO INSPIRADO EN PRINCIPIOS DE COLABORACION Y BUENA FE, A QUE TANTAS VECES HA HECHO REFERENCIA ESTE TRIBUNAL, ES OBVIO QUE EL REQUERIMIENTO PREVIO A QUE SE REFIERE EL ART. 63 DE LA LOTC RESPONDE A LA FINALIDAD PRIMORDIAL DE APURAR LAS POSIBILIDADES DE RESOLUCION CONVENCIONAL O NEGOCIADA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE ESTAS A PLANTEAR, EN ULTIMO EXTREMO, EL CONFLICTO NO RESUELTO EXTRAJUDICIALMENTE ANTE ESTA INSTANCIA JURISDICCIONAL, DERECHO CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO QUE, EN CUALQUIER CASO, NO JUSTIFICA QUE SE PRIVE AL GOBIERNO DE LA NACION DE LA OPORTUNIDAD Y LA FACULTAD QUE LA LEY LE ATRIBUYE DE EVITAR, SI LO ESTIMA NECESARIO O CONVENIENTE, LA IMPUGNACION DE SUS ACTOS O DISPOSICIONES Y EL CONSIGUIENTE ENFRENTAMIENTO EN UN PROCESO CONSTITUCIONAL. POR LO DEMAS, NO OBSTA A LO ANTERIOR EL CARACTER INDISPONIBLE DE LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES A QUE HACIAMOS REFERENCIA EN NUESTRA STC 26/1982, MAXIME CUANDO EL ART.

63.2 DE LA LOTC PERMITE, COMO ENTONCES RESALTABAMOS, FORMULAR EL REQUERIMIENTO DE INCOMPETENCIA, Y, EN SU CASO, PLANTEAR EL CONFLICTO, NO SOLO CONTRA LA DISPOSICION, RESOLUCION O ACTO QUE SE ENTIENDAN VICIADOS, SINO TAMBIEN CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACION. Y TAMPOCO ES ACEPTABLE EL ARGUMENTO FUNDADO EN LA CONEXION ENTRE LOS PRECEPTOS MENCIONADOS Y LOS NO MENCIONADOS EN EL REQUERIMIENTO, ENTENDIDA COMO APLICABILIDAD A LOS SEGUNDOS DE LAS RAZONES JURIDICAS QUE JUSTIFICAN EL EVENTUAL VICIO DE INCOMPETENCIA DE LOS PRIMEROS, PUESTO QUE NO ES LICITO EXIGIR DEL GOBIERNO QUE PRESUMA TAL TIPO DE CONEXION LOGICA NI LAS INTENCIONES DE EXTENDER EL OBJETO DEL LITIGIO POR PARTE DE QUIEN FORMULA EL REQUERIMIENTO O, MUCHO MENOS, QUE DESCUBRA EL ERROR MATERIAL IMPUTABLE A ESTE ULTIMO. POR ESO, DADO QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 63.3 DE LA LOTC, SE HAN DE HACER CONSTAR CON CLARIDAD EN EL REQUERIMIENTO LOS PRECEPTOS DE LA DISPOSICION VICIADOS DE INCOMPETENCIA, HAY QUE ENTENDER QUE SOBRE LOS PRECEPTOS NO MENCIONADOS EN EL MISMO NO SE HA PLANTEADO UN CONFLICTO DE COMPETENCIA.

3. ENTRANDO YA EN EL FONDO DE LA CUESTION DEBATIDA, EXPONEN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN CONFLICTO DOS CONCEPCIONES DIAMETRALMENTE OPUESTAS SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE A LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y AL ESTADO, EN EL TERRITORIO DE AQUELLA, CORRESPONDEN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUYOS RESPECTIVOS FUNDAMENTOS ES NECESARIO ANALIZAR EN LA MEDIDA EN QUE ELLO SEA INDISPENSABLE PARA DECIDIR SOBRE LAS PRETENSIONES PLANTEADAS ANTE ESTE TRIBUNAL. PARA EL ABOGADO DEL GOBIERNO VASCO, DEL ART. 149.1.29 DE LA C.E. Y DEL ART. 17 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO (EAPV) SE DEDUCE, CONFORME A UNA INTERPRETACION NO TANTO LITERAL COMO BASADA EN CRITERIOS DE RACIONALIDAD EN EL REPARTO Y DE EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS, EN RELACION CON EL CONTEXTO GENERAL DEL MODELO DE DISTRIBUCION COMPETENCIAL QUE SE CONTIENE EN ART. 149.1 Y 3 DE LA C.E., QUE A LA COMUNIDAD AUTONOMA SE LE HA ASIGNADO LA SEGURIDAD PUBLICA, TANTO EN EL ASPECTO ESTRICTAMENTE POLICIAL DE ESTA TAREA COMO EN EL ASPECTO QUE DENOMINA ADMINISTRATIVO, DENTRO DE SU TERRITORIO, SALVO QUE ENTREN EN JUEGO INTERESES INTERCOMUNITARIOS O SUPRACOMUNITARIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CITADO ART. 17 EAPV. POR EL CONTRARIO, EL ABOGADO DEL ESTADO CONSIDERA, CON BASE EN UNA DISTINTA INTERPRETACION DE LOS MISMOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS, QUE EL ESTADO MONOPOLIZA LAS COMPETENCIAS, TANTO NORMATIVAS COMO EJECUTIVAS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SIN PERJUICIO DE LA CREACION DE POLICIAS AUTONOMAS, LO QUE, EN SU CASO, COMPORTA EL RECONOCIMIENTO EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES AUTONOMICAS DE UNA MERA COMPETENCIA ORGANIZATIVA Y NO MATERIAL, EXCEPTO EN LO ATINENTE A LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA Y PROTECCION DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA PROPIA COMUNIDAD Y A LA COORDINACION Y DEMAS FACULTADES EN RELACION CON LAS POLICIAS LOCALES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA UNA LEY ORGANICA, SEGUN DETERMINA EL ART. 148.1.22 DE LA C.E.

EL ART. 149.1.29 DE LA C.E. ATRIBUYE EN EXCLUSIVA AL ESTADO NO DISTINGUIENDO, AL CONTRARIO QUE OTROS APARTADOS DEL MISMO PRECEPTO, ENTRE POTESTADES NORMATIVAS Y DE MERA EJECUCION LA COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, <SIN PERJUICIO DE LA POSIBILIDAD DE CREACION DE POLICIAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA FORMA EN QUE SE ESTABLEZCA EN LOS RESPECTIVOS ESTATUTOS EN EL MARCO DE LO QUE DISPONGA UNA LEY ORGANICA>. DICHO CONCEPTO MATERIAL, LA SEGURIDAD PUBLICA, ENTENDIDO COMO ACTIVIDAD DIRIGIDA A LA PROTECCION DE PERSONAS Y BIENES Y AL MANTENIMIENTO DE LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN CIUDADANO, SEGUN PUSIMOS DE RELIEVE EN LAS SSTC 33/1982, 117/1984, 123/1984 Y 59/1985, ENGLOBA, COMO SE DEDUCE DE ESTOS PRONUNCIAMIENTOS, UN CONJUNTO PLURAL Y DIVERSIFICADO DE ACTUACIONES, DISTINTAS POR SU NATURALEZA Y CONTENIDO, AUNQUE ORIENTADAS A UNA MISMA FINALIDAD TUITIVA DEL BIEN JURIDICO ASI DEFINIDO. DENTRO DE ESTE CONJUNTO DE ACTUACIONES HAY QUE SITUAR, INCLUSO DE MODO PREDOMINANTE, LAS ESPECIFICAS DE LAS ORGANIZACIONES INSTRUMENTALES DESTINADAS A ESTE FIN Y, EN ESPECIAL, LAS QUE CORRESPONDEN A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD A QUE SE REFIERE EL ART. 104 DE LA C.E. PERO, POR RELEVANTES QUE SEAN, ESAS ACTIVIDADES POLICIALES, EN SENTIDO ESTRICTO, O ESOS SERVICIOS POLICIALES NO AGOTAN EL AMBITO MATERIAL DE LO QUE HAY QUE ENTENDER POR SEGURIDAD PUBLICA EN CUANTO QUE CONCEPTO DELIMITADOR DE LA COMPETENCIA, AUN SOLO EJECUTIVA, DE LOS PODERES PUBLICOS. OTROS ASPECTOS Y OTRAS FUNCIONES DISTINTAS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, Y ATRIBUIDAS A OTROS ORGANOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS POR NO HABLAR DE LOS ASPECTOS LEGISLATIVOS O JUDICIALES, QUE NO SE HALLAN EN CUESTION COMPONEN, SIN DUDA, AQUEL AMBITO MATERIAL Y ENTRE ELLAS SE ENCUENTRAN LAS FACULTADES EJECUTIVAS EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS, PUBLICOS Y PRIVADOS, QUE PREVEN Y REGULAN LOS PRECEPTOS DEL REAL DECRETO 1.338/1984 EN CONFLICTO.

PUES BIEN: ES CLARO, CONFORME AL TENOR LITERAL DEL ART.

149.1.29 DE LA C.E., QUE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO ADMITE MAS EXCEPCION QUE LA QUE DERIVE DE LA CREACION DE LAS POLICIAS AUTONOMAS, A LO QUE NO SE OPONE ANTES BIEN, LO CONFIRMA A CONTRARIO SENSU LO DISPUESTO EN EL ART. 17 DEL EAPV, QUE ATRIBUYE AL PAIS VASCO EL REGIMEN DE LA PROPIA POLICIA AUTONOMA PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES Y EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO DENTRO DEL TERRITORIO AUTONOMO, CON EXPRESA REFERENCIA A LOS <SERVICIOS POLICIALES> QUE EN TODO CASO QUEDAN RESERVADOS A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. ES EN ORDEN A LA ORGANIZACION DE AQUELLA POLICIA AUTONOMA Y A LOS CORRESPONDIENTES <SERVICIOS POLICIALES> NO ESTATALES RESPECTO DE LO QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA HA ASUMIDO COMPETENCIAS EN SU ESTATUTO Y NO, EN CAMBIO, EN RELACION CON OTRAS FUNCIONES DE EJECUCION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, YA QUE, NI ES POSIBLE EXTENDER ESTA COMPETENCIA MAS ALLA DE LO QUE CLARAMENTE SE DESPRENDE DE LOS TERMINOS CON QUE SE REGULA EN LA CONSTITUCION Y EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, NI PUEDE SER ACEPTADA LA TESIS CONFORME A LA CUAL EXISTE EN NUESTRO DERECHO UN PRINCIPIO GENERAL EXPANSIVO DE EJECUCION AUTONOMICA, POR ALGUNAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA LEGISLACION ESTATAL, CON ESCASAS Y CONTADAS EXCEPCIONES.

4. CIERTO ES QUE NO RESULTA FACIL DISTINGUIR EN OCASIONES LO QUE DEBE ENTENDERSE POR FUNCIONES O SERVICIOS POLICIALES, EN SENTIDO ESTRICTO FUNCIONES QUE PUEDEN RESULTAR MATIZADAS POR LOS ACUERDOS Y MEDIOS DE COOPERACION Y COORDINACION EXISTENTES EN CADA MOMENTO , DE OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE DISTINTA NATURALEZA Y SEMEJANTE FINALIDAD. TAMBIEN ES VERDAD QUE, AUNQUE LOGICAMENTE IDENTIFICABLES POR CRITERIOS TALES COMO SU CONTENIDO O LA CLASE DE ORGANOS Y AUTORIDADES A QUIENES SE ENCOMIENDAN, CIERTAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS NO SON SEPARABLES, POR SU INHERENCIA O COMPLEMENTARIEDAD, DE LAS TAREAS DE PREVENCION E INVESTIGACION DE HECHOS DELICTIVOS Y PERSECUCION DE LOS CULPABLES, DEL MANTENIMIENTO DEL ORDEN CIUDADANO Y OTRAS ANALOGAS QUE SE ATRIBUYEN A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD. NO OBSTANTE, NO PUEDE ACEPTARSE QUE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE SERVICIOS POLICIALES, POR SI MISMA Y SIN PERJUICIO DE LOS POSIBLES CONVENIOS DE COLABORACION EN LA MATERIA, ATRAIGA HACIA QUIEN LA OSTENTE LA TITULARIDAD DE CUALQUIER OTRA COMPETENCIA EN GARANTIA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, PUES ELLO SIGNIFICARIA TOMAR EL TODO POR LA PARTE Y CONFUNDIR LAS QUE SON FUNCIONES MERAMENTE COMPLEMENTARIAS CON LO QUE CONSTITUYEN ACTIVIDADES CONVERGENTES AL LOGRO DE UNA SITUACION DE SEGURIDAD, CON OLVIDO DE LO QUE DISPONEN TEXTUALMENTE LOS ARTS. 149.1.29 DE LA C.E. Y 17 DEL EAPV.

POR LO DEMAS, NI SIQUIERA ENCUENTRA APOYO SUFICIENTE AQUELLA INTERPRETACION EXTENSIVA DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN LOS CRITERIOS DE EFICACIA POLICIAL QUE SE ADUCEN EN SU FAVOR. ES EVIDENTE QUE LA SEGURIDAD PUBLICA, COMO RESULTADO, DEPENDE DE LA CORRECTA ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y REACTIVAS INTIMAMENTE RELACIONADAS. PERO ESTA RELACION NO IMPLICA NECESARIAMENTE LA UNIFICACION DE TODAS LAS COMPETENCIAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA EN UN MISMO ENTE TESIS QUE, ELEVADA A CATEGORIA GENERAL, PODRIA TENER UN EFECTO REDUCTOR DE LAS AUTONOMIAS TERRITORIALES , SINO QUE PUEDE Y DEBE ESTABLECERSE EN BASE A LOS INSTRUMENTOS PROPIOS DE LA COLABORACION QUE IMPLICITA Y RECIPROCAMENTE IMPONE LA CONSTITUCION AL ESTADO Y A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN AQUELLAS MATERIAS EN QUE EJERCEN COMPETENCIAS COMPARTIDAS COMO, POR EJEMPLO, EL NORMAL FLUJO DE LA INFORMACION OBTENIDA POR LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y, SOBRE TODO, EN BASE A LAS EXIGENCIAS DE COORDINACION Y COLABORACION ENTRE LOS SERVICIOS ESTATALES Y AUTONOMICOS QUE EXPRESAMENTE REQUIEREN EN ESTE PUNTO EL ESTATUTO VASCO Y LA LEY ORGANICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.

5. LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS DE DECISION QUE EL REAL DECRETO 1.338/1984 CONFIERE A DIVERSOS ORGANOS Y AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DESDE EL CONSEJO DE MINISTROS HASTA LOS GOBERNADORES CIVILES, PARA LA PREVENCION DE LA COMISION DE HECHOS DELICTIVOS EN DETERMINADOS ESTABLECIMIENTOS O CON OCASION DE DETERMINADAS ACTIVIDADES QUE COMPORTAN UN ELEVADO RIESGO, NO CONSTITUYEN TODAS ELLAS SERVICIOS POLICIALES, PUES NI SIQUIERA LA ADOPCION DE LAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD REGULADAS IMPLICA, POR LO GENERAL, LA MOVILIZACION DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, SINO UNA RELACION DIRECTA ENTRE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y LA ENTIDAD AFECTADA, SIN PERJUICIO DEL DEBER DE AQUELLAS POLICIAS DE FACILITAR LA INFORMACION QUE POSEAN A EFECTOS DE LA IMPOSICION O DISPENSA DE LAS MEDIDAS MAS APROPIADAS EN CADA CASO.

EN ESTE SENTIDO, Y EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, NO INVADEN LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA LAS FACULTADES ATRIBUIDAS AL ESTADO PARA EXIGIR LA IMPLANTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS Y PUBLICOS (ART. 2.1 Y 2 DEL REAL DECRETO 1.338/1984), BIEN ENTENDIDO QUE ENTRE ESTOS ULTIMOS NO SE INCLUYEN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, CUYA VIGILANCIA Y PROTECCION CORRESPONDE A LA POLICIA AUTONOMA (ARTS. 148.1.22 C.E., 4.4 DEL REAL DECRETO 2.903/1980, DE 22 DE DICIEMBRE, Y 38.1, B), DE LA LEY ORGANICA 2/1986). TAMPOCO SUPONE EXTRALIMITACION DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 3, 9, 11.1, 13.1, 19, 21.1 Y 2, 22.1, 23.1, 2 Y 3, 26, 29.2, 31.4, 33, 34.2, 35, 36 Y DISPOSICION ADICIONAL CUARTA DEL REAL DECRETO EN CONFLICTO, EN CUANTO ATRIBUTIVOS DE FACULTADES DE EJECUCION ADMINISTRATIVA A LAS REFERIDAS ESTATALES.

6. QUEDA POR RESOLVER, RESPECTO DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS ANTE ESTE TRIBUNAL Y QUE FUERON OBJETO DEL PRECEPTIVO REQUERIMIENTO PREVIO, LA IMPUTACION ESPECIFICA DEL VICIO DE INCOMPETENCIA QUE SE ALEGA EN RELACION CON LA OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE JOYERIA Y PLATERIA DE CONTAR CON DISPOSITIVOS DE ALARMA CONECTADOS CON CENTRALES POLICIALES O DE LA GUARDIA CIVIL (ART. 23.3) O CON LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DICHA CONEXION AL GOBERNADOR CIVIL (ART. 23.1), CARACTER ESPECIFICO QUE SE BASA NO YA EN LA COMPETENCIA MISMA PARA IMPONER LA OBLIGACION O RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CONEXION, QUE CORRESPONDE AL ESTADO POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS, SINO EN QUE LA CONEXION SE REALIZA CON CENTROS POLICIALES O DE LA GUARDIA CIVIL, SIENDO ASI QUE ELLO AFECTA AL ASPECTO POLICIAL DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA DE EJECUCION CONTENIDA EN EL ART. 17 DEL EAPV, AL DECIR DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO VASCO, Y QUE, POR CORRESPONDER EL SERVICIO POLICIAL A LA POLICIA AUTONOMA, ES INDISPENSABLE QUE LA CONEXION SE REALICE CON SUS PROPIAS CENTRALES AL OBJETO DE PERMITIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

LAS FACULTADES QUE SE RECONOCEN EN AMBOS APARTADOS SON DE NATURALEZA Y ALCANCE DISTINTOS, EN SU CASO (ART. 23.1) SE TRATA DE ACCEDER A LA PETICION DEL ADMINISTRADO DE CONECTAR SU DISPOSITIVO DE ALARMA A UNA INSTITUCION PUBLICA; AQUI ESTA EN JUEGO FUNDAMENTALMENTE EL INTERES PRIVADO, SI BIEN RELEVANTE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, QUE TRATA DE BENEFICIARSE DE UN SERVICIO PUBLICO DE VIGILANCIA. EN ESTE SENTIDO LA DECISION TIENE UN CONTENIDO PRESTACIONAL Y, POR ELLO MISMO, HA DE SER DECIDIDA POR QUIEN DISPONE Y TIENE A SUS ORDENES DIRECTAS TALES SERVICIOS. POR ELLO EL APARTADO PRIMERO EN CUANTO QUE PERMITE LA CONEXION DE LOS DISPOSITIVOS DE ALARMA CON CENTROS POLICIALES O DE LA GUARDIA CIVIL HA DE SER ENTENDIDO CON REFERENCIA A LOS CENTROS POLICIALES ESTATALES O DE LA GUARDIA CIVIL, SI BIEN NO IMPIDE, NI QUE PUEDA SOLICITARSE TAL DECISION DE LOS ORGANOS AUTONOMICOS CORRESPONDIENTES, NI QUE DICHA CONEXION PUEDA EFECTUARSE CON LOS CENTROS DE LA POLICIA AUTONOMA.

EN RELACION CON EL APARTADO TERCERO DEL MISMO ART. 23 LA CUESTION ES DISTINTA PUES EL INTERES PREDOMINANTE ES UN INTERES PUBLICO, PARA LO QUE AL PARTICULAR SE LE IMPONE, CON CARACTER PRECEPTIVO Y VINCULANTE, LA OBLIGACION DE CONECTAR ESOS DISPOSITIVOS DE ALARMA. AQUI LA COMPETENCIA DEL GOBERNADOR CIVIL SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, POR LO QUE LE CORRESPONDE DICTAR LA CORRESPONDIENTE ORDEN, AUNQUE SU EJECUCION HABRA DE LLEVARSE A CABO TENIENDO EN CUENTA CUAL ES LA UNIDAD POLICIAL AFECTADA DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE COOPERACION Y COORDINACION DE LAS RESPECTIVAS POLICIAS.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

DECLARAR QUE LA TITULARIDAD DE LAS COMPETENCIAS CONTROVERTIDAS EN EL PRESENTE PROCESO, EN RELACION CON EL REAL DECRETO 1.338/1984, CORRESPONDE AL ESTADO.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A OCHO DE JUNIO DE MIL NOVENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL.

CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. JOSE VICENTE GIMENO SENDRA.

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